Frente Amplio denuncia ante el Ministerio Público supuesto nombramiento irregular de la nueva directora de la Policía de Control Fiscal de Costa Rica

El Frente Amplio presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el nombramiento de Katherine Tenorio Ruiz como directora de la Policía de Control Fiscal (PCF), al considerar que su designación habría sido posible gracias a una modificación reglamentaria que contradice lo establecido en la Ley General de Policía.

La gestión fue interpuesta por el despacho del diputado Antonio Trejos Mazariegos, quien cuestionó una serie de actuaciones administrativas realizadas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, relacionadas con la emisión del Decreto Ejecutivo N.° 45832-H. Según la denuncia, esa reforma permitió eliminar un requisito que, hasta ese momento, era indispensable para ocupar la Dirección y la Subdirección de la Policía de Control Fiscal.

De acuerdo con el documento presentado por el legislador, el artículo 65 de la Ley General de Policía establece que quienes ocupen la Dirección y la Subdirección de los distintos cuerpos policiales del país deben contar con determinados grados policiales mínimos para ejercer esas funciones. Ese requisito, sostiene el Frente Amplio, no solo está previsto en la legislación, sino que históricamente fue reconocido por el propio Ministerio de Hacienda mediante su Manual Institucional de Clases de Puestos y respaldado en diversos dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República.

No obstante, la denuncia señala que el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Ejecutivo N.° 45832-H, mediante el cual se incorporaron los artículos 6 bis y 7 bis al Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de la Policía de Control Fiscal. Esas disposiciones establecen que las personas designadas como directora o subdirectora de ese cuerpo policial no necesitan poseer grados policiales para asumir el cargo.

Según el Frente Amplio, la reforma reglamentaria modificó de manera sustancial los requisitos para ocupar la máxima jerarquía de la Policía de Control Fiscal, pese a que dichos requisitos estarían definidos por una ley de rango superior.

El diputado Antonio Trejos aseguró que existe una relación directa entre la entrada en vigencia del decreto y el posterior nombramiento de Katherine Tenorio Ruiz. De acuerdo con la denuncia, apenas trece días después de que la modificación reglamentaria comenzó a regir, el Ministerio de Hacienda oficializó la designación de la nueva directora de la Policía de Control Fiscal.

Para el legislador, esa secuencia de hechos amerita una investigación penal que determine si la potestad reglamentaria fue utilizada para dejar sin efecto, en la práctica, una exigencia establecida expresamente por la Ley General de Policía.

En la denuncia presentada ante el Ministerio Público se solicita que se investigue tanto la elaboración del Decreto Ejecutivo N.° 45832-H como el procedimiento administrativo que culminó con el nombramiento de Tenorio Ruiz. El objetivo, según el documento, es establecer si existieron actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico que facilitaran una designación que, bajo la legislación vigente, podría no cumplir con los requisitos legales.

El Frente Amplio también plantea que corresponde a las autoridades judiciales determinar si el reglamento excedió los límites de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo al modificar, mediante un decreto, condiciones fijadas previamente por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.

El caso abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre los alcances de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo y la eventual contradicción entre normas reglamentarias y disposiciones legales. De prosperar la investigación, las autoridades deberán determinar si la modificación introducida al reglamento de la Policía de Control Fiscal respetó el marco legal vigente o si, por el contrario, permitió un nombramiento que no reunía las condiciones exigidas por la ley.