
El régimen de Cuba anunció este martes que dejará de aplicar precios únicos para la gasolina y el diésel y comenzará a vender combustibles con valores variables a partir del 15 de mayo, en medio de una severa escasez energética agravada por la caída de las importaciones y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. La medida llega después de semanas de desabastecimiento casi total en estaciones de servicio estatales de La Habana y otras ciudades del país.
El Ministerio de Finanzas y Precios informó que los nuevos valores estarán atados al costo real de cada operación de importación.
“No se puede sostener económicamente un precio fijo para la venta de combustibles”, señaló el organismo en un comunicado difundido este martes.
La dictadura explicó que el precio final dependerá de factores como “el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional”. También indicó que los valores podrán variar entre estaciones de servicio y serán informados públicamente.
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Hasta ahora, la dictadura controlaba completamente el esquema minorista y establecía tarifas uniformes para la venta de gasolina y diésel tanto en dólares como en pesos cubanos. Sin embargo, la crisis energética y la falta de divisas llevaron al régimen a flexibilizar parcialmente el sistema y permitir que actores privados importen combustible por su cuenta.
El régimen de Miguel Díaz-Canel reconoció que las recientes reformas económicas “han permitido que existan múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera”. No obstante, no aclaró quiénes están realizando esas operaciones ni bajo qué mecanismos ingresa el combustible al país.
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La escasez se agravó desde comienzos de año luego de que Washington intensificara las restricciones contra la dictadura cubana. Desde enero, ni Venezuela ni México —históricamente dos de los principales proveedores de petróleo de la isla— han enviado cargamentos a Cuba tras nuevas medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
El mandatario republicano endureció las sanciones financieras y energéticas contra La Habana y advirtió que Cuba “es la próxima” después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro en Venezuela.
“Cuba es un país fallido y solo va en una dirección: hacia abajo”, escribió Trump en su plataforma Truth Social antes de viajar a China. También afirmó: “Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar”.
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Mientras tanto, el impacto de la crisis energética ya se siente en la vida cotidiana de millones de cubanos. La falta de combustible obligó a dejar fuera de circulación gran parte de los pocos vehículos particulares que aún funcionan con gasolina. En paralelo, el mercado informal disparó sus precios: un litro de combustible llega a venderse entre 8 y 10 dólares, cifras inalcanzables para la mayoría de la población.
Antes de la modificación anunciada por el régimen, el litro de gasolina especial costaba oficialmente 1,30 dólares y el diésel se comercializaba a 1,10 dólares, aunque con fuertes límites de compra y disponibilidad muy reducida.
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La dictadura cubana también afronta una profunda crisis estructural. Desde 2020, la economía de la isla acumuló una contracción superior al 15% del Producto Interno Bruto, según datos oficiales. La inflación, los apagones y la baja productividad golpean cada vez más al sistema económico controlado por el Estado.
En paralelo, Washington amplió las sanciones contra empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, conglomerado que controla buena parte de la economía cubana. Además, nuevas órdenes ejecutivas estadounidenses buscan congelar activos de compañías extranjeras que mantengan relaciones comerciales con la isla.
La situación también provocó movimientos en el sector privado internacional. La minera canadiense Sherritt, una de las principales inversoras extranjeras en Cuba durante casi tres décadas, anunció recientemente su salida del país tras el endurecimiento de las sanciones.
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Aunque Naciones Unidas cuestionó el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos y lo calificó de contrario al derecho internacional, el régimen cubano enfrenta crecientes dificultades para garantizar servicios básicos y sostener el abastecimiento interno.
Con el nuevo sistema de precios flotantes para el combustible, el gobierno busca trasladar parte del costo de la crisis al consumidor mientras intenta evitar el colapso total del suministro energético en la isla.
(Con información de EFE y Reuters)
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