La agenda doméstica de Donald Trump comienza a teñir también su política exterior y de defensa. El mandatario prometió ampliar el centro de detención de migrantes de la base naval de Guantánamo ubicada al sudeste de Cuba para alojar a “los peores delincuentes extranjeros que amenazan al pueblo estadounidense”, tal como los denominó el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
El flamante titular del Pentágono, el polémico Pete Hegseth, aseguró que los “deportados peligrosos” podrían ser colocados en las instalaciones que actualmente albergan a 15 prisioneros de la guerra contra el terrorismo.
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Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, los combatientes y terroristas extranjeros fueron alojados en esa base militar, ubicada en el sudeste de Cuba. También se utilizó la base de Guantánamo para alojar inmigrantes detenidos en aguas del Caribe, mayormente cubanos y haitianos.
“Se seguirá el debido proceso”, matizó la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en declaraciones a la cadena NBC. “Contar con instalaciones de la bahía de Guantánamo supondrá un activo para nosotros, ya que tendremos la posibilidad de seguir haciendo lo que siempre hemos hecho”, añadió, en alusión a la detención de inmigrantes ilegales en la base.
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El plan de Trump y el uso de Guantánamo como cárcel extraterritorial
Para avanzar en su plan, Trump firmó una orden ejecutiva, que le permitirá deportar a ciudadanos extranjeros indocumentados. A su vez, en un memorándum dirigido a los secretarios de Defensa y de Seguridad Interior, les pidió que adoptaran las acciones necesarias para llevar al Centro de Gestión de Migrantes de Guantánamo a su “plena capacidad” para ingresar a “criminales extranjeros que se encuentren ilegalmente en EE. UU”.
Según informó el gobierno, “el memorándum está destinado a detener la invasión en la frontera, desmantelar los carteles criminales y restaurar la soberanía nacional”.
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La decisión del mandatario republicano se enmarca en la “emergencia nacional” decretada el pasado 20 de enero, el día de su toma de posesión. Para avanzar en la instrumentación de la medida, ya fueron enviados 150 militares estadounidenses a la base de Guantánamo.
La elección de esta instalación militar no fue caprichosa. Allí no se aplican las mismas garantías legales en materia migratoria que rigen en territorio continental estadounidense. Sin embargo, en 2008, un fallo de la Corte Suprema de EE. UU. estableció que los detenidos allí sin cargos, en el marco de la guerra contra el terrorismo, tenían derecho a impugnar su detención ante un tribunal federal. Hasta el año pasado, solo 11 de los 780 detenidos habían sido sometidos a algún tipo de proceso en la Justicia.
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Las promesas de cierre incumplidas
Los últimos dos presidentes demócratas, Barack Obama y Joe Biden, prometieron en su momento el cierre del centro de detención, pero no cumplieron su promesa una vez en el poder. En cambio, sí lograron trasladar a buena parte de los detenidos en Guantánamo a terceros países, mediante acuerdos de repatriación y reasentamiento, como el que se alcanzó en 2020 con Emiratos Árabes Unidos, que permitió la salida de 15 detenidos en dirección a ese país del Golfo.
Organizaciones de derechos humanos han alzado su voz de protesta. “El nombre de Guantánamo es sinónimo de vergüenza e infamia, por ser el lugar de tortura donde se sigue reteniendo a prisioneros durante años sin cargos ni juicio”, afirmó Bill Frelick, director de derechos de los refugiados y migrantes de Human Rights Watch. En la misma línea, Amnesty International pidió el “cierre de la prisión” y cuestionó el uso de las instalaciones para la detención de inmigrantes.
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En 2015, al referirse a los presos retenidos en el marco de la guerra contra el terrorismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que “la detención continuada e indefinida de individuos en Guantánamo sin derecho al debido proceso es arbitraria y constituye una clara violación del derecho internacional”, y recomentó el cierre del centro de detención.
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