Diputados presentan una reforma integral a la Ley de Arbitraje de Guatemala que aliviar la carga de los tribunales y acelerar disputas

Los diputados Elmer Palencia y Cristabel de Nájera presentaron este martes una reforma integral a la Ley de Arbitraje de Guatemala que modifica cerca del 80% del Decreto 67-95 para actualizar una norma con casi tres décadas de vigencia, desjudicializar conflictos comerciales y contractuales y ofrecer más certeza a la inversión pública y privada.

La iniciativa también apunta a aliviar la carga del sistema judicial ordinario y a dar seguridad a contratos entre el Estado y empresas privadas, incluidos proyectos de gran magnitud.

Entre los datos expuestos durante la presentación figura que en Guatemala se registran entre 100 y 150 procesos de arbitraje al año.

El arbitraje permite que una disputa sea resuelta por uno o varios árbitros independientes fuera de los tribunales. En el caso planteado por los legisladores, la reforma busca adecuar ese mecanismo a estándares internacionales que, según los promotores, ya fueron adoptados en otras jurisdicciones desde 2006.

Durante la presentación participaron además Alejandro Solares, presidente de la Asociación de Arbitraje; Víctor López, director general de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala; María Ferreyra, de la Cámara de Comercio de Guatemala; y Lisardo Bolaños, ex viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía y ahora integrante de Guatemala no se Detiene.

La propuesta busca reducir ambigüedades y acelerar la resolución de disputas

Palencia sostuvo que la propuesta fue elaborada con un enfoque técnico y que forma parte de una agenda legislativa del bloque Valor orientada al desarrollo económico. Según explicó, uno de los objetivos es atender “de manera responsable y puntual” las controversias que surjan en contratos entre el Estado y particulares, así como entre actores privados.

El legislador afirmó que no se trata de un ajuste parcial, sino de una revisión completa del texto legal. “Se hizo un análisis de toda la Ley y se está reformando el 80%. La modernización es importante, estamos hablando de dos décadas que tiene este decreto, la legislación ha cambiado, necesita que tengamos una ley de arbitraje moderna”.

Solares sostuvo que el proyecto aclara ambigüedades de la ley actual sobre las materias que pueden someterse a arbitraje. También dijo que esa precisión puede traducirse en una menor presión sobre los tribunales: “Esa claridad beneficia directamente la desjudicialización de muchos de los casos que actualmente desbordan el sistema judicial”.

El presidente de la entidad añadió que una de las modificaciones centrales consiste en alinear la legislación guatemalteca con principios y estándares internacionales en materia arbitral. A su juicio, ese ajuste corrige una brecha normativa frente a otros países que adoptaron esos criterios hace casi dos décadas.

El bloque Valor vincula la reforma con inversión y contratos estatales

Palencia afirmó que una normativa actualizada puede generar mayor confianza para invertir en Guatemala y reducir los costos derivados de la demora judicial. “Guatemala es un país donde se puede invertir; nuestro sistema judicial tiende a tener una gran demora, lo que genera pérdidas millonarias. Un proceso ágil permite resolver por medio del arbitraje y evitar que se pueda judicializar”.

Como ejemplo de esa lentitud, mencionó un proyecto de asfalto en San Carlos Alzatate, Jalapa, que permaneció judicializado durante 14 años antes de ser liberado. Para los promotores de la iniciativa, ese tipo de demoras afecta tanto a la ejecución de obras como a la previsibilidad de los contratos.

El diputado también relacionó la reforma con contratos estatales de gran escala, al señalar que un sistema arbitral más claro puede servir para resolver controversias en proyectos estratégicos. Entre ellos mencionó el propuesto sistema de metro o subterráneo mediante convenios con el Reino Unido.

La iniciativa, según Palencia, cuenta con el respaldo de más de 15 ponentes de distintos bloques legislativos. El congresista indicó que será impulsada desde la Junta Directiva para que el Pleno la conozca y luego sea remitida a la comisión correspondiente.

El bloque Valor encuadra esta propuesta dentro de una agenda más amplia que ya incluyó la continuación del análisis y aprobación de la Ley de Competencia, Decreto 32-2024; la Ley de Infraestructura Prioritaria, Decreto 29-2024; y reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, conocida como Ley Anadie, Decreto 16-2010, que ahora contienen disposiciones vinculadas con el arbitraje.