“No seré su chivo expiatorio”: Laura Fernández frena recorte de ₡27 mil millones al Judicial bajo condiciones de contraloría

La presidenta de Costa Rica condiciona la entrega paulatina del dinero para el sistema de justicia a auditorías del fideicomiso, un aval de la Contraloría y la venia del Congreso, en medio del debate presupuestario

Presupuesto 2027 en Costa Rica: Laura Fernández recorta menos al Poder Judicial, exige auditorías y pone armas y chalecos antibalas en el centro (Captura de video)
Presupuesto 2027 en Costa Rica: Laura Fernández recorta menos al Poder Judicial, exige auditorías y pone armas y chalecos antibalas en el centro (Captura de video)
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La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que el Gobierno reducirá de 27 mil millones de colones, unos USD 60,1 millones, a 11 mil millones de colones, cerca de USD 24,5 millones, el ajuste previsto para el Poder Judicial en el presupuesto de 2027. La liberación de esos recursos quedará sujeta al cumplimiento de tres condiciones vinculadas con auditorías, control legislativo y resultados de gestión.

Durante su cadena nacional dominical, Fernández afirmó que las instituciones bajo control del Ejecutivo absorberán la diferencia del recorte. La medida, según planteó, busca asegurar fondos para armas y chalecos antibalas, ante las advertencias de autoridades judiciales sobre el impacto que tendría la disminución presupuestaria en sus tareas.

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La mandataria rechazó que el Gobierno sea responsabilizado por problemas acumulados en el sistema judicial y sostuvo que no aceptará que el Ejecutivo sea utilizado como “excusa” por deficiencias que, a su juicio, llevan años.

No voy a ser el chivo expiatorio del Poder Judicial... ¿Estos problemas que llevan años son mi culpa? A mí no me utilizarán como excusa de sus errores", señaló la mandataria.

Los fondos dependerán de una revisión del fideicomiso judicial

La primera condición planteada por Fernández apunta a las cuentas auditadas del fideicomiso para infraestructura judicial administrado en el Banco de Costa Rica. La presidente pidió que esos registros sean evaluados por la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.

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Laura Fernández insiste en liberar recursos según resultados: "La Asamblea Legislativa decidirá con base en el desempeño, con base en resultados" (Imagen Asamblea Legislativa de Costa Rica, archivo)
Laura Fernández insiste en liberar recursos según resultados: "La Asamblea Legislativa decidirá con base en el desempeño, con base en resultados" (Imagen Asamblea Legislativa de Costa Rica, archivo)

El segundo requisito será una certificación de la Contraloría General de la República sobre el cumplimiento de las disposiciones emitidas por las auditorías relacionadas con las obras financiadas a través de ese mecanismo.

La tercera exigencia, que Fernández definió como la principal, establece que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y luego el plenario de la Asamblea Legislativa deberán autorizar al Ministerio de Hacienda a liberar los recursos.

Liberaremos los recursos en tractos solo después de que se cumplan tres pasos”, afirmó la mandataria en el mensaje difundido este domingo.

La reducción prevista quedará en 2%, según la presidente

Fernández señaló que el Ministerio de Hacienda había comunicado inicialmente una reducción de 27 mil millones para el presupuesto judicial de 2027. Tras una instrucción del Ejecutivo, agregó, el ajuste quedará limitado a 11 mil millones, equivalente a un 2%.

La Casa Presidencial supeditó los desembolsos a auditorías del fideicomiso de infraestructura en el Banco de Costa Rica, a una certificación de la Contraloría y a la aprobación de Hacienda por comisiones y el plenario (Foto cortesía expresidente Carlos Alvarado)
La Casa Presidencial supeditó los desembolsos a auditorías del fideicomiso de infraestructura en el Banco de Costa Rica, a una certificación de la Contraloría y a la aprobación de Hacienda por comisiones y el plenario (Foto cortesía expresidente Carlos Alvarado)

La presidente indicó que esa decisión no supone una concesión sin condiciones. “El Poder Judicial tendrá que dar cuentas al pueblo de Costa Rica de ese dinero”, sostuvo.

Entre los gastos cuestionados mencionó el alquiler del edificio de la Sala Constitucional. Según dijo, el monto pasó de 102 mil dólares mensuales en 2017 a 122 mil dólares desde 2024, pese a que solo asiste el 20% de los empleados.

Fernández pidió evaluar mora judicial, impunidad y corrupción

La mandataria afirmó que la Asamblea Legislativa deberá valorar la liberación de recursos a partir del desempeño institucional. Entre los indicadores que mencionó figuran la mora judicial, los errores de la Fiscalía, la impunidad y los casos de corrupción dentro del Poder Judicial.

La revisión del fideicomiso en el Banco de Costa Rica, la certificación de la Contraloría y una votación del Congreso aparecen como el filtro decisivo que definirá cuánto llegará y cuándo (Captura de video de la transmisión de cadena nacional)
La revisión del fideicomiso en el Banco de Costa Rica, la certificación de la Contraloría y una votación del Congreso aparecen como el filtro decisivo que definirá cuánto llegará y cuándo (Captura de video de la transmisión de cadena nacional)

Fernández también cuestionó los salarios de los magistrados y pidió explicaciones sobre los resultados que la población recibe a cambio de esas remuneraciones.

La Asamblea Legislativa decidirá con base en el desempeño, con base en resultados”, señaló. La transcripción de la cadena nacional no incluye una respuesta del Poder Judicial a los cuestionamientos de la presidente.

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