
Costa Rica continúa figurando entre los principales territorios utilizados por las redes internacionales del narcotráfico, una condición que, según advirtió la Universidad Estatal a Distancia (UNED), refleja un problema de seguridad que ya no se limita al traslado de cargamentos de droga hacia otros mercados.
Estados Unidos mantuvo al país dentro de una clasificación de 23 naciones consideradas principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, según una determinación presidencial firmada el 11 de septiembre de 2026 y publicada el 18 de septiembre en el Registro Federal estadounidense.
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La inclusión responde a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el movimiento de estupefacientes y precursores químicos, pero no implica automáticamente sanciones ni constituye una declaración de incumplimiento de las obligaciones internacionales contra el narcotráfico.
De hecho, Costa Rica no aparece entre Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, los cuatro países que Washington identificó por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales en esta materia durante los 12 meses anteriores.
Sin embargo, para Karen Jiménez Morales, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, la permanencia del país en esta clasificación evidencia la necesidad de analizar cómo las organizaciones criminales han ampliado sus operaciones dentro del territorio nacional.
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“Que Costa Rica esté en esta lista que emite Estados Unidos no significa que nuestro país sea sancionado ni que se esté considerando que está fracasando en la lucha contra el narcotráfico, lo que evidencia es que sí seguimos siendo un territorio relevante dentro de las rutas internacionales de drogas”, explicó Jiménez.

La académica advirtió que el fenómeno ha evolucionado y que el territorio costarricense dejó de funcionar únicamente como un punto de conexión entre los países productores y los mercados internacionales.
“Se han establecido estructuras logísticas, personas que facilitan sus operaciones y redes locales que permiten almacenar, custodiar, distribuir y vender drogas tanto en el territorio nacional como a nivel internacional”, señaló.
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Como ejemplo de la dimensión internacional de estas operaciones, la UNED recordó que durante septiembre trascendió una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre una célula que presuntamente utilizaba pistas clandestinas en Guanacaste para recibir cocaína y trasladarla posteriormente hacia México y Estados Unidos.
Para Jiménez, el establecimiento de estas redes permite que las organizaciones criminales amplíen sus actividades más allá del transporte de estupefacientes, lo que genera consecuencias directas para las comunidades costarricenses.
“Cuando estas organizaciones se consolidan dentro del país amplían ese catálogo de servicios del crimen organizado, generando además corrupción, lavado de dinero, reclutamiento de jóvenes y disputas territoriales que nos tienen con este problema de violencia homicida tan grave”, afirmó.
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La especialista sostuvo que la respuesta institucional no puede concentrarse exclusivamente en los resultados operativos de las autoridades policiales.
“Estamos ante un problema bastante complejo que requiere respuestas igualmente complejas, no basta con limitarnos al decomiso de drogas y a la detención de personas”, manifestó.
Desde su perspectiva, el abordaje debe incorporar simultáneamente el fortalecimiento de la seguridad portuaria, la inteligencia criminal, la investigación financiera y la cooperación internacional, junto con estrategias que permitan reducir las condiciones sociales aprovechadas por las organizaciones criminales para captar nuevos integrantes.
Jiménez destacó especialmente la situación de las personas jóvenes, quienes pueden encontrarse expuestas a procesos de reclutamiento en comunidades afectadas por la desigualdad y la violencia.
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“Ni que hablar del tema de las desigualdades sociales, que convierten a nuestras comunidades en caldos de cultivo para la generación de criminalidad y violencia, esto es fundamental para evitar el reclutamiento criminal, sobre todo de las personas jóvenes, quienes prácticamente están asumiendo esos nuevos liderazgos”, agregó.

Ante este panorama, la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED anunció que desarrollará jornadas de trabajo con diputaciones de la Asamblea Legislativa para aportar conocimiento académico y técnico al análisis de iniciativas relacionadas con seguridad.
Los encuentros abordarán temas como prevención social de la violencia, crimen organizado, seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional, además de las posibles implicaciones de los proyectos legislativos en estas materias.
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La intención es facilitar que las personas legisladoras cuenten con insumos especializados para discutir propuestas y formular políticas públicas a partir de evidencia.
“Para la Carrera de Ciencias Policiales, enfrentar el crecimiento y transformación de las estructuras criminales requiere complementar la acción policial y judicial con prevención social, investigación, cooperación interinstitucional y políticas públicas construidas a partir de evidencia”, señaló Jiménez.

La académica concluyó que el desafío para Costa Rica no consiste únicamente en impedir el paso de cargamentos de droga, sino también en evitar que las organizaciones que facilitan ese tránsito consoliden sus operaciones dentro del país y continúen alimentando otras manifestaciones del crimen organizado.
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