El impacto de la resolución del ministerio de Desarrollo Productivo sembró la incertidumbre sobre el marco legal de la economía del conocimiento.
El impacto de la resolución del ministerio de Desarrollo Productivo sembró la incertidumbre sobre el marco legal de la economía del conocimiento.

La resolución 30/2020 dictada ayer por el Ministerio de Desarrollo Productivo sembró incertidumbre dentro del variado universo de las empresas de la Economía del Conocimiento. La norma publicada podría impedirles acceder a los beneficios impositivos que, entre otros incentivos, les brinda la ley 27.506, sancionada en mayo pasado y cuya reglamentación dejó en duda.

Ninguna de las empresas ni cámaras involucradas dieron su opinión en relación al tema. No obstante, pudo saberse que la decisión oficial generó gran preocupación en las compañías ya que, en los hechos, suspendió la entrada en vigencia de la reglamentación establecida por el gobierno anterior. Hoy, las empresas aseguran no saber cuándo llegará una nueva reglamentación y, mucho menos, cuál será su contenido. Tampoco descartan que el tema llegue al Congreso y que la ley sufra modificaciones.

Desde una de las principales empresas afectadas aseguraron a Infobae que habrá una respuesta formal cuando se conozca la nueva resolución del ministerio de Desarrollo Productivo que, según les adelantaron los funcionarios a los empresarios, podría llegar a conocerse en los próximos días.

Las empresas de informática, por caso, quedaron sin ninguna norma de incentivo. La ley de Software, que regía desde 2005, venció el 31 de diciembre pasado. Les otorgaba beneficios tales como una alícuota menor en el impuesto a las Ganancias o en Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires. La entrada en vigencia de ley de Economía del Conocimiento, que podía compensar los beneficios que terminaron, quedó en un cono de sombras.

Durante la campaña electoral, Alberto Fernández se pronunció públicamente en favor de la ley de la Economía del Conocimiento.

“Obviamente que nos tomó por sorpresa esta resolución. Todas las empresas del sector creíamos que se iba a continuar implementándose en enero, porque lo que hizo la ley es extender los beneficios que ya existían de la ley del software e incorporar a nuevos sectores”, señaló Germán Viceconti, gerente de Marketing y Nuevos Negocios de Neuralsoft.

“Los que ya estábamos alcanzados deberíamos poder seguir tomando los beneficios en forma regular como veníamos haciendo hasta diciembre, también a partir de enero. Si la ley de Economía del Conocimiento se aprobó en forma casi unánime y con la premura necesaria fue para que los beneficios se puedan comenzar a implementar cuanto antes”, agregó.

Fuentes de la Cámara de Biotecnología dijeron que el Gobierno en el último mes se les adelantó que iba pasar esto pero que no implicaba un suspensión definitiva de la ley, sino que iba a haber una readecuación de la misma en el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso.

Si bien la ley de Economía del Conocimiento se gestó y tuvo aprobación parlamentaria íntegramente durante el gobierno de Mauricio Macri, en el sector destacan que Alberto Fernández se pronunció públicamente en favor de la norma. Por ese motivo, explican, causó más sorpresa la decisión.

“La economía del conocimiento genera 120 mil trabajos y 6 mil millones de USD de exportaciones. Suspender el marco legal es grave porque se pueden ir con un click a otro lado. Pido al gobierno que apure la reglamentación y no ataquen a los que generan más trabajo” expresó en su cuenta de Twitter Federico Pinedo, ex titular del Senado.

“Construyan, no destruyan”, dijo por la misma vía la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La ex secretaria de Transformación Productiva del gobierno anterior, Paula Szenkman, señaló: “La ley de Economía del Conocimiento fue reivindicada por el presidente Fernandez en campaña. Es fundamentalmente una herramienta del Estado para promover desarrollo e innovación. Como toda ley es mejorable. Suspenderla o eliminarla sería un grave error.”

Según cálculos de Argencon, el sector pronostica que su desarrollo, basado en la aplicación plena de la ley, tendrá recorrido con impacto en la macroeconomía. La entidad, que reúne a 42 empresas de diversos sectores con una fuerte impronta en la exportación de servicios, estima que en los próximos diez años podría aportar USD 1.000 millones a las arcas públicas en concepto de impuestos, aún con los beneficios que la ley le otorga.

Al mismo tiempo, Argencon asegura que en el mismo plazo se podrán crear 400.000 puestos de trabajo calificados. Los servicios exportados ya no provienen de los call center, como en la década pasada, sino que tienen valor agregado.

“Esta decisión debiera preocuparle a todo el país”, señaló Viceconti, de Neuralsoft. “No son beneficios directos para el sector solamente, sino que nuestras empresas han beneficiado a todo el país en forma indirecta. Desde que existe la ley de software es el sector de la economía que proporcionalmente más ha incrementado las exportaciones y los puestos de trabajo”, advirtió.

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