Un profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue detenido como sospechoso de participar en una red internacional dedicada al intercambio de material de abuso sexual infantil, en una investigación que involucra a decenas de personas de distintos países y cientos de archivos digitales bajo análisis de las autoridades.
El sospechoso fue identificado como un hombre de apellidos Altamirano Campos, de 32 años, quien fue capturado durante un allanamiento efectuado por agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en Salitrillos de Aserrí, al sur de San José.
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El operativo comenzó aproximadamente a las 6:00 de la mañana, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, después de una investigación que se extendió durante más de un año y que tuvo su origen en una alerta internacional sobre presuntas actividades relacionadas con la tenencia y distribución de contenido sexual que involucra a personas menores de edad.
Durante las diligencias, los investigadores decomisaron distintos dispositivos electrónicos y unidades de almacenamiento de información, que serán sometidos a análisis forenses para determinar si contienen material relacionado con los delitos investigados.
La captura adquiere relevancia debido a que el sospechoso estaría vinculado laboralmente con la principal universidad pública del país.
Un grupo internacional con 177 integrantes
Uno de los principales hallazgos divulgados por las autoridades apunta a la existencia de un grupo de WhatsApp en el que presuntamente se compartían archivos de contenido sexual infantil.
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Ese grupo estaría integrado por aproximadamente 177 usuarios de diferentes países, y el docente detenido sería el único participante costarricense identificado dentro de esa conversación.
La investigación también permitió identificar movimientos relacionados con aproximadamente 500 archivos de contenido sexual infantil, entre documentos digitales que presuntamente habrían sido enviados, recibidos, cargados o descargados por medio de plataformas tecnológicas.
Estos datos constituyen parte de las pesquisas y deberán ser respaldados mediante el análisis de los dispositivos y registros digitales incorporados al expediente judicial.
Los investigadores procuran determinar cuál habría sido la participación específica del sospechoso, la naturaleza de los archivos intercambiados y si existen otros elementos que permitan establecer una eventual responsabilidad penal.
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La investigación también busca esclarecer el funcionamiento de la red internacional y las conexiones digitales entre sus participantes.
Aunque se investiga un grupo numeroso, la información divulgada hasta el momento no permite afirmar que las 177 personas hayan cometido delitos ni que todas se encuentren formalmente identificadas o procesadas judicialmente.
Una alerta internacional permitió iniciar la investigación en 2025
La detención del profesor universitario fue el resultado de una investigación iniciada en mayo de 2025, cuando la Sección Especializada contra el Cibercrimen del OIJ recibió información procedente del extranjero sobre posibles delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.
Los hechos que originaron la alerta habrían ocurrido durante abril de 2025, aproximadamente 18 meses antes de la captura.
A partir de esa información, los agentes judiciales desarrollaron diligencias para identificar al presunto usuario involucrado, establecer su ubicación y recopilar indicios que permitieran vincularlo con las actividades denunciadas.
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Las pesquisas condujeron a una vivienda en Salitrillos de Aserrí, donde los investigadores ejecutaron el allanamiento este jueves.
Según el reporte del OIJ, el hombre presuntamente utilizaba una plataforma internacional de mensajería para recibir y enviar material de abuso sexual infantil.
Computadoras y dispositivos decomisados serán sometidos a análisis
Durante el allanamiento, los agentes judiciales localizaron y decomisaron aparatos electrónicos y dispositivos de almacenamiento de memoria que podrían contener información de interés para el expediente.
Estos equipos serán examinados mediante procedimientos de informática forense, con el propósito de identificar archivos, registros de comunicaciones y otros elementos que permitan reconstruir los movimientos digitales investigados.
Las diligencias permitirán determinar si los dispositivos contienen evidencia que respalde las sospechas de tenencia o difusión de material de abuso sexual infantil.
También será necesario establecer si los archivos investigados se encontraban almacenados en los equipos del detenido o si existieron operaciones mediante servicios digitales externos.
¿Qué penas contempla la legislación costarricense?
En Costa Rica, la tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil están tipificadas como delitos en el Código Penal, con sanciones que varían según la conducta investigada.
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El artículo 173 bis establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes posean material pornográfico en el que aparezca una persona menor de edad o incapaz.
La disposición también contempla el almacenamiento de esos archivos en dispositivos electrónicos o sistemas de almacenamiento remoto.
Por su parte, el artículo 174 establece penas de cinco a nueve años de prisión para quienes exhiban, difundan, distribuyan, financien o comercialicen material pornográfico en el que aparezcan personas menores de edad, o lo posean con esas finalidades.
Estas disposiciones fueron modificadas mediante la Ley N.º 10020, aprobada en 2021, que fortaleció el marco legal relacionado con los delitos sexuales cometidos mediante tecnologías de comunicación.
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No obstante, las eventuales consecuencias penales para Altamirano Campos dependerán de los delitos que formalmente le atribuya el Ministerio Público, de la evidencia presentada y de las decisiones que adopten los tribunales.
La vinculación con la Universidad de Costa Rica
La Universidad de CostaRica (UCR) emitió un comunicado oficial en el que condenó categóricamente cualquier forma de explotación sexual contra menores de edad y anunció el inicio de gestiones internas para verificar la situación del funcionario investigado.
“La UCR condena de manera tajante y sin matices la producción, tenencia, distribución o consumo de material de abuso sexual infantil”, señaló la institución, que aseguró que aplicará las medidas administrativas, cautelares, disciplinarias y legales que correspondan, de conformidad con la normativa universitaria y nacional.
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El sospechoso quedó a disposición de las autoridades judiciales
Después de su detención, Altamirano Campos fue remitido a las autoridades judiciales para continuar con los procedimientos correspondientes.
Corresponderá al Ministerio Público determinar los próximos pasos de la investigación y valorar si procede solicitar medidas cautelares ante un juzgado penal.
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