Una oferta sin segunda vuelta, con dudas sobre la sostenibilidad

“No llegamos a un entendimiento con los bonistas sobre qué es sostenible”, admitió ayer ante los gobernadores el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante el acto de presentación de la oferta a los acreedores, que esencialmente prevé un recorte de 62% a los intereses que se empezarían a pagar a partir de 2023 y un moderado ajuste de 5,4% sobre el capital.

El resultado de ese desencuentro derivó en una propuesta agresiva, de la que aún faltan conocer detalles técnicos relevantes, que el Gobierno presenta como unilateral. Una oferta a todo o nada, tómalo o déjalo. Al menos, esa la intención del mensaje de los propios dichos del ministro: “La oferta tiene una fecha de cierre, en 20 días” y sugirió que no se aceptará una contrapropuesta. Y también de la puesta en escena, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sentada en la mesa principal como el detalle más destacado. Aun cuando algunos acreedores duden de que efectivamente no exista espacio para negociar mejores condiciones, la presencia de la ex presidenta fue leída como una señal de inflexibilidad.

El dato, de todos modos, no modifica demasiado las cosas. Sostenible o no, las condiciones anunciadas por Guzmán difícilmente logren los niveles de adhesión necesarios para cada serie de los 21 títulos públicos bajo ley extranjera involucrados en la renegociación.

Es que “la sostenibilidad” de la deuda pública, término que el funcionario repite como un mantra desde que asumió, se volvió un concepto inasible e imposible de cuantificar pandemia del coronavirus mediante. Cuánto va a caer el nivel de actividad producto de la cuarentena, qué costo fiscal va a terminar teniendo la crisis este año y el próximo y, sobre todo, qué tamaño tendrá la economía argentina son interrogantes con respuestas completamente inciertas.

“Es imposible establecer hoy eso, la sostenibilidad. El Gobierno ni siquiera ha especificado cuáles van a ser sus políticas económicas en el corto plazo. Por eso los bonistas pidieron retrasar la oferta hasta que se pueda discutir con más claridad”, aseguró a Infobae el representante de un fondo de inversión de Estados Unidos.

Los intereses de los acreedores difieren de acuerdo a las características de cada inversor pero el contexto hace las cuentas más complejas para todos. “Nadie quiere negociar ni tomar decisiones completamente a ciegas”, insistió el acreedor.

En su última presentación ante acreedores, el viernes 20 de marzo, las proyecciones del ministro no acusaban el impacto de la pandemia por la que se estrenaba ese día la cuarentena obligatoria. Por eso, los últimos cálculos oficiales conocidos son aquellos que preveían una caída de hasta 1,5% para este año y una recuperación de 2,5% a 3% para 2021.

Tampoco en la presentación de ayer se brindaron detalles de nuevos supuestos macroeconómicos, pero ya el Fondo Monetario anticipa una caída de 5,7% del PBI argentino. El dato, junto con las estimaciones de las demás variables macro, como nivel de déficit e inflación, suele formar parte del set de información básica para sustentar una propuesta a los acreedores.

“La postura parece bastante dura, sin lugar ni tiempo para moverse demasiado. Y el punto es que Guzmán fue bastante claro en explicar que no llegaron a un acuerdo con los acreedores porque piden mayor control fiscal y, por lo tanto, que les paguen más”, analizaron en Delphos Investments.

“Eso indica que las aguas están bastante separadas y parece difícil que esto se cierre rápido”, agregaron. Así, para Leo Chialva, socio de la consultora, las chances de un default inminente se mantienen en torno a 70%.

El mensaje oficial también descarta, en principio, la posibilidad de ofrecer un “endulzante” a los inversores, es decir algún pago inicial que funcione como incentivo para aceptar la fuerte poda de 62% a los intereses, ya que obligaría a un mayor esfuerzo fiscal.

“Tal vez si se pone algo de cash, se avance, pero debería aportarlo el FMI o un consorcio de los propios bonistas, es altamente improbable”, opinó el economista Luis Secco. “Hoy es imposible hacer cálculos que no haya que cambiar mañana mismo. La ventaja de la oferta es que propone empezar a pagar en tres años, lo que supone el período de mayor incertidumbre pero es obvio que ahora no se pueden hacer proyecciones”, dijo el consultor.

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