Estados Unidos pidió a una reunión a la OEA por la iniciativa de la dictadura de Nicaragua para anular las elecciones

Estados Unidos pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocar una reunión de cancilleres para analizar la crisis en Nicaragua, tras las declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien el 19 de julio afirmó que el país “nunca más” celebrará elecciones, y el anuncio de una reforma constitucional parcial para codificar la abolición del voto.

El embajador permanente de Estados Unidos ante la OEA, Andrew Stevenson, envió este miércoles una carta al Consejo Permanente del organismo en la que solicitó una sesión extraordinaria y presentó un proyecto de resolución. El texto propone reunir a los ministros de Relaciones Exteriores del continente para examinar la situación política y de derechos humanos en el país centroamericano.

La petición de Stevenson señala dos hechos concretos como fundamento de la urgencia. El primero es la declaración pública de Daniel Ortega del 19 de julio, en la que anunció la eliminación permanente de los procesos electorales. El segundo es el anuncio, el 24 de julio, de una revisión parcial de la Constitución orientada a impedir que cualquier persona vinculada a la oposición —real o percibida— acceda al poder por la vía electoral.

Para Stevenson, ambas medidas “constituyen un rechazo directo al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas”. En su carta, el diplomático advirtió que la dictadura de Murillo-Ortega “ha exacerbado drásticamente la ya situación urgente en Nicaragua” al declarar abiertamente la supresión del cambio electoral pacífico.

El documento presentado por la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA condena de forma expresa las declaraciones de Ortega y cualquier medida destinada a eliminar el pluralismo político, impedir la alternancia democrática o restringir la participación pacífica de ciudadanos considerados opositores. El texto aclara de manera explícita que la iniciativa “no constituye autorización para el uso de la fuerza armada”.

La propuesta sostiene que la supresión de elecciones y la exclusión permanente de la oposición son incompatibles con la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del que Nicaragua sigue siendo parte. De ser aprobada por el Consejo Permanente, la presidencia del organismo deberá elaborar, con apoyo de la Secretaría General, la agenda y el reglamento de la reunión ministerial.

Más allá del ámbito electoral, el proyecto de resolución enumera acciones atribuidas al régimen que, según Washington, desestabilizan el continente. Entre ellas figuran el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial y del Legislativo, denuncias sobre persecución y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos nicaragüenses fuera del país, y la presunta presencia de actores extrarregionales con actividades militares e de inteligencia en territorio nicaragüense.

El texto también menciona acuerdos financieros que, a juicio de Estados Unidos, afectan la seguridad hemisférica, y señala que el régimen ha facilitado la migración masiva ilegal que ha provocado el exilio forzado de cientos de miles de nicaragüenses. Stevenson calificó el conjunto de estas acciones como “una amenaza” para los intereses de Washington y para la paz y estabilidad de la región.

Una decena de países del continente se pronunció en contra de las intenciones de Ortega de suprimir las elecciones: Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Uruguay y Perú, además de Estados Unidos. Fuera del hemisferio, el Reino Unido y la Unión Europea también expresaron su rechazo.

A esas voces se sumaron el secretario general de la OEA, Albert Randim, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. En la 56.ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Panamá en junio pasado, Washington ya había exigido a los países miembros acciones más contundentes frente al régimen sandinista.