
Los pacientes en Costa Rica deben esperar actualmente un promedio de 7 años y 3 meses, equivalentes a 87 meses, para acceder a medicamentos innovadores que ya cuentan con aprobación internacional, una demora que aumentó frente al año anterior y que supera ampliamente el promedio registrado en América Latina.
Así lo revela el estudio WAIT 2026 —Waiting to Access for Innovative Therapies—, elaborado por IQVIA y FIFARMA, con participación de organizaciones locales como la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma).
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Costa Rica registraba un tiempo total de espera de 6 años y 11 meses. Para este año, el plazo aumentó cuatro meses, hasta alcanzar los 7 años y 3 meses.
La cifra coloca al país por encima del promedio latinoamericano, estimado en 5.7 años.
El indicador contempla el período que transcurre desde la autorización internacional de comercialización de un medicamento hasta que este se encuentra disponible o cuenta con algún esquema de reembolso, ya sea integral o parcial. Como punto de partida se toman las aprobaciones emitidas por organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).
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En el caso costarricense, el proceso incluye, entre otras etapas, la autorización ante el Ministerio de Salud y posteriormente el acceso o reconocimiento del medicamento dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
¿Qué implica esperar 87 meses?
Para quienes padecen una enfermedad, el retraso no representa únicamente una cifra administrativa.
Fernando Vizquerra, director ejecutivo de Fedefarma, advirtió que las consecuencias pueden incidir directamente en la evolución de los pacientes.
“Las implicaciones de esta espera para los pacientes son directas y muy significativas. La espera prolongada conlleva un atraso en el inicio del tratamiento, una progresión o agravamiento de la enfermedad, y por lo tanto, una menor calidad de vida”, explicó.
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El impacto puede ser especialmente importante en pacientes con enfermedades crónicas, debido a que en muchas de ellas el inicio temprano de una terapia puede resultar determinante para controlar la progresión de la condición.
De acuerdo con Fedefarma, el Ministerio de Salud ha impulsado medidas destinadas a acelerar los procedimientos regulatorios.
Durante este año comenzó el proceso para implementar un nuevo reglamento de homologación, cuya meta es disminuir los tiempos de determinados trámites a menos de 30 días.
Sin embargo, el estudio plantea que el problema regional no depende exclusivamente de los procesos de registro.
Yaneth Giha, directora ejecutiva de FIFARMA, sostuvo que las diferencias en el acceso responden a múltiples factores.
“El informe de este año confirma que esta brecha sigue creciendo. Y aunque las causas son complejas —regulatorias, de infraestructura, de financiamiento— la solución empieza por lo mismo: decisiones basadas en evidencia, voluntad política y alianzas entre sectores para acortar la distancia entre lo que la ciencia ya logró y lo que un paciente realmente puede recibir”, afirmó.
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Costa Rica destina 3,6% del PIB a salud, según el estudio
El informe también vincula las dificultades para incorporar nuevas terapias con los niveles de inversión sanitaria de los países latinoamericanos.
De acuerdo con los datos citados, las naciones de la región destinan en promedio alrededor de dos puntos porcentuales menos del 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB) recomendado como referencia por la OCDE.
Entre los 10 países contemplados por la investigación, Costa Rica registra una de las proporciones más bajas, con una inversión equivalente al 3.6% del PIB.
Únicamente República Dominicana, con 2.9%, y México, con 2.7%, aparecen por debajo dentro del grupo analizado.
El estudio señala que los largos tiempos de acceso también generan consecuencias para la industria farmacéutica y los sistemas sanitarios. Para los fabricantes, una demora prolongada aumenta la incertidumbre y dificulta la planificación de nuevos lanzamientos, mientras que para los sistemas de salud puede disminuir la eficiencia de las inversiones realizadas.
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Medicamentos nuevos existen, pero el acceso cae después de 2020
El desafío ocurre además en medio de una creciente carga de enfermedades no transmisibles en América Latina.
Patologías cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedad renal crónica, trastornos musculoesqueléticos, enfermedades respiratorias, tuberculosis y problemas de salud mental figuran entre las condiciones que obligan a los sistemas sanitarios a destinar cada vez más recursos.
En paralelo, la oferta de tratamientos continúa avanzando.
Según WAIT 2026, la disponibilidad de nuevas terapias desarrolladas por el sector farmacéutico registró un crecimiento interanual del 3% entre 2014 y 2025.
El problema, según el estudio, es que ese incremento de la innovación no necesariamente se traduce en acceso rápido para los pacientes latinoamericanos.
“El acceso se centra en los medicamentos lanzados antes del año 2020. La disponibilidad cae drásticamente con menos del 50% de los medicamentos disponibles a partir del 2021”, señala el documento.
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La investigación añade que una disponibilidad limitada “a menudo conduce a un gasto ineficiente”, debido a que los sistemas sanitarios continúan dependiendo de terapias más antiguas mientras nuevas alternativas ya están disponibles en otros mercados.
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