Condenan a seis años a cuñada de excandidado presidencial de Guatemala por el caso Odebrecht

El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Judith Celina Vargas Monroy a seis años de prisión en el caso Odebrecht. La condenada es cuñada del excandidato a la presidencia de Guatemala, Manuel Baldizón, quien enfrenta proceso judicial por el mismo caso.

La decisión redujo a la mitad la pena de 12 años que había solicitado el Ministerio Público (MP) por los delitos de hurto agravado y falsedad ideológica. La sentencia también ordenó descontar el tiempo que Vargas permaneció en prisión preventiva para calcular la reducción correspondiente.

De acuerdo con los juzgadores, la conducta de la cuñada de Baldizón encuadra únicamente en asociación ilícita, ya que las pruebas presentadas no lograron evidenciar que la sentenciada haya sido la responsable de cometer los delitos señalados por la fiscalía.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Vargas Monroy, falsificó información en la constitución de empresas que presuntamente sirvieron para lavar fondos procedentes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht, cuando fungía como Gerente General de la empresa Transportes ADN.

Ahora, el proceso seguirá el viernes 24 de julio con la discusión sobre una sentencia de reparación digna, que la obliga a pagar al Estado una suma de dinero que dicte el Juzgado para compensar el daño causado por los actos de corrupción cometidos. Luego de ello, existe la posibilidad de impugnaciones a los fallos.

El tribunal concluyó que Vargas actuó en grupo, pero no falsificó documentos

El juez Walter Mazariegos, quien presidió el tribunal en esta ocasión, explicó que los juzgadores concluyeron por unanimidad que los hechos expuestos y las pruebas discutidas durante el debate oral y público no permitían encuadrar su actuación en hurto agravado ni en falsedad ideológica.

Según lo expuesto por el tribunal, Vargas habría realizado acciones junto con otras personas responsables de los hechos atribuidos por la fiscalía, entre ellos la consignación de datos falsos en documentos. La resolución precisó, sin embargo, que no quedó establecido que ella hubiera sido la persona que falsificó materialmente esos documentos, razón por la que su conducta fue reclasificada como asociación ilícita.

Ese cambio de calificación penal respondió al núcleo de la sentencia: la condena no se apoyó en la tesis completa del Ministerio Público, sino en una participación conjunta con otros implicados. Por eso, el órgano judicial impuso una pena menor a la reclamada por la fiscalía.

La acusación vinculaba las empresas con fondos de supuestos sobornos

En su petición original, el Ministerio Público sostuvo que Celina Vargas era la supuesta responsable de falsificar la firma de personas que trabajaban con ella para designarlas como presuntos representantes legales de empresas de fachada.

Esas entidades, según la acusación, habrían sido utilizadas para limpiar fondos provenientes de los supuestos sobornos que Odebrecht habría entregado para financiar la campaña política de Manuel Baldizón, quien buscaba la presidencia de Guatemala.

La fiscalía también planteó que, de ese modo, Vargas pudo haberse apoderado de esos fondos. Esa era la base sobre la que solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo A la imposición de los 12 años de cárcel.

La sentencia conocida este martes resolvió ese punto en una dirección distinta a la pedida por el ente investigador. El viernes 24 de julio se discutirá la imposición de una reparación digna y, después de esa etapa, tanto la defensa como la fiscalía podrán presentar impugnaciones si no están de acuerdo con lo resuelto por el tribunal.

De candidato presidencial a exconvicto confeso

Manuel Baldizón es un político guatemalteco que inició su carrera como diputado en el Congreso de la República en 2004. En 2011, buscó por primera vez la presidencia de Guatemala, pero obtuvo el segundo lugar, tras perder la elección contra Otto Pérez Molina.

En 2015 intentó nuevamente alcanzar la silla presidencial, pero quedó en tercer lugar. En esa campaña política iniciaron los señalamientos en su contra relacionados con utilización de fondos públicos para financiar su carrera electoral, por lo que, en enero de 2018 buscó el exilio en Estados Unidos, mismo que le fue negado.

Ese mismo año, pero en septiembre, el FBI de Miami lo capturó luego de que la Fiscalía de Florida lo acusara de recibir dinero del narcotráfico, con el cual habría financiado sus campañas políticas.

Por este delito fue condenado a 4 años de cárcel en Estados Unidos, pero logró su liberación antes de tiempo tras declararse culpable.