Una condena de 48 años de prisión impuso el Tribunal Penal de Heredia a un hombre de apellido Ávila por delitos cometidos contra dos niñas. El acusado era abuelastro de las víctimas y, según informó El Observador, esa relación le permitió construir una cercanía que facilitó los hechos.
La Fiscalía acreditó durante el juicio que los delitos contra una de las niñas ocurrieron entre enero de 2021 y 2022. Los ataques contra la segunda víctima se produjeron entre el 1.º de octubre y el 31 de diciembre de 2024, en La Milpa, una comunidad de Guararí de Heredia.
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El caso volvió a poner en foco una advertencia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ): las personas investigadas por delitos sexuales contra menores de edad suelen pertenecer al círculo conocido de las víctimas o mantener vínculos con sus familias.
La cercanía familiar o afectiva puede permitir que un agresor acceda a niños, niñas y adolescentes sin despertar sospechas. El OIJ sostiene que esa confianza facilita el contacto con la persona menor de edad y puede derivar en abusos sexuales, violaciones u otros delitos de naturaleza similar.
Más de 7,400 casos registrados durante 2024
El Ministerio Público registró 7,409 casos de abuso sexual contra personas menores de edad e incapaces durante 2024, según los datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.
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Del total de víctimas contabilizadas, 6,227 fueron mujeres y 1,182 fueron hombres. El registro incluye denuncias vinculadas con delitos sexuales contra personas en condición de especial vulnerabilidad.
El investigador de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ, Roberto Pérez, indicó que no existe un perfil único de agresor sexual.
Pérez explicó a El Observador que las denuncias muestran con frecuencia que los sospechosos son personas conocidas por las víctimas, allegadas a sus familias o integrantes de su entorno más próximo.
El funcionario remarcó que esa condición puede reducir las alertas iniciales de madres, padres, responsables y otros adultos cercanos. La confianza previa, indicó, puede convertirse en una vía para que el agresor se acerque a la víctima.
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Los cambios de conducta pueden funcionar como señales de alerta
El investigador pidió prestar atención a modificaciones repentinas en el comportamiento de niños, niñas y adolescentes. Entre las señales mencionadas figuran conocimientos sexuales que no corresponden con la edad, vocabulario inusual, juegos sexualizados y conductas hipersexualizadas.
“De un momento a otro hay un conocimiento sexual avanzado por parte de la persona menor de edad”, señaló Pérez ante el medio. El investigador agregó que esos cambios pueden incluir expresiones, juegos o conocimientos que no se ajustan a su etapa de desarrollo.
El aislamiento también puede constituir una alerta. El temor hacia determinados adultos, la resistencia a visitar ciertos lugares y los cambios abruptos de humor requieren atención de las personas responsables del cuidado de menores de edad.
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La caída inexplicable en el rendimiento escolar aparece entre los comportamientos que las familias pueden advertir. El OIJ incluyó, además, las alteraciones del sueño como pesadillas frecuentes, insomnio, miedo a dormir o temor a quedarse a solas.
Las variaciones en la alimentación también pueden coincidir con situaciones que requieren una intervención adulta. La pérdida de apetito, el rechazo de alimentos que antes disfrutaban o la ingesta excesiva forman parte de las señales descritas por el investigador.
Escuchar a la víctima y comunicar los hechos a las autoridades
Ante una revelación de posible abuso, Pérez sostuvo que la primera respuesta debe ser escuchar a la persona menor de edad. La recomendación apunta a evitar que la víctima quede sola frente a una situación que puede involucrar a alguien de su entorno cercano.
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El funcionario indicó que, tras conocer la posible agresión, corresponde comunicar los hechos a las autoridades. Esa actuación permite que las instituciones competentes valoren el caso y determinen las medidas necesarias.
La sentencia contra Ávila expuso cómo una relación familiar puede ser utilizada para establecer proximidad con las víctimas. La condena dictada en Heredia se conoció a finales de julio y se vincula con delitos cometidos en distintos períodos contra las dos niñas.
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