La Corte Suprema de Brasil autorizó la investigación de Lulinha, hijo mayor de Lula, por presunto tráfico de influencias

Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil autorizó a la Policía Federal a investigar a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por presunto tráfico de influencias.

El magistrado André Mendonça accedió a la solicitud de la Policía para esclarecer la supuesta participación de Lulinha en gestiones orientadas a obtener un permiso de comercialización de cannabis medicinal en programas vinculados con el Ministerio de Salud.

La investigación se inicia en vísperas del comienzo oficial de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula buscará un cuarto mandato. Según los últimos sondeos, el mandatario parte como favorito por delante del senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, actualmente detenido por cargos de golpismo.

Las autoridades sospechan que Lulinha intercedió en favor del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes en negociaciones con el Ministerio de Salud. La Policía Federal ya presentó cargos contra Camilo Antunes por un caso aparte de corrupción detectado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), tras el desvío multimillonario de fondos destinados a pensionados y jubilados.

En esa causa, que investiga el desvío de hasta 6.300 millones de reales (aproximadamente USD 1.240 millones o 1.100 millones de euros) en el INSS, Lulinha es citado por sus presuntos vínculos con Camilo Antunes, conocido como el ‘Careca do INSS’, aunque no figura como investigado.

La autorización concedida por Mendonça se refiere a las negociaciones entre el lobista y el Ministerio de Salud. En este contexto, la Policía cree que Lulinha intercedió a favor de Camilo Antunes y de la empresaria Roberta Luchsinger, ejerciendo su influencia tanto en el Ministerio de Salud como en el gabinete de la Presidencia, según el diario Folha de São Paulo.

El lobista en cuestión, un empresario encarcelado desde septiembre pasado, ha sido identificado como figura clave en una trama de fraude multimillonaria que afectó a jubilados y pensionistas. El escándalo, destapado en abril del año pasado, derivó en la destitución del ministro de Seguridad Social y del presidente del Instituto Nacional de la Seguridad Social durante el gobierno de Lula.

El abogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, rechazó la nueva investigación y sostuvo que “Lulinha ya ha demostrado que no tiene ninguna relación, ni directa ni indirecta, con el INSS y tampoco tiene relación con los negocios de Roberta. La Policía Federal no encontró nada en el INSS y ahora va a buscar en otro lugar. Eso es una investigación prospectiva. Eso es grave”, declaró el letrado en una nota divulgada a la prensa. En febrero, un comité del Congreso autorizó la investigación de las cuentas bancarias de Lulinha ante sospechas de que habría actuado como socio oculto en empresas supuestamente financiadas con fondos desviados del plan.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que su hijo mayor, no recibirá “ningún privilegio” durante la investigación abierta por supuesto tráfico de influencias y recalcó que “si es culpable, tendrá que pagar como todo el mundo hace cuando se equivoca”.

En una entrevista al pódcast ‘Inteligência Ltda.’, el mandatario explicó que su hijo, actualmente residente en España, regresará a Brasil si finalmente es juzgado en el país. Lula, quien se prepara para las elecciones presidenciales de octubre, afirmó que desde 2006 su hijo “viene siendo utilizado” por quienes buscan atacarlo políticamente. “Quien me quiere atacar, comienza atacándole a él”, declaró.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) manifestó su confianza en Lulinha, pero advirtió que “si es acusado de cualquier cosa, será tratado como el hijo de cualquier persona”. “No habrá ningún privilegio. Jamás pediré a un comisario o a un juez no hacer lo correcto”, insistió.

El presidente subrayó que su hijo “no tiene derecho a errar”, haciendo referencia a los procesos judiciales por corrupción que él mismo enfrentó durante la segunda década del siglo XXI y que finalmente fueron archivados, lo que le permitió regresar a la vida pública. “Si es juzgado, vendrá aquí (a Brasil). No va a esconderse (…) Va a tener que probar que es inocente. Va a tener que probarlo. Y si es culpable, va a tener que pagar como todo el mundo paga cuando se equivoca”, concluyó Lula.

(Con información de EFE)