El Tribunal Superior de Cuentas envió un equipo a la Alcaldía Municipal de Yuscarán para verificar denuncias sobre un presunto uso inadecuado de bienes públicos.
La revisión incluye expedientes, documentación administrativa y entrevistas con funcionarios municipales e integrantes del Comité de Probidad y Ética.
La intervención inicia una investigación para determinar si las instalaciones municipales fueron utilizadas para actividades ajenas a la función pública, como señalaron denuncias difundidas en los últimos días.
Como parte de las primeras diligencias, el personal técnico realizará un diagnóstico sobre la gestión ética dentro de la municipalidad para identificar posibles incumplimientos a la normativa que regula la administración pública y definir el alcance de una auditoría específica.
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Alcance de la revisión
El proceso contempla la revisión de expedientes, documentación administrativa, solicitudes de información y entrevistas con funcionarios municipales, así como con integrantes del Comité de Probidad y Ética, con el propósito de reconstruir los hechos y verificar si existen elementos suficientes para profundizar la investigación.
El portavoz del Tribunal Superior de Cuentas, Rodolfo Isaula, explicó que esta fase preliminar permitirá establecer si hubo actuaciones que contravengan las disposiciones legales que rigen el manejo de los bienes del Estado.
Para desarrollar las diligencias fue conformado un equipo integrado por alrededor de diez profesionales, entre abogados y personal técnico especializado, que tendrá a su cargo la recopilación y análisis de la información necesaria para elaborar el informe correspondiente.
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Las autoridades señalaron que el procedimiento se desarrollará con respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales de las personas involucradas, por lo que en esta etapa no existen conclusiones ni determinaciones sobre posibles responsabilidades.
Causa de la investigación
La diligencia surge días después de que el alcalde de Yuscarán, Johny Alejandro Carrasco, quedara en el centro de la polémica por la difusión de un video grabado en un salón de la municipalidad, donde aparece compartiendo con varias personas, consumiendo bebidas alcohólicas y fumando dentro de las instalaciones públicas.
La divulgación del material generó críticas sobre el uso de bienes del Estado, motivó llamados para que el caso fuera investigado y llevó al propio edil a ofrecer disculpas públicas, aunque posteriormente descartó renunciar al cargo al asegurar que cuenta con el respaldo de la población
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¿Qué puede resolver el Tribunal Superior de Cuentas?
Una vez finalizada la auditoría, el informe técnico establecerá si existen hallazgos que puedan derivar en responsabilidades administrativas, civiles o de otra naturaleza, conforme a las atribuciones que la legislación hondureña confiere al órgano contralor.
El Tribunal Superior de Cuentas es la institución responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos y supervisar la actuación de los servidores del Estado. Entre sus atribuciones se encuentran la realización de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento, además de investigar denuncias relacionadas con el manejo de fondos, bienes e instalaciones públicas.
Las investigaciones pueden originarse por denuncias ciudadanas, informes internos o hechos que adquieran relevancia pública. Según los resultados, el organismo puede emitir recomendaciones, establecer responsabilidades administrativas y trasladar expedientes al Ministerio Público cuando identifique indicios de posibles delitos.
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El Tribunal recordó que cualquier ciudadano puede presentar denuncias sobre presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública a través de los canales oficiales de la institución, siempre que existan elementos que permitan sustentar la investigación.
Mientras avanzan las diligencias en Yuscarán, el equipo técnico continuará con la recopilación de información y el análisis de la documentación correspondiente.
El informe final determinará si las denuncias tienen fundamento y si procede deducir algún tipo de responsabilidad conforme al marco legal vigente.
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