
Una vez más el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, incurre en desprolijidades que poco tienen que ver con la propuesta de cambio de una larga historia de descontrol presupuestario y crisis recurrentes, porque el mismo día en que se publica en el Boletín Oficial el Presupuesto Nacional de Gastos y Recursos para el nuevo año se introducen modificaciones presupuestarias para 2017 que elevan en más de $11.000 millones el gasto del viejo año, mientras que solo se dispone de ingresos superiores a los previstos por poco más de $3.400 millones.
Así surge de la Decisión Administrativa 1117 del 29 de diciembre último, firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
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Claramente, sobre un monto de gastos totales de la Administración Central de $2.904.414 millones y un desequilibrio negativo de $679.000 millones, que con otros entes que conforman el sector público nacional –excluidos provincias y municipios– elevan el déficit fiscal esperado para 2018 a 3,2% del PBI (0,9 puntos porcentuales menos que en 2017), elevar el déficit presupuestario del año año previo en unos $7.600 millones, a muchos funcionarios les puede parecer una "nimiedad".
Más aún porque suele argumentarse que se trata de "autorizaciones de gastos que muchas veces no pasan de ahí, porque no llegan a ejecutarse, y que responden a meros trámites administrativos que ajustan partidas entre áreas que subejecutan partidas y otras que las exceden". Sin embargo, esas acciones demuestran que no solo el Banco Central incumple las metas fijadas en valores nominales.
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El destino de las nuevas partidas
LA DA 1117 de 2017 fundamenta los cambios –predominantemente alcistas en el presupuesto en más de $11.000 millones el último día hábil del año viejo– en que es necesario elevar las partidas para "la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de la Dirección Nacional de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, a fin de atender Servicios Médicos y Sanitarios".
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También destaca que el "Ministerio del Interior efectúa una cesión de créditos presupuestarios a favor del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, a efectos de afrontar gastos que hacen a la guarda de equipamiento" y que se requiere "incrementar los créditos vigentes de la Policía Federal Argentina, con el objeto de atender el pago del servicio de policía adicional", junto a que se incrementó el haber mensual, como también el correspondiente al personal de la Gendarmería Nacional; y, por tanto, se debieron "recomponer en forma directa los haberes de los jubilados, retirados y pensionados de esas fuerzas de seguridad", entre otras diversas modificaciones presupuestarias.
Del análisis y sumas y restas de las 143 planillas que incluye el Anexo I a la norma de marras, Infobae pudo advertir que el último día de 2017 se sumaron gastos no debidamente presupuestados por poco más de $11.000 millones, entre los que se destacaron:
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1. $6.240,5 millones para "Coordinación de políticas de transporte fluvial y marítimo, reparación pilotes macizos Muelle Almirante Storni, Chubut";
2. $3.641,1 millones para el pago de "Servicio de deudas de la Administración Central";
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3. $500 millones para la "Administración Nacional de la Seguridad Social" (Anses);
4. $368,1 millones para el "desarrollo de la Educación superior"; y
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5. $255 millones para la "Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina".
La Anses es el único organismo que aparece con ingresos extraordinarios por $1.082,8 millones para afrontar las mayores erogaciones autorizadas, sin incurrir en aumento del déficit de caja.
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También destaca la DA 1117 que se redujo el presupuesto del Indec "debido a que se hallan créditos que no se utilizarán en el presente ejercicio", como así también el correspondiente al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, dependiente del Ministerio de Producción, entre otras diversas modificaciones de las partidas presupuestarias.
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