Más de 200 integrantes de distintos cuerpos policiales de Costa Rica se encuentran bajo investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico, según confirmó el Gobierno del país centroamericano.
El dato fue revelado en medio de una amplia intervención sobre la penetración del crimen organizado en distintas estructuras del país y sobre la cooperación que mantienen las autoridades costarricenses con agencias internacionales para combatir redes dedicadas al tráfico de drogas y la legitimación de capitales.
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“Ya vamos por más de 200 compañeros oficiales de diferentes cuerpos de policía que estamos investigando por presuntos vínculos con el narcotráfico”, afirmó la presidenta Laura Fernández.
Gobierno advierte sobre infiltración del crimen organizado
El Ejecutivo presentó estas investigaciones como parte de un problema más amplio relacionado con la capacidad de las organizaciones criminales para penetrar estructuras públicas y mezclarse con actividades legales.
Fernández sostuvo que el fenómeno no se limita a organizaciones que operan abiertamente al margen de la ley, sino que también incluye personas que mantienen actividades empresariales, comerciales o profesionales mientras, presuntamente, participan en redes delictivas.
“El narcotráfico también se filtró en los cuerpos policiales de Costa Rica”, aseguró la presidenta.
La mandataria agregó que el Gobierno continuará impulsando investigaciones internas y operativos dirigidos a identificar posibles casos de corrupción dentro de las instituciones encargadas precisamente de combatir la criminalidad.
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Ese señalamiento se suma a advertencias realizadas por el Ejecutivo sobre la presencia de redes criminales en otras estructuras institucionales, en momentos en que Costa Rica enfrenta una creciente presión por homicidios, tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales y disputas entre grupos organizados.
Cooperación con DEA y FBI
El Gobierno también aseguró que mantendrá la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el FBI para investigar organizaciones de alcance internacional y detectar posibles colaboradores dentro del país.
Fernández defendió el trabajo conjunto de estas agencias con la Policía de Control de Drogas (PCD) y otros cuerpos nacionales.
“Mientras yo sea presidenta de la República, la DEA, el FBI y los cuerpos de policía del OIJ y del Gobierno van a seguir persiguiendo a los criminales”, manifestó.
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La presidenta señaló que esa cooperación resulta especialmente importante cuando se trata de estructuras de delincuencia transnacional, debido a que algunas investigaciones se originan fuera de Costa Rica o requieren intercambio de información con autoridades extranjeras.
Según explicó, algunas personas vinculadas presuntamente con narcotráfico o lavado de dinero pueden mantener durante años una apariencia de normalidad, sin que existan expedientes públicos que permitan advertir de inmediato sus actividades.
“Que caiga el que tenga que caer”
Fernández afirmó que las investigaciones continuarán sin importar la posición de las personas involucradas y aseguró que su administración no protegerá a funcionarios que eventualmente resulten vinculados con estructuras criminales.
“Que caiga el que tenga que caer”, expresó.
También sostuvo que el objetivo del Gobierno es identificar y separar de las instituciones públicas a quienes puedan estar colaborando con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
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“Hay que limpiar a Costa Rica”, agregó la mandataria durante su intervención.
El Ejecutivo ha señalado en varias ocasiones que la corrupción dentro de los cuerpos policiales representa uno de los principales riesgos para las operaciones contra el crimen organizado, ya que puede facilitar filtraciones de información, movimientos de cargamentos, evasión de controles o protección a determinadas estructuras criminales.
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