La reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua extenderá a siete años los mandatos de al menos 6,750 cargos públicos, una modificación que ampliará la permanencia de alcaldes, diputados, magistrados, fiscales y jefaturas de seguridad antes de un nuevo proceso electoral, mientras Estados Unidos pidió una reunión extraordinaria de la OEA por el rumbo político del país.
La cifra central del cambio alcanza a 6,722 cargos de elección popular y a 28 puestos sujetos a elección o ratificación de la Asamblea Nacional. El total todavía podría crecer en cerca de un centenar si se incluyen ministros, viceministros, directores de entes autónomos, procuradores y jefes de misiones diplomáticas nombrados directamente por la copresidencia.
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Según Confidencial.net, el diputado sandinista Gustavo Porras presentó la modificación durante el proceso de consulta que comenzó oficialmente el 29 de julio de 2026. Allí sostuvo: “Esos siete años significa algo que no te pueden cuestionar Hay un montón de países que tienen siete años tenemos derechos, es una decisión de nosotros”.
La iniciativa, cuyo texto completo aún no fue publicado, cambia el plazo que la Constitución fijaba originalmente en cinco años. El oficialismo ya lo había llevado a seis años y ahora propone un nuevo aumento.
La ampliación alcanza desde la copresidencia hasta las alcaldías y el Caribe
El paquete de cambios incluye todos los cargos de elección popular contemplados en la Ley 1242 o Ley Electoral. Eso abarca dos puestos en la copresidencia de la República, 90 diputados de la Asamblea Nacional y sus respectivos suplentes, para un total de 180 cargos.
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También comprende 90 miembros propietarios de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Caribe, 45 por cada región autónoma, junto con sus suplentes, lo que suma otros 180 nombramientos. A eso se añaden 20 diputados propietarios ante el Parlamento Centroamericano y sus suplentes, para un total de 40 cargos.
El mayor volumen está en los gobiernos municipales: 6.320 puestos entre 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y 6.014 concejales municipales propietarios y suplentes. Esa estructura concentra la mayor parte de los mandatos que pasarían a durar siete años.
La reforma también incorpora 28 cargos cuya designación depende de la Asamblea Nacional. Entre ellos figuran 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, seis magistrados del Consejo Supremo Electoral, cinco miembros propietarios y tres suplentes del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, un superintendente y un vicesuperintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, además de un fiscal general y un fiscal adjunto.
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El medio recordó que el número actual de magistrados ya había sido recortado por una reforma constitucional previa: la Corte Suprema pasó de 16 a 10 integrantes y el tribunal electoral de 10 a seis. Además, en agosto de 2025 otra modificación absorbió el Ministerio Público dentro de la Procuraduría General de Justicia.
El Ejército y la Policía también quedarían bajo mandatos más largos
Las consultas abiertas por la Comisión Especial de Carácter Constitucional comenzaron con la cúpula del Ejército de Nicaragua. Después se confirmó que el nuevo plazo de siete años también alcanzará a las jefaturas del Ejército y de la Policía Nacional.
Entre los cargos mencionados están el del general Julio César Avilés y los de los cojefes policiales Francisco Díaz y Victoriano Ruiz. En la segunda jornada de consultas, celebrada el 30 de julio de 2026, los diputados oficialistas expusieron a la conducción policial y a oficiales superiores y alternos que los cambios buscan “garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz”.
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El 29 de julio, la ronda de reuniones también incluyó al sector financiero y bancario. Participó el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, junto con representantes de otras entidades del sistema financiero.
El oficialismo afirmó que continuará las consultas con distintos sectores antes de que la Asamblea Nacional apruebe las modificaciones en septiembre. La reforma llega apenas 18 meses después de la entrada en vigor, en febrero de 2025, de la Constitución reformada que el mismo bloque impulsó.
Estados Unidos llevó el tema a la OEA tras los dichos de Ortega sobre las elecciones
En paralelo a la reforma, la misión permanente de Estados Unidos ante la OEA solicitó una reunión extraordinaria del organismo para examinar las implicaciones de la iniciativa promovida por el régimen nicaragüense. La petición fue enviada al Consejo Permanente.
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Washington argumentó que la declaración pública de Ortega del 19 de julio, en la que afirmó que Nicaragua nunca más celebrará elecciones, constituye un “rechazo directo al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas”. La solicitud fue acompañada por un proyecto de resolución de “condena inequívoca”.
Ese borrador advierte que las declaraciones del mandatario significan “abolir las elecciones, eliminar el pluralismo político, poner fin a la transición pacífica del poder o impedir de forma permanente la participación pacífica en la vida política de aquellas personas a las que consideren una amenaza para su control del poder”.
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