Juez negó incorporar los interrogatorios de Nicolás Petro al proceso contra el hijo del Presidente: esta es la prueba que perdió la Fiscalía

El juez Hugo Carbonó volvió a excluir los interrogatorios de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y negó el recurso de reposición de la Fiscalía General de la Nación, por lo que esas declaraciones no podrán usarse como prueba en el juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según el despacho, fueron obtenidas en medio de conversaciones para una eventual negociación judicial.

La decisión se conoció en la audiencia retomada el lunes 1 de junio y dejó en firme una restricción central del caso: los interrogatorios seguirán fuera del debate probatorio en la etapa de juicio.

En esa misma jornada, Carbonó también rechazó una solicitud de la defensa para apartar a la fiscal Lucy Laborde y cerró la posibilidad de nuevos aplazamientos, al cuestionar los retrasos del expediente.

El funcionario sostuvo que el análisis no podía hacerse sobre las declaraciones en abstracto, sino sobre el contexto en el que fueron rendidas.

Según el juez, los acercamientos entre la defensa y la Fiscalía para explorar un principio de oportunidad o mecanismos de justicia premial impiden tratar esos interrogatorios como manifestaciones libres y aisladas.

“La actuación permite concluir que los interrogatorios cuya exclusión se dispuso no pueden ser entendidos como simples manifestaciones libres y desprovistas de contexto, como lo sugiere la Fiscalía al dar a entender que no se materializó ese principio de oportunidad. Por el contrario, se enmarcan dentro de acercamientos y conversaciones orientadas a la eventual aplicación de un principio de oportunidad”, explicó Carbonó.

La Fiscalía había pedido revocar la decisión que declaró ilícitas esas declaraciones. El ente acusador sostuvo que los interrogatorios fueron rendidos de manera libre, voluntaria y espontánea, y que no estaban condicionados a un acuerdo formal ni a beneficios judiciales inmediatos.

Carbonó respondió que, tras revisar otra vez los argumentos de las partes, no encontró razones para modificar su resolución. El juez agregó que el hecho de que el principio de oportunidad no se hubiera concretado no borra el marco en el que se produjeron las manifestaciones de Petro.

El despacho también acogió la posición del Ministerio Público y de la defensa técnica. De acuerdo con esa valoración, admitir los interrogatorios vulneraría garantías fundamentales del procesado, entre ellas el derecho a guardar silencio y la protección constitucional frente a la autoincriminación.

Con el recurso resuelto en contra de la Fiscalía, la respuesta central del proceso quedó fijada: los interrogatorios de Nicolás Petro no serán prueba del juicio oral. Esa exclusión había sido discutida porque la fiscal Lucy Laborde insistía en llevar al debate las declaraciones entregadas durante negociaciones que no llegaron a buen término.

Durante la misma diligencia, el abogado defensor Alejandro Carranza pidió separar del cargo a Laborde y suspender la audiencia por la presunta exhibición irregular del rostro del hijo menor del procesado.

Henry Bustos, delegado de la Procuraduría General de la Nación, respaldó la solicitud de suspensión, pero Carbonó la negó al afirmar que sus facultades debían ejercerse bajo el principio de legalidad y estricta competencia.

El juez también advirtió sobre la acumulación de demoras en el expediente. “Han transcurrido varios meses donde ni siquiera el juzgado ha podido pronunciarse para resolver unos recursos”, reprochó el funcionario.

Sobre la recusación que cursa contra Laborde, Carbonó precisó que la funcionaria ya no tiene margen para alterar el curso inmediato de la etapa preparatoria porque el debate probatorio ya concluyó.

“El juzgado en este caso es totalmente obediente y acata la ley; no se va a apartar de ella. La Fiscalía ya no va a intervenir en esta fase y el Ministerio Público fue explícito al señalar que el ente acusador ya no formulará peticiones de fondo: no va a hacer solicitudes probatorias, no se va a oponer a exclusiones y no realizará alegatos de conclusión”, puntualizó.

La investigación atribuye a Nicolás Petro desvíos por $111 millones y un presunto enriquecimiento por $1.053 millones

Nicolás Petro está bajo investigación desde 2023, cuando la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público abrieron actuaciones penales y disciplinarias en su contra por recursos que, según la acusación, estaban destinados a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Para ese momento, el procesado era diputado de la Asamblea del Atlántico.

Según la Fiscalía, entre 2021 y 2022 habría usado su influencia social y política para desviar $111 millones de dos contratos dirigidos a la atención de adultos mayores en el departamento del Atlántico. De ese total, la fiscal Laborde le atribuyó $72 millones provenientes de anticipos del primer contrato y $39 millones del segundo, a través de contratación de personal con salarios inflados.

La acusación también sostiene que el exdiputado se habría enriquecido ilícitamente con $1.053 millones que presuntamente recibió de empresarios de la costa Caribe como Gabriel Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra, dinero que, según el proceso, iba dirigido a la campaña Petro Presidente 2022. De acuerdo con esa hipótesis, esos recursos habrían sido usados en gastos personales junto con su entonces pareja Day Vásquez.

Vásquez obtuvo un principio de oportunidad que evitó su ingreso a prisión y pasó a ser la principal testigo en contra de Nicolás Petro. El exdiputado, por su parte, se ha declarado inocente y, a través de Carranza, ha cuestionado la argumentación de la fiscal Laborde.