Cuáles son los 3 factores que presionan sobre el superávit fiscal, el eje central del plan de Milei y Caputo

El equilibrio de las cuentas públicas se consolidó como la principal fortaleza del plan de Javier Milei y Luis Caputo. Sostener el superávit fiscal, lo que suelen calificar como “innegociable”, es considerado por el Gobierno como el pilar de su programa para bajar la inflación. No obstante esa convicción, la segunda parte de 2026 traerá más obstáculos para que se pueda conservar el equilibrio de las cuentas públicas.

Tres factores van a ejercer presión en contra de ese objetivo del Gobierno: la caída que vienen registrando los ingresos públicos, los gastos que impondrán las leyes ya aprobadas por el Congreso y la dificultad para continuar recortando el gasto después de un ajuste significativo, que ya alcanzó 5 puntos del PBI en la era Milei. Esos 3 problemas le esperan al equipo económico en la segunda mitad del año, según un informe de la Fundación Capital.

El documento señala que “el principal activo de la actual administración es el equilibrio fiscal, cuyo cumplimiento no se pone en duda. Sin embargo, sostenerlo no será sencillo”.

La primera fuente de presión sobre las cuentas públicas es la caída en la recaudación, que viene extendiéndose en los últimos ocho meses. Según la Fundación Capital, “los ingresos del sector público acumulan caídas reales, afectados por recortes impositivos, menores importaciones y una actividad económica heterogénea”.

En el primer trimestre de 2026, la recaudación descendió 5,1% real interanual. El informe precisa: “El año pasado se redujeron de forma permanente las alícuotas de algunos derechos de exportación para diversos productos agroindustriales (-38,2% i.a. real en el primer trimestre de 2026)”. Además, la baja escalonada de las alícuotas del impuesto sobre los Bienes Personales y el régimen que permitió anticipar el pago del tributo implicaron un descenso del 13,1% i.a. real en el mismo periodo.

El segundo factor de presión sobre el equilibrio fiscal proviene de las leyes aprobadas por el Congreso, que aún no se implementaron plenamente y tienen impacto presupuestario. El informe enumera la ley de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica, la de emergencia en discapacidad y la de Modernización Laboral como las principales. Casi todo ese ordenamiento legal está en medio de una pelea judicial iniciada por el Gobierno para no aplicarlo.

Según la Fundación Capital, la ley de financiamiento universitario tiene un impacto fiscal estimado del orden de 0,2% del PBI, la de emergencia pediátrica de 0,02% del producto, la de emergencia en discapacidad entre 0,20% y 0,50% del PBI y la de Modernización Laboral, en particular por la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un costo estimado de 0,15% a 0,30% del PBI.

A pesar de que su aplicación permanece incierta, la presión potencial sobre las cuentas públicas es significativa. El informe advierte: “Diversas autoridades señalaron que su aplicación permanece suspendida hasta que se determinen las fuentes de su financiamiento y se incluyan en el Presupuesto Nacional las partidas correspondientes”.

El tercer factor que amenaza el objetivo de equilibrio fiscal es la dificultad para seguir reduciendo el gasto después de un ajuste intenso. El reporte explica que “el gasto ya se recortó en cinco puntos del producto desde el inicio de la gestión”. Si la dinámica del primer trimestre se mantuviera durante todo el año, “las erogaciones volverían a reducirse en torno a medio punto del producto, luego de una baja acumulada de más de cinco puntos desde 2024”.

El documento advierte que “el gasto público se ubicaría en el nivel más bajo de los últimos diez años, lo que plantea un desafío para algunas partidas”. En ese contexto, el margen para nuevos recortes es cada vez más acotado, en especial en rubros sociales y salarios públicos, que ya mostraron retrocesos importantes.

El informe enfatiza que “sostener este ritmo de ajuste será complejo hacia adelante”. Para justificar la magnitud del esfuerzo requerido, la Fundación Capital afirma: “Sin repunte de los ingresos, el gasto debería ajustarse en torno a medio punto adicional del PBI, un esfuerzo que podría resultar demasiado exigente para algunas partidas”. El mismo documento detalla que “los salarios del sector público retrocedieron unos 20 puntos en términos reales desde el comienzo de la gestión”, y que las transferencias a provincias y los gastos de capital permanecen en niveles históricamente bajos.

Adicionalmente, el informe advierte que si bien el objetivo de resultado primario positivo para el año no parece en riesgo, la composición y la magnitud del ajuste necesario pueden tener consecuencias económicas y sociales. El informe señala: “la solvencia fiscal luce más comprometida. La deuda pública aumenta por la capitalización de intereses, mientras también se expande la deuda flotante y se profundiza la represión del gasto público, que parece responder más a una postergación de erogaciones que a una reducción sostenible”.

En cuanto a los recursos extraordinarios, el informe menciona que en el primer trimestre de 2026 se registraron ingresos por privatizaciones, como las represas hidroeléctricas del Comahue, por más de USD 700 millones, aunque aclara que “estos recursos contribuyeron a reforzar los ingresos del primer mes del año, aunque no son computables para las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional”. Otros procesos de privatización, como Transener/Citelec, Intercargo, AySA y Belgrano Cargas, permanecen en agenda con diferentes grados de avance.

El cumplimiento de la meta fiscal comprometida con el FMI, que para 2026 establece un superávit primario de 1,4% del PBI, depende entonces de que el Gobierno logre compensar la caída de ingresos y absorber el impacto de las nuevas leyes, sin margen para recortes adicionales en partidas ya muy comprimidas. La Fundación Capital concluye que “el principal activo de la actual administración es el equilibrio fiscal, cuyo cumplimiento no se pone en duda. Sin embargo, sostenerlo no será sencillo frente a ingresos débiles, leyes pendientes de aplicación y un gasto que ya se recortó en cinco puntos del producto desde el inicio de la gestión”.