Aranguren anticipó que habrá una revisión tarifaria integral

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió el alza de tarifas de gas domiciliarias obligó a un drástico cambio de estrategia oficial respecto del incremento en los servicios públicos. De hecho, el Gobierno confirmó el acatamiento de la resolución judicial antes de que tomara estado público este jueves.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, adelantó en conferencia de prensa en la Casa Rosada que habrá una "revisión tarifaria integral" que abarcará además del gas a la electricidad. Asimismo, las audiencias públicas convocadas para el mes que viene para la tarifa de gas se replicarán en octubre para el servicio eléctrico.

"Ratificamos que en el último trimestre de este año, particularmente en octubre, vamos a tener una revisión tarifaria integral, con el proceso de audiencia pública incluida, donde se va a poder conocer de parte de las empresas cuál es la calidad del servicio que van a ofrecer, cómo va a ir mejorando en los próximos cinco años, qué nivel de inversión se tiene que hacer para mejorar esa calidad del servicio y cuál es el costo para lograr ese nivel. Por lo tanto, esa va a ser la tarifa para remunerar un servicio público", detalló Aranguren.

"En lo que tiene que ver con lo que es el costo de generación de electricidad o el precio de gas en boca de pozo, lo que el Estado nacional hace es cubrir la diferencia entre lo que cuesta la energía y lo que se paga de tarifa. Y nuestro objetivo como Estado es lograr las dos cosas: que podamos disminuir el costo de generación y que gradualmente la tarifa pueda ir cubriendo ese costo de generación para lograr que los caudales públicos se destinen a otras áreas y no necesariamente a subsidiar la energía", continuó Aranguren.

En el mismo sentido, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que el fallo de la Corte Suprema confirma que el Gobierno tiene que llevar adelante una "mejora estructural del sistema energético", que está en crisis "producto de malas políticas".

Peña indicó que que el Gobierno llamará a las audiencias públicas para modificar el cuadro tarifario "en el término más rápido dentro de lo que permite la ley", en unas tres semanas, mientras que se dispondrá a "emitir órdenes a las empresas para que facturen con el cuadro anterior".