Ecuador: Fiscalía investiga si tres jueces recibieron dinero de una empresa china a cambio de un fallo favorable

Una de las condenas económicas más elevadas impuestas al Estado ecuatoriano por un litigio contractual pasó de los tribunales a una investigación penal. La Fiscalía General del Estado indaga si la sentencia que obligó al país a pagar USD 59,3 millones a la empresa china China Railway No. 9 Engineering Group fue el resultado de un esquema de corrupción que habría alcanzado a tres jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes ahora son investigados por el presunto delito de cohecho.

La pesquisa se hizo pública el 30 de julio, cuando fiscales y agentes de la Policía Nacional allanaron inmuebles vinculados con los magistrados Milton V., Patricio S. e Iván L., integrantes del tribunal de casación que emitió el fallo cuestionado. Durante las diligencias fueron incautados teléfonos celulares, computadoras y documentos que serán sometidos a pericias para determinar si existieron pagos indebidos relacionados con la decisión judicial.

El origen del conflicto se remonta a 2015, cuando el Ministerio de Educación adjudicó a China Railway No. 9 Engineering Group un contrato cercano a los USD 196 millones para levantar 200 unidades educativas prefabricadas en distintas provincias del país. El proyecto formaba parte del plan de modernización de la infraestructura escolar impulsado por el gobierno de Rafael Correa y buscaba reemplazar establecimientos considerados obsoletos mediante un sistema de construcción industrializada.

Sin embargo, la ejecución del contrato comenzó a acumular retrasos, observaciones técnicas y controversias sobre el cumplimiento de los plazos. En 2018, el Ministerio de Educación resolvió terminar unilateralmente el contrato al concluir que la empresa había incumplido sus obligaciones. La decisión abrió un prolongado litigio en el que la constructora reclamó una indemnización por los perjuicios que, según sostuvo, le ocasionó la terminación anticipada del convenio.

El proceso atravesó distintas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Nacional de Justicia mediante un recurso de casación. Allí, el tribunal integrado por los tres jueces ahora investigados dejó en firme una sentencia que condenó al Estado ecuatoriano a pagar USD 59.334.103,17 a favor de la compañía china. Ese fallo se convirtió en uno de los más costosos para las finanzas públicas derivados de una controversia contractual.

La decisión judicial permaneció firme hasta que una investigación completamente distinta abrió una nueva línea de sospechas. La Fiscalía informó que la causa por presunto cohecho nació a partir del testimonio anticipado rendido por Michael Ismael H., uno de los sentenciados dentro del caso Plaga, la investigación que desarticuló una presunta red de corrupción integrada por jueces, abogados, funcionarios judiciales, policías y otros operadores que, según el Ministerio Público, obtenían resoluciones favorables mediante pagos ilícitos.

De acuerdo con la versión entregada por ese colaborador, durante un encuentro realizado en Guayaquil conoció información según la cual los tres magistrados habrían gestionado la emisión de la sentencia favorable a China Railway a cambio de dinero. Algunas publicaciones periodísticas señalan que el testimonio menciona un supuesto pago de USD 30.000, aunque ese dato forma parte de la declaración del colaborador y constituye una hipótesis investigativa que aún no ha sido probada en un proceso judicial.

Con base en esos antecedentes, la Fiscalía abrió una investigación previa por cohecho para establecer si la resolución de casación estuvo influenciada por beneficios económicos indebidos. Por ahora no existen personas procesadas ni se han formulado cargos. Las autoridades buscan determinar si los elementos incautados durante los allanamientos permiten corroborar o descartar la versión que dio origen a la investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía tampoco ha informado si representantes de China Railway o terceros relacionados con la empresa forman parte de la indagación. La investigación se concentra, por ahora, en establecer si existió una contraprestación económica destinada a influir en la actuación de los magistrados que conocieron el recurso de casación.

El caso amplía el alcance de las investigaciones derivadas del expediente Plaga, que inicialmente se centró en decisiones judiciales vinculadas con personas privadas de libertad y presuntas organizaciones criminales. Ahora, las pesquisas alcanzan una sentencia con importantes consecuencias económicas para el Estado y sitúan bajo escrutinio a magistrados de la máxima instancia de la justicia ordinaria ecuatoriana.