Luego del fallo que obliga a los inquilinos a pagar comisiones, ¿qué pasará con los nuevos alquileres?

Después de que la Justicia porteña determinara la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Alquileres que prohibía a las inmobiliarias cobrar comisiones a los inquilinos por la firma de contratos, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires apelará el fallo. También lo hará la asociación Inquilinos Agrupados, que adelantó que lo presentará el próximo lunes.

Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña declaró el miércoles la inconstitucionalidad de la Ley 5.859 —aprobada por la Legislatura porteña y oficializada a fines de 2017—, que fija un tope a las comisiones inmobiliarias (de 4,15% sobre el monto total del contrato) y delega el pago en los propietarios de las viviendas.

"Hoy la ley tiene plena vigencia porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es quien debe definir. Además, esta defensa de los inquilinos no es incompatible con el Código Civil, que regula desde una visión del derecho privado. La Ciudad lo hace desde el derecho público, es decir, protegiendo el interés público de los miles de vecinos alcanzados por un contrato de alquiler", explicaron desde el Gobierno porteño.

De acuerdo con el fallo, corresponde que los honorarios inmobiliarios sean pagados tanto por propietarios como por inquilinos. Con la ley vigente, en cambio, esa comisión recae solo en los propietarios y con un tope de hasta 4,15% del monto total del contrato, que tiene una duración de dos años.

"La ley sigue vigente y los inquilinos no pagan comisión. Vamos a apelar el próximo lunes. Pero si el fallo queda firme, la comisión la pagamos también los inquilinos", confirmó a Infobae Gervasio Múñoz, titular de Inquilinos Agrupados.

En los años previos a la sanción de la ley porteña, la comisión solía ser un monto equivalente a un alquiler para el propietario y un monto igual para el inquilino.

Esta sentencia de segunda instancia que se dio a conocer el miércoles es una respuesta a una acción judicial iniciada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba) y otros centros de agentes inmobiliarios contra la Ley 5.859, sancionada por la Legislatura porteña en 2017. Y determinó que las inmobiliarias tienen derecho a cobrarles a los propietarios pero también a los inquilinos, porque consideró que los corredores inmobiliarios les prestan un servicio a las dos partes.

"Esta es una resolución de cámara que el colectivo de los inquilinos puede perfectamente apelar y después veremos cómo siguen la instancias. Estimamos que en 60 o 90 días el tema puede estar finalizado. Pero en caso contrario, seguiremos las instancias judiciales e iremos al tribunal superior. Confiamos en la Justicia ", señaló Armando Pepe, titular de Cucicba, que representa a los corredores de la Capital Federal.

"Con el fallo se hizo justicia. La mal llamada Ley de Alquileres tuvo un impacto negativo, con un aumento de 38% de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires versus un 26% en la provincia de Buenos Aires", detalló Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA). La brecha entre los alquileres porteños y de otras zonas se habría originado  porque en la ciudad de Buenos Aires los propietarios trasladaron el precio de la comisión que no pueden cobrar a los  inquilinos directamente a las cuotas de los alquileres. 

Si el fallo queda firme, cada colegio inmobiliario regulará cómo será a partir de ahora el cobro de las comisiones en cada jurisdicción. Desde la cámara, además, convocaron a distintas entidades a una mesa de diálogo para el próximo 24 de abril. Además de la CIA, participará la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación en Defensa de Inquilinos (ADI).

El artículo que limitaba el cobro de comisiones en los contratos de alquiler solo tenía vigencia en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el Gobierno por un lado y senadores de la oposición por otro están impulsando una nueva Ley de Alquileres que tenga alcance nacional, un objetivo que quedó frustrado en 2018 cuando el proyecto perdió estado parlamentario.

Esta tarde, a partir de las 15, habrá una reunión en el Senado donde se comenzará a formar una mesa para debatir un nuevo proyecto, que cuente con el consenso de todos los sectores. Algo que no se logró el año pasado.

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