Corte Plena de Costa Rica rechaza solicitud de nuevo concurso y devuelve nómina de magistrados suplentes a la Asamblea Legislativa

La Corte Plena de Costa Rica acordó devolver a la Asamblea Legislativa la nómina de personas candidatas a magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, tras una votación de 16 a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Esta decisión responde a la solicitud de la Asamblea Legislativa, que había pedido la apertura de un nuevo concurso para cubrir nueve puestos de suplencia, luego de no alcanzar el consenso necesario para elegir a los candidatos propuestos.

El contexto de esta devolución se remonta a la sesión del Plenario Legislativo del 11 de junio, cuando, tras once procesos de votación sin lograr los 38 votos requeridos para designar magistrados suplentes, la Asamblea optó por devolver la lista de 18 postulantes a la Corte Suprema de Justicia.

La votación quedó 29 a favor y 26 en contra, reflejando la división interna y la incapacidad de los diputados para lograr un acuerdo amplio sobre los nombres remitidos.

Nogui Acosta, jefe de la bancada oficialista, defendió la moción afirmando que el objetivo era garantizar un proceso participativo y transparente, en el que todos los partidos representados en la Comisión de Nombramientos tuvieran la oportunidad de analizar y cuestionar las credenciales de los aspirantes.

Desde la oposición, en cambio, se cuestionó la justificación del rechazo y se advirtió sobre el riesgo de bloquear el funcionamiento del máximo tribunal constitucional. “Si hay motivaciones de peso, hay motivaciones objetivas, señálenlas, discutámoslas (…) Han utilizado una mayoría para impedir que el país avance y que el Poder Judicial tenga los magistrados que necesita”, reclamó el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio.

Frente a la gestión legislativa, la Corte Plena analizó la petición y concluyó que no existe una justificación objetiva que sustente el rechazo de la nómina remitida.

Según el acta judicial, el proceso de selección se desarrolló conforme a los procedimientos previstos y atravesó rigurosas etapas de evaluación, diseñadas para garantizar la idoneidad, la capacidad y la experiencia profesional de los candidatos.

Los magistrados enfatizaron que la transparencia y la imparcialidad fueron ejes centrales de la evaluación, y que cualquier objeción formal debería estar debidamente fundamentada.

La devolución de la nómina a la Asamblea Legislativa marca un nuevo capítulo en el prolongado proceso para completar la integración de la Sala Constitucional. El reglamento interno del Congreso exige una mayoría calificada de 38 votos para la elección, lo que, ante la fragmentación política, complica la designación y retrasa la incorporación de suplentes necesarios para la operatividad del máximo tribunal.

El acuerdo de la Corte Plena, respaldado por la mayoría de sus miembros, señala que la lista de suplentes cumple con todos los requisitos legales y que la apertura de un nuevo concurso solo estaría justificada ante objeciones concretas y objetivas. El documento oficial destaca que la continuidad institucional y el respeto por los procedimientos deben prevalecer para evitar retrocesos innecesarios que impacten la administración de justicia.

Ahora, corresponde a la Asamblea Legislativa decidir si acepta la nómina devuelta o si insiste en la reapertura del concurso. Mientras tanto, la definición de los suplentes de la Sala Constitucional permanece en suspenso, en un contexto de tensiones políticas y demandas de mayor transparencia y eficiencia en los procesos de selección de altos cargos judiciales.

Las próximas semanas serán clave para determinar el desenlace de este episodio, que evidencia la complejidad de alcanzar consensos en la designación de magistrados y la importancia de garantizar la autonomía y legitimidad de las instituciones encargadas de velar por el Estado de derecho en Costa Rica.