La Asociación Empresaria Argentina, la entidad que agrupa a los dueños y ejecutivos de las empresas más importantes del país, emitió este sábado un duro comunicado en el que subraya el rol crucial del sector privado para generar empleo y reducir la pobreza, entre otros objetivos de desarrollo del país.
El comunicado, titulado “Instituciones para el Desarrollo” dice en su primer párrafo: “Argentina necesita imperiosamente crecer y desarrollarse en forma sostenida. El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos”.
Para lograr esos objetivos, sigue diciendo la entidad empresaria, “la condición necesaria es contar con instituciones fuertes en el marco de la Constitución; asegurar la plena vigencia de la República; la división de poderes; una justicia verdaderamente independiente y la libertad de prensa”.
El reclamo surge a pocos días de que el bloque oficialista en el Senado avanzara en el desplazamiento de tres jueces que habían avalado investigaciones sobre corrupción que involucran a la actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
“Para llevar a cabo eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas. Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”, dice otro pasaje, que critica inequívocamente varios aspectos de la política económica del gobierno del presidente Alberto Fernández.
El párrafo siguiente es aún más explícito. “Un ejemplo claro de una medida injustificada –dice- es lo determinado en el reciente Decreto 690/20 mediante el cual se introduce un cambio radical en las reglas de juego del sector de las tecnologías de la información. Esta disposición afecta negativamente a una industria que ha incorporado innovaciones y realizado inversiones significativas en los últimos años y que, además, tiene un papel decisivo en el funcionamiento de todas las actividades económicas del país”.
En su parte final, la entidad intenta dar un mensaje conciliatorio hacia el gobierno y también hacia los sindicatos. Así dice: “Reafirmamos nuestra voluntad de diálogo con las autoridades y reiteramos que ha sido un paso muy positivo el acuerdo reciente con los acreedores externos. Señalamos a su vez, nuestra aspiración en cuanto a profundizar el diálogo con los dirigentes sindicales y el resto de la sociedad civil”.
AEA reúne a los accionistas y ejecutivos de las empresas más grandes del país, como Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarín), Paolo Rocca (Techint), Cristiano Rattazzi (Fiat), Alfredo Coto (de la cadena homónima de supermercados), Sergio Kaufman (Accenture), entre otros, y tiene como director ejecutivo a Jaime Campos.
Campos, precisamente, fue quien se sentó a la derecha del presidente Fernández (flanqueado al otro lado por Luis Pagani) cuando la influyente cúpula empresaria lo agasajó con una cena, el 18 de diciembre pasado, apenas 8 días después de la asunción presidencial.
Amago de acercamiento
El presidente concurrió acompañado de los miembros más “albertistas” de su entonces naciente gobierno, como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, amén del ministro de Economía, el entonces casi desconocido Martín Guzmán, y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, en lo que se interpretó entonces como una señal de un gobierno amigable con los empresarios y con el sector privado.
Sin embargo, a partir de la irrupción de la pandemia de coronavirus y, en particular, a partir de principios de junio, cuando el gobierno anunció su intención de intervenir y expropiar la agroexportadora Vicentin, las relaciones con el sector empresario se fueron deteriorando.
Uno de los intentos de recomposición ocurrió el 9 de Julio, cuando el presidente invitó a Olivos y emitió su discurso de la fecha rodeado de dirigentes empresarios y sindicales, lo que fue del desagrado de su vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien alabó expresamente un artículo periodístico que había criticado severamente el reacercamiento de Fernández al sector empresario.
Ahora, el comunicado de AEA se produce al cabo de una semana de altísima confrontación política, que incluyó la polémica sesión en Diputados, en que los diputados de oposición se presentaron en el reciento, pero el titular de la Cámara, los dio como ausentes y tomo solo los votos de los legisladores de presencia virtual, y la no menos polémica sesión del Senado en que el bloque oficialista desplazó a tres jueces que habían avalado investigaciones por corrupción que involucran a la vicepresidente de la Nación y titular de la Cámara Alta, Cristina Kirchner.
La crítica de AEA a los controles de precios apunta directamente a uno de los pilares de la política económica del gobierno. Su referencia a los “impuestos confiscatorios” hacen eco con manifestaciones de empresarios y tributaristas que criticaron el recientemente presentado proyecto de “impuesto a la riqueza” y la impugnación del decreto 690, sobre el sector de telecomunicaciones, fue explícito.
Por último, el reclamo, en un mismo párrafo, de “la plena vigencia de la República, la división de poderes, una justicia verdaderamente independiente y la libertad de prensa” pone a AEA mucho más cerca del discurso político de la oposición que del gobierno.
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