António Guterres, actual secretario general de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que la organización se encuentra en “carrera hacia la bancarrota” por la insostenible situación financiera en la que está sumida. En respuesta, el organismo redujo dotaciones de personal, así como también su presupuesto para el año 2026.
Además de la notoria crisis de legitimidad que golpea al organismo internacional, el colapso financiero surge de dos factores: el impago de cuotas por parte de varios Estados miembros y la obligación normativa de devolver fondos no utilizados, aunque estos no fueron cobrados.
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Crisis financiera en la ONU: impago de tasas y cumplimiento de obligaciones normativas
La ONU cerró el año 2025 con una cifra récord de 1560 millones de dólares en cuotas impagas, más del doble que en 2024. El mayor deudor es Estados Unidos, responsable de aproximadamente el 95 % de esa deuda, de unos 2200 millones de dólares si se suman las cuotas no pagadas de 2025 y las acumuladas en los primeros meses de 2026. A EE. UU., le siguen China, Rusia, Venezuela, Brasil, Argentina, México e Irán.
De acuerdo con las normas de la ONU, las contribuciones dependen del tamaño de la economía de cada Estado miembro. Estados Unidos representa el 22 % del presupuesto central, seguido por China, con el 20 %. Sin embargo, además de no pagar sus cuotas correspondientes, Washington también recortó de manera drástica la financiación voluntaria de diferentes agencias de la ONU, lo que pone en riesgo la viabilidad de muchos programas de ayuda.
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A esto se suma una normativa que agrava el cuadro. La ONU está obligada a devolver en 2027 unos 1300 millones de dólares en fondos no utilizados, de los cuales casi 900 millones provienen de recortes en Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP). En la práctica, la institución debe reembolsar dinero que nunca llegó a recibir en su totalidad. Guterres describió esta situación como un “ciclo kafkiano”: la organización debe devolver un dinero que no existe.

El secretario general advirtió que la ONU había enfrentado crisis financieras en el pasado, pero que la situación actual era “categóricamente diferente”. Señaló que se anunciaron formalmente decisiones de no honrar las contribuciones que financian una parte significativa del presupuesto ordinario aprobado, y que 2025 terminó con una cantidad récord sin pagar, equivalente al 77 % del total adeudado.
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En ese contexto, y como parte del plan de ajuste denominado ONU80, el organismo anunció la eliminación de casi 2700 puestos de trabajo y recortes superiores al 21 % en misiones políticas especiales para el corriente año. La crisis ya es visible en su sede en Ginebra, donde se apagaron escaleras mecánicas, se colocaron carteles de advertencia y se redujo la calefacción para ahorrar energía. Los Estados miembros también acordaron recortar el presupuesto de 2026 en alrededor de un 7 %, lo que representa un presupuesto de 3450 millones de dólares.
Consecuencias y soluciones de la crisis
De no revertirse la situación, las consecuencias serían inmediatas y de alcance global. La ONU se vería obligada a cerrar temporalmente su sede principal de Nueva York en agosto si no recibe financiación suficiente en las próximas semanas. Entre las posibles consecuencias, figura la cancelación de la Asamblea General anual prevista para septiembre, en la que participan líderes de todo el mundo, además del cierre de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, encargada de responder a emergencias globales.
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Como parte del ajuste estructural, la ONU también evalúa medidas que implicarían una transformación sin precedentes. La decisión de relocalizar las agencias UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres en Nairobi para finales de 2026 responde a la estrategia de eficiencia de la reforma ONU80, en un contexto en el que Estados Unidos recortó más del 90 % de los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). También se evalúa la fusión en una sola agencia de las operaciones del Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados.

El trasfondo político es inseparable de la crisis. Guterres, que dejará el cargo a finales de 2026, calificó el mundo como desgarrado por “divisiones geopolíticas autodestructivas y violaciones descaradas del derecho internacional”, y denunció los “recortes generalizados en la ayuda humanitaria y al desarrollo”, en aparente referencia a las políticas de la administración de Trump. Además, Donald Trump lanzó el “Consejo de la Paz”, iniciativa que buscaría posicionarse como una organización rival de la ONU.
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Ante este escenario, Guterres planteó dos caminos posibles. El primero es que los Estados morosos paguen lo adeudado. El segundo es reformar el reglamento financiero de la organización. “O todos los Estados miembros cumplen sus obligaciones de pagar íntegra y puntualmente, o bien deben revisar a fondo nuestras normas financieras para evitar un colapso financiero inminente”, mencionó el secretario general. Ese proceso requiere el acuerdo de dos tercios de la Asamblea General y la aprobación de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China.
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