Por cuarto año consecutivo la caja del Estado se agotará antes de octubre

Ni el camino hacia la normalización de la aún muy deteriorada situación macroeconómica, ni la recuperación a ritmo lento de la senda positiva del PBI, ni la desinflación, aunque también aún en términos muy elevados, ni los recursos extraordinarios que generó el blanqueo de activos -tuvieron una asignación específica como la Reparación Histórica a los Jubilados-, han sido suficientes para provocar una importante mejora de las finanzas públicas, uno de los pilares del que derivan los mayores problemas de carencias sociales en casi un tercio de las familias argentinas, y de muy acotada competitividad de la producción nacional.

Una de las razones que parecen provocar la falta de conciencia de la gravedad del estado de las finanzas públicas, que desde 2017 y todo parece que por muchos años vista, al menos hasta 2020 según las previsiones oficiales, es que a la hora de mostrar a la sociedad, a través de la prensa, el déficit fiscal, no solo se habla de "sobrecumplimiento de metas", las que de por sí no fueron muy ambiciosas, y solo se refiere a una parte del total de la diferencia entre ingresos y gastos; sino de una relación con el PBI que para los no avezados puede parecer insignificante: 3,9% a nivel primario y 6,1% en el total con el agregado del pago de los intereses de la deuda pública.

Pero el panorama cambia radicalmente si en lugar de tomar como referencia el PBI para fijar las metas fiscales de cada año y conocer realmente cómo están las cuentas del Estado, se vincula el déficit, es decir el exceso de gasto público, respecto de los ingresos totales, aún con la asistencia del Banco Central y transferencia de utilidades de la Anses al Tesoro, se observará que desde 2015 la caja se agota más de dos meses antes de terminar cada año, si no se toman en cuenta el pago de intereses de la deuda pública, y a mediados de septiembre si se agregan esas obligaciones que terminan pagándose con más deuda.

En  este punto, los funcionarios suelen argumentar que "si bien los intereses de la deuda hay que pagarlos, y por tanto importan, constituyen una variable que no manejan, que es exógena". Eso es como decir que una familia cuando arma su presupuesto mensual debe tomar en cuenta los ingresos habituales, por salario, jubilación, rentas; y los gastos comunes antes del pago del consumo con el uso de la tarjeta de crédito, porque si no la puede pagar en su totalidad al vencimiento, puede abonar el mínimo y financiar el resto.

Ese es el camino que ha elegido el nuevo gobierno, porque sostiene que otras alternativas no serían soportables, como la reducción más acelerada del gasto público; o el financiamiento con emisión de dinero por parte del Banco Central, dada la realidad social, porque prácticamente dos tercios del gasto público se destina a salarios en la administración pública, jubilaciones y pensiones y subsidios y planes sociales, y por tanto son "rígidos a la baja" en términos reales.

Sin embargo, haber llegado a semejante descalabro de las finanzas públicas genera como contrapartida la imposibilidad de asegurar un crecimiento sostenido de la economía, porque se está tornando una constante un exceso de gastos en más de tres meses, pese a que persiste una de las presiones tributarias más altas del planeta, y eso afecta la capacidad de generar ingresos tributarios suficientes para cerrar la brecha al ritmo actual.

Así lo muestran los números oficiales, en 2016, con la normalización de la economía, al eliminarse el cepo cambiario y la mayor parte de las retenciones sobre las exportaciones; la salida definitiva del default de parte de la deuda pública; la reapertura al crédito internacional; el cobro de ingresos extraordinarios con el blanqueo de activos y el comienzo del rebalanceo tarifario, se achicó el alcance de los recursos para cubrir la totalidad del gasto entre 9 y 14 días de ingresos; en 2017, por el contrario, se logró estirar en tres días para pagar los gastos primarios y en nueve días las erogaciones totales; y para 2018 las pautas presupuestarias indican que se proyecta un alargue de la cobertura entre 8 y 12 días.

A ese ritmo, el equilibrio presupuestario se alcanzará en poco más de seis años, luego de haber acumulado una deuda pública total equivalente a un 70% del PBI, siempre que las tasas de interés internacionales mantengan un moderado rango de aumento interanual.

Por tanto, ya pasada la prueba de fuego de la convalidación del triunfo electoral de 2015 de Cambiemos en octubre último, no son pocos los economistas que recomiendan tomar medidas más enérgicas para "ordenar" las finanzas públicas; como acelerar la eliminación de los subsidios al uso de los servicios públicos por parte de los sectores de medianos a altos ingresos; modernizar el Estado para que no hayan más "ñoquis", es decir empleados registrados que solo pasan a cobrar; como reducir estructuras de Gobierno, en lugar de ampliarlas cada año; entre otras acciones.

Para muchos hoy equilibrar las finanzas públicas en un tiempo más acelerado parece como una empresa casi imposible, sin embargo, en una serie de 25 años se observa, al menos a nivel primario, que fue posible en 18, entre 1993 y 2011, con la única excepción de 1996, por el efecto del Tequila, como se había bautizado la propagación sobre la región de la crisis mejicana.

Mientras que con el agregado del pago de intereses de la deuda, el excedente de recursos se logró en solo 8 años, en 1993 y entre 2003 y 2010, con excepción de 2009; pero en siete de esos ocho años el superávit fiscal se logró al alto costo de extender el default parcial de la deuda pública y no pago de intereses a los acreedores del resto del mundo, para evitar embargos; y por haberse registrado uno de los pocos ciclos de singularmente elevados precios de las materias primas que exporta la Argentina, en particular la soja.

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