
En el marco de las acciones permanentes orientadas a combatir los delitos que atentan contra la integridad física, psicológica y sexual de los sectores más vulnerables de la sociedad, la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el día 30 de julio, ejecutó la captura de una mujer acusada presuntamente de facilitar y participar en la explotación sexual de su propia sobrina, una adolescente de 14 años de edad que padece una discapacidad vinculada al espectro autista.
El operativo de captura estuvo a cargo de agentes especializados de la DPI, quienes le dieron seguimiento al caso tras recibir las instrucciones judiciales correspondientes. La información oficial fue confirmada por la portavoz de la institución policial, la subinspectora Sheila Corea, quien detalló los pormenores de las investigaciones que llevaron a la ubicación y detención de la sospechosa.
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De acuerdo con el reporte oficial presentado por las autoridades de la DPI, la imputada es una joven de 27 años de edad, originaria del municipio de Tatumba, en el departamento de Francisco Morazán. La captura se ejecutó en cumplimiento a una orden judicial emitida el 27 de febrero de 2025 por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa.

Los hechos salieron a la luz pública gracias a la valentía de la madre de la víctima, quien interpuso la denuncia formal ante los organismos de seguridad. La progenitora relató que, por motivos de sus compromisos laborales diarios, solía dejar a la menor de 14 años bajo la custodia y cuidado de su cuñada, tía paterna de la niña. Aprovechándose de la confianza depositada en ella y de la condición de vulnerabilidad de la adolescente debido a su espectro autista, la detenida comenzó a perpetrar los abusos.
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La alerta se activó cuando personas residentes en los alrededores de la vivienda informaron a la madre que la tía solía salir de forma recurrente con la niña hacia lugares desconocidos. Ante la sospecha, la madre indago directamente con la menor, quien terminó revelando la dramática situación que estaba viviendo.
La niña relató que su tía la trasladaba con frecuencia a un motel ubicado en las cercanías de la aldea Villa Vieja. En dicho establecimiento, la detenida la obligaba a sostener relaciones sexuales con un individuo no identificado a cambio de beneficios, utilizando además amenazas constantes para mantener a la víctima en silencio y evitar que denunciara lo que ocurría.
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo a una mujer acusada de explotación sexual y complicidad en violación contra su sobrina de 14 años, quien tiene una discapacidad. La portavoz de la DPI ofrece los detalles del caso.
Las penas por el delito de explotación sexual
Tras su detención, la mujer fue remitida de inmediato a los juzgados correspondientes para dar inicio al debido proceso judicial, donde las autoridades determinarán su grado de responsabilidad y dictarán las sanciones que correspondan de acuerdo con la legislación penal hondureña.
Al tratarse de conductas de extrema gravedad cometidas contra una menor de edad con discapacidad, el Código Penal de Honduras contempla penas severas para los delitos imputados:
- Delito de Explotación Sexual Comercial: El Código Penal de Honduras sanciona drásticamente a quien promueva, facilite, favorezca o ejecute la explotación sexual de personas. Cuando la víctima es un niño, niña o adolescente, o una persona en situación de vulnerabilidad o discapacidad, el marco legal establece penas de prisión que oscilan entre 10 y 15 años, sumado a las multas correspondientes y la inhabilitación.
- Complicidad en el Delito de Violación: Para el delito de violación contra un menor o persona incapaz, las penas base oscilan entre 15 y 20 años de cárcel. Al ser catalogada como cómplice necesaria por trasladar y facilitar el acceso a la víctima, la imputada enfrentaría una pena sustancial que podría ser fijada entre 10 y 15 años de prisión.
- Agravantes específicas: De ser hallada culpable por la suma de ambos delitos, la acusada podría enfrentar una pena acumulada que superaría los 20 a 25 años de prisión efectiva.
El caso se mantiene bajo investigación abierta para identificar al sujeto involucrado en los actos de abuso contra la menor en la zona de Villa Vieja, asegurando que todos los responsables enfrenten la justicia. Mientras tanto, la víctima ha sido puesta bajo el resguardo de las autoridades competentes y especialistas para brindarle la atención médica, psicológica y social integral que requiere.
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