La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal y a un contratista, por presuntas irregularidades en un contrato destinado al suministro de alimentos para animales del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) de la ciudad.
La decisión fue adoptada el 1 de junio de 2026, en el marco de una investigación relacionada con un proceso de contratación adelantado en junio de 2024.
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Funcionarios y contratista imputados en el proceso
Junto con la alcaldesa fueron imputados:
- Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho
- Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno
- Edward Amaya Márquez
- Ernesto Alfonso Quiroga, contratista
De acuerdo con la Fiscalía, los investigados habrían tenido participación en diferentes etapas del proceso contractual relacionado con la adquisición de alimentos para perros y gatos del CAPA.
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Señalamientos sobre el proceso de contratación
Según el ente acusador, el contrato habría sido adjudicado a una empresa que no contaba con experiencia en el suministro de alimentos para animales, pese a que este era el objeto principal del contrato.
La empresa seleccionada, según la investigación, tenía como actividad principal la prestación de servicios de aseo a entidades públicas, lo que habría generado inconsistencias frente a los requisitos del proceso contractual.
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La Fiscalía también indicó que el proceso no habría garantizado la pluralidad de oferentes, principio establecido en la normativa de contratación estatal.
Investigación sobre estudios previos y cotizaciones
De acuerdo con El Tiempo, las labores investigativas adelantadas con apoyo del Grupo Anticorrupción de la DIJIN permitieron establecer que, presuntamente:
- Se elaboraron estudios de mercado con valores superiores a los del mercado real
- Las cotizaciones fueron solicitadas únicamente a dos oferentes
- Los proponentes consultados tendrían posibles vínculos de parentesco
Estos elementos habrían limitado la competencia en el proceso de contratación, según la hipótesis del ente investigador.
Hipótesis de direccionamiento contractual
La Fiscalía sostiene que la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en el entonces secretario de Gobierno y que posteriormente se habrían emitido instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa sin relación directa con el objeto contractual.
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De acuerdo con la investigación, funcionarios de la administración habrían tenido conocimiento de que la empresa seleccionada no contaba con experiencia en el suministro de alimentos para animales, pese a lo cual el proceso habría continuado.
En este contexto, el contratista Ernesto Alfonso Quiroga habría participado en la ejecución del contrato, presuntamente beneficiándose del proceso de adjudicación.
Posibles sobrecostos por cerca de 34,9 millones de pesos
La Fiscalía indicó que, como resultado de las presuntas irregularidades, se habrían generado sobrecostos cercanos a 34,9 millones de pesos, asociados al contrato de suministro de alimentos para el CAPA.
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El ente acusador señaló que estos recursos habrían sido obtenidos por el contratista en el marco de la ejecución del contrato investigado.
Delitos imputados por la Fiscalía
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los cinco procesados, de acuerdo con su presunta participación individual, los siguientes delitos:
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- Interés indebido en la celebración de contratos
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
- Peculado por apropiación en favor de terceros
La audiencia de imputación se realizó bajo el principio de presunción de inocencia. Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Sin solicitud de medida de aseguramiento
Durante la diligencia judicial, la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento contra los imputados. En consecuencia, la alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera continuará en el ejercicio de sus funciones mientras avanza el proceso.
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En caso de haberse solicitado una medida restrictiva, el escenario habría permitido evaluar una eventual suspensión del cargo, sin embargo, dicha situación no se presentó en esta etapa del proceso.
Continuidad del proceso judicial
El caso continuará en las etapas posteriores del proceso penal, en las cuales la Fiscalía y la defensa presentarán los elementos materiales probatorios y argumentos correspondientes.
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La autoridad judicial será la encargada de determinar si los hechos investigados configuran responsabilidad penal de los implicados.
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