Toma de tierras: aumenta la preocupación de los productores de la Patagonia y denuncian inacción del Estado

Hay preocupación en el mundo agropecuario por la toma de tierras, usurpaciones y hechos de violencia en varias zonas del país, especialmente en las cercanías de San Carlos de Bariloche, en el distrito de Villa Mascardi, por parte de grupos que llevan adelante diferentes reclamos.

La semana pasada, la preocupación de los productores, fue transmitida por los integrantes de la Mesa de Enlace al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, durante una reunión por videoconferencia. En la misma, los dirigentes reclamaron “abordar los episodios de toma de tierras como delitos graves contra la propiedad y una violación a los más elementales derechos consagrados en la Constitución Nacional y la legislación vigente”.

Y además hubo un planteo de la Mesa de Enlace al ministro para reforzar las acciones para combatir el delito en la zona agropecuaria, ya que consideran que la problemática atenta contra la calidad de vida en el interior y el arraigo rural. En referencia al incremento del delito rural y a la toma de tierras, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, dijo: “Sobre La inseguridad rural venimos expresando que las condiciones de vida en el campo son muy difíciles, donde todos los días nos enteramos de casos de abigeato o roturas de silobolsas. Es desesperante la situación y no da para más. Se necesitan medidas concretas”.

Previo al encuentro con el ministro Basterra, los integrantes de CRA se pronunciaron sobre la toma de tierras y apuntaron al Estado nacional por la problemática. “Es el principal responsable de la violencia del presente y lo que suceda a futuro. Las autoridades de seguridad, nada hacen y la Justicia se demora en su burocracia, los ánimos se exacerban y el Estado no brinda solución alguna, paradójicamente fogonea la actitud disponiendo interminables negociaciones, que solo prolongan el hecho ilícito”, señalaron en un comunicado.

Y ademas dijeron: “Necesitamos que el Gobierno nacional asuma la responsabilidad política de poner fin a tanto despropósito y devuelva a los ciudadanos de la Nación, la seguridad de sus vidas, sus propiedades y la confianza en la ley y el Estado de Derecho. Nos preocupa que a los ciudadanos comunes los tiene perplejos, con meses y meses de tomas de tierras, incendios, destrucción y violencia y el Estado sumido en ocultar lo que ocurre o lo que es peor, sin resolverlo y quienes reclaman pacíficamente, son los sometidos a la persecución judicial”.

La situación en la Patagonia

En diálogo con Infobae, Leonardo Jones, presidente de la Sociedad Rural de Esquel, comentó que la usurpación de campos en la Patagonia, principalmente en Chubut, Río Negro y Neuquen, es de larga data y existe desde el 2014 aproximadamente. “El mismo no tiene nada que ver con la toma de tierras por demanda habitacional, sino que es derivado de la acción de un pequeño grupo de personas que pretenden formar un Estado mapuche sobre territorio argentino y chileno, de la mano de la usurpación de campos”, dijo.

Además, señaló: “El accionar es llevado adelante, en su mayoría, por personas que no son descendientes de pueblos originarios, y pertenecen a grupos activistas de extrema izquierda y anarquistas. Las usurpaciones se focalizan en campos productivos, en medio de una inacción absoluta del Estado nacional y también provincial”.

A todo esto, Jones agregó: “La metodología que usan los usurpadores es de violencia y generar miedo. Además, cuentan con un apoyo jurídico muy importante por parte de algunas organizaciones. Desde la clandestinidad, con los rostros cubiertos usurpan los campos, y desde ese lugar cometen actos de violencia e intimidación a la gente que trabaja en los establecimientos rurales, queman los puestos de los mismos donde viven los trabajadores e incluso en tres ocasiones los trabajadores que estaban en esos puestos fueron torturados. También han quemado camiones en las rutas y agreden a las personas que transitan por las mismas”.

En medio de una profunda preocupación e incertidumbre, el titular de la Rural de Esquel reclamó una solución del conflicto: “La Argentina cuenta con la Ley 25.160 que prevé y ordena el relevamiento de todas las comunidades aborígenes del país. Nosotros estamos convencidos que eso tiene que hacer el Estado, es decir, relevar y de una vez por todas diferenciar quienes son comunidades aborígenes que pueden demostrar públicamente que se encuentran en el territorio, y quienes son los grupos violentos que no pueden ser reconocidos como comunidades, porque llegaron hace poco tiempo a ocupar algún lugar que ya tiene dueño”.

“Ese relevamiento se debe realizar de manera objetiva y de cara a la sociedad. Tenemos serias sospechas de que el Instituto Indígena, como se está manejando en la actualidad, pueda llevar adelante el relevamiento de la manera que lo estamos reclamando los sectores que integramos la producción. El organismo, como lo expresó la gobernadora de Ríos Negro, está direccionando su funcionamiento a fomentar las usurpaciones que a solucionar la problemática”, concluyó el dirigente agropecuario.

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