Las empresas alimenticias aseguran que la continuidad del plan oficial de Precios Máximos está poniendo en riesgo al sector en lo que se refiere a las fuentes de trabajo y, por otra parte, al normal abastecimiento de los productos.
Así lo hizo saber la Comisión Directiva de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) luego de un encuentro celebrado hoy por la Comisión Directiva de la entidad.
La Copal, que nuclea a 35 cámaras sectoriales que en total representan a 14.500 empresas pequeñas, medianas y grandes a lo largo de todo el país, volvió a expresar su “total desacuerdo y preocupación” frente a la decisión de la Secretaria de Comercio Interior de extender nuevamente por 3 meses más la política de Precios Máximos, que mantiene el congelamiento de los valores de algunos productos desde marzo pasado.
Luego de señalar que el sector, que nunca dejó de trabajar porque la fabricación de alimentos siempre se consideró esencial, está viviendo una situación “crítica”, expresó que el sostenimiento en el tiempo de la política de Precios Máximos “pone en riesgo en lo inmediato el normal abastecimiento de los alimentos y bebidas en nuestro país, generando el cierre de empresas con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo de la industria (actualmente más de 400.000 puestos de trabajo directo)”.
A partir de esto es que los empresarios señalaron que el riesgo es consecuencia de que no pueden seguir con la “insostenible” política de congelamiento de precios ya que tuvieron aumentos de costos y que representan un incremento promedio del 26%.
“Si bien estas cifras son constatadas por las autoridades, no fueron consideradas para brindar los respectivos aumentos autorizados, que resultaron escasos y esporádicos y que distan sensiblemente en magnitud y temporalidad para cubrir los costos”, expresaron los empresarios.
Luego de hacer referencia a que el sector nunca dejó de comercializar sus productos en medio de la pandemia “demostrando su espíritu de acompañar”, en este contexto “se requiere que se reconsidere la aplicación de una medida inmediata para revertir la situación y evitar el agravamiento de esta crisis sin precedentes”.
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de enero próximo la vigencia de los Precios Máximos para 18 categorías de productos, a través de la Resolución 473/2020 de la Secretaría de Comercio Interior publicada hace unos días en el Boletín Oficial.
Los Precios Máximos se iniciaron el 19 de marzo último y abarcan valores de alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza. En un principio se retrotrajeron los precios al 6 de marzo, pero a mediados de julio pasado se autorizaron aumentos de 2% a 5%; y a principios de este mes se permitieron nuevas subas entre 2% y 6 por ciento.
El programa Precios Máximos incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo, que cuenten con salón de ventas.
Etiquetado
Un dato no menor en el reclamo que presenta los empresarios tiene que ver con el proyecto que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado de la Nación y que comúnmente se conoce como la Ley de Etiquetado. La norma, que ahora debe ser discutida en Diputados, dispone la obligatoriedad de informar en los envases mediante una etiqueta octogonal de color negro el exceso de componentes como azúcar, grasas o sodio.
Respecto a los avances en lo relativo al proyecto de alimentación saludable, los representantes de Copal “coincidieron en que se trata de un proyecto que demoniza la actividad y los productos que la industria de alimentos y bebidas elabora, destacando que no se ha dado el debido debate intersectorial, y expresando la profunda preocupación, porque éste no preserva las bases para la armonización normativa en el Mercosur, espacio que se encuentra dando tratamiento y sobre el cual la industria de alimentos y bebidas de la región se ha pronunciado en favor de una resolución en el tema”.
La medida fue votada en el Senado y contó con el apoyo del bloque del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, con la solo oposición de las legisladoras tucumanas del Frente de Todos, Beatriz Mirkin, y de la UCR, Silvia Elías de Pérez, y la riojana, Clara del Valle Vega, todas en defensa de la industria azucarera y sus puestos de trabajo.
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