La extensión de la cuarentena no sólo está agravando el cuadro social con pérdida de empleos, reducción de jornada laboral por protocolos de aislamiento social para las actividades que no se puedan hacer vía remota, sino también severamente las finanzas públicas, porque exige constante incrementos de partidas presupuestarias, mientras se mantienen debilitados los recursos tributarios.
Ahora, a través de la Decisión Administrativa 1.552 el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, decidieron introducir una nueva ampliación del Presupuesto por $5.800 millones para responder a las necesidades de gastos del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, para Acciones del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – Potenciar. Y dado que no está acompañada de un aumento de la previsión de recursos tributarios, ese monto se traslada directamente a incrementar en esa proporción el déficit proyectado para el año.
Apenas un par de semanas atrás el Congreso Nacional trató y aprobó en sesiones virtuales la ampliación del Presupuesto 2020 en $1,9 millones del lado del gasto primario, antes del pago de servicio de intereses de la deuda pública, pese a que los recursos, por efecto de la inflación y del Impuesto PAIS sólo fueron incrementados en la previsión para todo el año en $643 mil millones, y la convalidación de la previsión de un déficit primario de $2,2 billones y financiero de $3 billones, poco más del equivalente a 10% del PBI. Esas modificaciones y distribución de partidas fueron reglamentadas a través de la publicación en el Boletín Oficial de hoy de la Decisión Administrativa 1553, la cual cuenta con un Anexo con 484 folios.
Pero la realidad superó esas estimaciones y pocos días después de ese tratamiento y aprobación legislativa, el Jefe de Gabinete de Ministros, y el ministro de Economía, decidieron introducir una nueva ampliación del Presupuesto a través de la Decisión Administrativa 1.534, en $3.178 millones, principalmente para el Ministerio de Salud.
Según detalla la norma que fue analizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la principal partida es para el Ministerio de Salud, con $2.373 millones, mayormente para cubrir gastos no contemplados en esos cambios, para “afrontar reintegros a los agentes del seguro de salud que sufrieron una merma en su recaudación en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19”.
Además, la cartera reforzó con posterioridad a la votación de la Ley de Ampliación del Presupuesto 2020 los créditos de los Programas Atención de la Madre y el Niño para la adquisición de leche fortificada por $520 millones; y Cobertura universal de Salud para la compra de medicamentos esenciales distribuidos en el marco del Programa Remediar, por otros $560 millones.
Mientras que $748 millones fueron solicitados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para atender gastos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), “por servicios prestados fuera del horario oficial, relacionados con la fiscalización para certificar calidad o el estado sanitario”, aunque en ese caso “se financia con recursos propios”, destaca la normativa.
El déficit fiscal superará el 68% de los recursos netos
Si bien luego de la modificación de un Presupuesto 2020 original que nunca llegó a ser y tratado en el Congreso, por decisión presidencial, por casi $1,9 billones, parecen irrelevantes dos agregados que en conjunto sumaron $9.000 millones, pero no es menor que el rojo fiscal total que se ajustó a poco más de $3 billones, se acrecienta semana a semana, pese a que ya representa, según la aprobación legislativa, más del 68% de los recursos netos de las rentas del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses previstos para todo el año.
Se trata un rojo que es equivalente a más de 8 meses de los recursos tributarios netos de coparticipación de la recaudación nacional con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De ahí que la directora general de la AFIP destacara que en la reforma tributaria que analiza el Poder Ejecutivo no se incluirá bajar impuestos, sino todo lo contrario.
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