
El general en retiro Mario Montoya Uribe compareció este lunes 1 de junio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco de una nueva diligencia relacionada con las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como falsos positivos.
El excomandante del Ejército Nacional fue citado por la Sala de Reconocimiento de Verdad para responder sobre hechos ocurridos durante su paso por distintos cargos de mando entre finales de 2003 y noviembre de 2008, según información conocida por Revista Semana.
La diligencia hace parte de los esfuerzos de la JEP para establecer el nivel de conocimiento y participación que tuvieron altos mandos militares en la presentación de civiles ajenos al conflicto armado como supuestos integrantes de grupos ilegales muertos en combate.
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Durante ese periodo, Montoya ocupó posiciones estratégicas dentro de la estructura militar del país, entre ellas la comandancia de la Primera División, el Comando Conjunto Caribe No. 1 y posteriormente la comandancia del Ejército Nacional.
La jurisdicción especial busca determinar si los patrones de ejecuciones documentados en distintas regiones respondieron a dinámicas aisladas o si existieron elementos comunes que evidencien una práctica extendida dentro de la institución.
De acuerdo con la información suministrada por la JEP y citada por Revista Semana, la diligencia tiene como propósito recopilar elementos que permitan esclarecer si los patrones macrocriminales identificados en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Casanare, Meta, Huila y varias zonas de la Costa Caribe se reprodujeron en otros territorios bajo criterios similares.
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La jurisdicción recordó que estas investigaciones hacen parte del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado. En desarrollo de este expediente también han sido convocados integrantes del Estado Mayor del Ejército y oficiales que participaron en procesos de planeación, toma de decisiones y supervisión institucional.
Uno de los aspectos más relevantes de la comparecencia es que al general retirado le fueron expuestas 30 versiones voluntarias rendidas por exsubalternos que lo señalan directamente de haber tenido conocimiento sobre estas ejecuciones extrajudiciales.
Según reveló Revista Semana, esos testimonios fueron incorporados a la diligencia junto con declaraciones juradas entregadas por distintos funcionarios civiles que ocuparon cargos de relevancia durante la época investigada.
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Entre ellos aparecen un exviceministro de Defensa, un exdirector del Programa Presidencial de Derechos Humanos y quien se desempeñó como jefe en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La comparecencia se extendió durante varias horas y continuará en una nueva jornada programada para este martes, cuando la JEP seguirá contrastando los testimonios y documentos recopilados dentro de la investigación.

Montoya también enfrenta otros procesos ante la jurisdicción transicional. Uno de ellos está relacionado con la desaparición forzada y asesinato de 118 personas en el oriente antioqueño entre los años 2002 y 2003, periodo en el que ejercía como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
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Adicionalmente, su nombre ha sido mencionado dentro de las investigaciones que buscan esclarecer posibles vínculos entre agentes estatales y estructuras paramilitares en operaciones desarrolladas entre 2001 y 2003 en la Comuna 13 de Medellín.
Entre esos expedientes figura la Operación Orión, una de las intervenciones militares más controvertidas de la historia reciente del país y que continúa siendo objeto de análisis judicial por las denuncias sobre desapariciones, homicidios y presuntas alianzas entre integrantes de la fuerza pública y grupos armados ilegales.
La nueva comparecencia de Montoya ocurre en un momento clave para la JEP, que continúa ampliando las investigaciones sobre las responsabilidades de altos mandos militares dentro de los hechos que dejaron miles de víctimas en distintas regiones del país.
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Las conclusiones que surjan de estas diligencias podrían aportar nuevos elementos para establecer responsabilidades individuales y contribuir al esclarecimiento de uno de los capítulos más sensibles del conflicto armado colombiano.
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