Siguen las críticas al impuesto a la riqueza: ahora se sumó una entidad rural con un fuerte comunicado

Una de las entidades agropecuarias que conforma la Mesa de Enlace cuestionó duramente al proyecto del oficialismo, denominado “Aporte Extraordinario Solidario”. Los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) aseguraron que el proyecto “está flojo de papeles, con falencias técnicas y poca impronta intelectual”. Las críticas se suman a una serie de declaraciones públicas y quejas desde distintos sectores empresarios.

Desde CRA señalaron que en el caso de aprobarse e implementarse dicho aporte habrá un efecto negativo en la actividad agropecuaria: “Menos producción, menos granos, menos frutas, menos verdura, menos leche y menos carne, serán los resultados inequívocos de este proyecto de impuesto al progreso. Se utilizan viejas recetas, poco estudiadas, con grandes falencias técnicas y poca impronta intelectual; por decirlo fácil flojas de papeles, y que tienden a repetir errores pensando que la reedición de los mismos esta vez tendrá resultados diferentes”, manifestaron los integrantes de la entidad.

Además, aseguraron que la iniciativa genera incertidumbre entre los productores, ya que consideran que la misma “no tiene señales claras para el sector, al gravar a los bienes afectados en un proceso productivo con una alícuota que va desde el 2 al 3,5% del patrimonio total de esa persona o sociedad, y que por supuesto se superpone a la tributación de bienes personales”.

Y agregaron: “El recurso tierra tiene un alto peso en el capital invertido pero que no genera una rentabilidad por sí mismo acorde a su cuantía, sino que forma parte del sustento productivo y solo aporta al proceso de producción con su costo de oportunidad, es decir, su uso alternativo más probable que es el de alquiler y este si forma parte del proceso productivo”.

Por otro lado, la implementación del aporte solidario, es considerado por CRA como una mayor presión impositiva hacia el campo, que reduce los beneficios y provoca menor capital de trabajo para la reinversión productiva. Según el responsable del Departamento Económico de la entidad, Matías Lestani, hoy el 77% del Ingreso del productor termina en manos del Estado, con el 23% restante el productor debe pagar todos los costos de producción, vivir y reinvertir.

“Todo esto afecta la resiliencia del productor en una industria que es a cielo abierto, esto genera desincentivos productivos, una pauperización de la producción y por último el abandono y la salida del sector de ese productor, que además debe enfrentar situaciones adversas como sequías, inundaciones e incendios como se sufrieron recientemente en muchas zonas productivas”, señalaron desde la entidad que preside Jorge Chemes.

En otra parte del comunicado, los integrantes de la Confederación cuestionaron a los gobernantes. Al respecto, dijeron: “La respuesta siempre es la misma. Frente a su incapacidad de solucionar los temas estructurales, y se repite en nuestra historia como si obedeciese a Leyes Naturales. Retenciones, derechos de exportación, Aporte Extraordinario Solidario, en definitiva, más impuestos”.

Más criticas al impuesto a la riqueza

La Asociación Empresaria Argentina, la entidad que agrupa a los dueños y ejecutivos de las empresas más importantes del país, emitió el pasado sábado un comunicado en el que subraya el rol crucial del sector privado para generar empleo y reducir la pobreza, entre otros objetivos de desarrollo del país.

El comunicado, titulado “Instituciones para el Desarrollo” dice en su primer párrafo: “Argentina necesita imperiosamente crecer y desarrollarse en forma sostenida. El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos”.

Para lograr esos objetivos, sigue diciendo la entidad empresaria, “la condición necesaria es contar con instituciones fuertes en el marco de la Constitución; asegurar la plena vigencia de la República; la división de poderes; una justicia verdaderamente independiente y la libertad de prensa”.

El párrafo siguiente es aún más explícito. “Un ejemplo claro de una medida injustificada –dice- es lo determinado en el reciente Decreto 690/20 mediante el cual se introduce un cambio radical en las reglas de juego del sector de las tecnologías de la información. Esta disposición afecta negativamente a una industria que ha incorporado innovaciones y realizado inversiones significativas en los últimos años y que, además, tiene un papel decisivo en el funcionamiento de todas las actividades económicas del país”.

“Para llevar a cabo eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas. Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”, dice otro pasaje, que critica inequívocamente varios aspectos de la política económica del gobierno del presidente Alberto Fernández.

La crítica de AEA a los controles de precios apunta directamente a uno de los pilares de la política económica del gobierno. Su referencia a los “impuestos confiscatorios” hacen eco con manifestaciones de empresarios y tributaristas que criticaron el recientemente presentado proyecto de “impuesto a la riqueza” y la impugnación del decreto 690, sobre el sector de telecomunicaciones, fue explícito.

En su parte final, la entidad intenta dar un mensaje conciliatorio hacia el gobierno y también hacia los sindicatos. Así dice: “Reafirmamos nuestra voluntad de diálogo con las autoridades y reiteramos que ha sido un paso muy positivo el acuerdo reciente con los acreedores externos. Señalamos a su vez, nuestra aspiración en cuanto a profundizar el diálogo con los dirigentes sindicales y el resto de la sociedad civil”.

El documento de AEA llegó luego de que el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, manifestara que esta iniciativa debería ser reemplazada por un bono solidario.

Pero la lista no se termina ahí. También semana pasada se había sumado el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, quien dijo que “cualquier impuesto, se lo llame así o no, es una nueva exacción y me parece que va en contra de lo que necesitamos para encontrar soluciones de fondo, que básicamente pasa por encarar un cambio en la estructura del gasto público, que es muy alto en relación al tamaño de la economía”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, había dicho que que “cualquier impuesto es regresivo para la inversión si se suma a la actual carga tributaria; hay que ver efectivamente si es por una sola vez y si efectivamente es para una asignación específica como se dijo o para cubrir el déficit fiscal del 4,5% del PBI, porque si sigue aumentando el gasto público, obviamente deberán aumentar los impuestos”.

El directivo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Edgardo Phielipp, también se había sumado: “hay un uso abusivo de los impuestos de emergencia que alteran las condiciones de equilibrio de la oferta y la demanda ; tanto estos como los tributos permanentes, de los 3 niveles del Estado, desalientan la competitividad que están en la formalidad”.

“La Argentina tiene un nivel de inversión muy bajo y para crecer debería tener más del doble que en la actualidad. Y, para eso, hay que reducir la carga sobre las empresas que tributan siempre”, expresó.

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