
El Gobierno de Colombia confirmó el ingreso de más de 400 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo, a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los departamentos de Córdoba y Chocó, a partir del 25 de junio de 2026.
La decisión, comunicada oficialmente el viernes 8 de mayo, se da en los compromisos de paz suscritos en Doha durante 2025 y forma parte de la política de “Paz Total” que impulsa la administración del presidente Gustavo Petro.
Los detalles del acuerdo y el proceso de traslado
De acuerdo con el comunicado conjunto emitido por la delegación de paz del Gobierno y representantes del Clan del Golfo, la medida contempla que los combatientes ingresen de manera gradual a las ZUT localizadas en Tierralta, en el departamento de Córdoba, y en Nuevo Belén de Bajirá, en Chocó.
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Estas zonas fueron designadas como parte del proceso de tránsito a la legalidad del grupo armado, según los compromisos alcanzados en las rondas de negociación de septiembre y diciembre de 2025.

Más de 400 hombres y mujeres serán recibidos inicialmente en estas áreas, en una operación que contará con el acompañamiento del Grupo de Países Mediadores, la Conferencia Episcopal de Colombia, el Consejo Mundial de Iglesias, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp-OEA), la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional.
El comunicado oficial precisa: “Se adelantarán las gestiones correspondientes para la remisión de los listados y su recepción de buena fe por parte del Gobierno Nacional”. El proceso, según lo acordado, incluye labores preparativas y pedagógicas previas al traslado, con una fecha límite del 25 de junio para el inicio de la reubicación.
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Suspensión de órdenes de captura y contexto jurídico
Como parte del acuerdo, se aplicarán los efectos jurídicos contemplados en la Ley 2272 de 2022, que permite la suspensión de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición.
Este beneficio, solicitado formalmente por el comisionado de Paz, Otty Patiño, ante la Fiscalía General de la Nación, cobijará a 29 miembros del Clan del Golfo, entre ellos el principal cabecilla alias Chiquito Malo, heredero de alias Otoniel, actualmente detenido en Estados Unidos.

La suspensión de órdenes de captura pretende facilitar el traslado de los integrantes del grupo ilegal a las ZUT y avanzar hacia la desmovilización. El Gobierno califica este paso como un acto de “buena fe”, al recibir y validar los listados aportados por la estructura armada.
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El Gobierno solicitó a la sociedad civil y a los actores políticos mantener la confidencialidad en torno a los avances del proceso y evitar la instrumentalización electoral de las negociaciones. La delegación oficial subrayó la importancia de proteger los esfuerzos de paz y fortalecer la confianza entre las partes involucradas.
El Clan del Golfo, cifras y antecedentes
El Clan del Golfo es considerado actualmente el grupo armado ilegal más numeroso del país, tanto en cantidad de integrantes como en capacidad de armamento. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, tras la extradición de alias Otoniel en mayo de 2022, el grupo contaba con cerca de 4.099 integrantes. Para 2025, la cifra se incrementó hasta 9.840 hombres en armas.
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El proceso de diálogo y desmovilización con esta organización se desarrolla en la política de “paz total” de Petro, que priorizó acuerdos de cese al fuego y acercamientos con diferentes actores armados en el territorio nacional.
Acompañamiento internacional
El proceso cuenta con el acompañamiento permanente de organismos internacionales y nacionales, que supervisan el cumplimiento de los protocolos y garantías establecidos para el desarrollo del acuerdo.
Las autoridades reiteraron que las labores preparativas y pedagógicas se extenderán hasta la fecha de ingreso a las ZUT. La implementación de estos compromisos será evaluada y ajustada según los avances y retos que surjan durante la ejecución del plan.
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El comunicado conjunto concluye con un llamado a la sociedad para respaldar los esfuerzos de paz en curso, subrayando la importancia de la reserva y la construcción de confianza entre las partes para avanzar en la superación de las violencias en Colombia.
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