Saray Robayo negó vínculos judiciales tras la orden de extinción de dominio por caso Centros Poblados: “La responsabilidad penal es individual”

La representante a la Cámara Saray Robayo Bechara enfrentó en los últimos días señalamientos en redes sociales sobre su presunta vinculación a procesos judiciales derivados del escándalo Centros Poblados, luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la extinción de dominio de varias propiedades asociadas a su nombre.

Ante las especulaciones, la congresista del Partido de la U publicó un pronunciamiento en X para aclarar su situación jurídica y desmarcarse de cualquier proceso penal relacionado.

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“En Colombia, la responsabilidad penal es individual”, afirmó Robayo en su declaración pública.

En su mensaje, la representante explicó que intentos por asociarla a investigaciones penales carecen de sustento legal y buscan afectar su reputación. “Pretender vincularme a procesos judiciales ajenos, por relaciones personales, no solo es jurídicamente incorrecto, sino un intento deliberado de desinformar y afectar mi buen nombre”, indicó.

El pronunciamiento de Robayo respondió a una ola de publicaciones en redes sociales y a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imponer medidas cautelares sobre cinco bienes inmuebles registrados a su nombre.

Estas propiedades quedaron sujetas a proceso de extinción de dominio tras las investigaciones por el caso de la Unión Temporal Centros Poblados, firma vinculada al desvío de fondos estatales para la conectividad rural durante el gobierno de Iván Duque.

Las autoridades estimaron el valor total de los bienes objeto de la medida en más de $65.000 millones.

En su declaración, la representante desmintió cualquier relación con investigaciones o procesos penales derivados de los hechos que involucran a la contratista Centros Poblados. “NO tengo ni he tenido vínculo alguno con investigaciones penales relacionadas con los hechos que se mencionan en redes. Los ataques malintencionados no pueden estar por encima de la realidad judicial ni de los hechos verificables”, aseguró.

La atención pública sobre Robayo se intensificó debido a su matrimonio con Emilio Tapia, empresario que fue condenado en varias ocasiones por corrupción, entre ellas el escándalo de Centros Poblados.

Si bien la Fiscalía señaló que las propiedades de la congresista podrían estar vinculadas al presunto desvío de recursos públicos, Robayo recalcó que su situación patrimonial y personal es independiente. “Mi trayectoria personal y pública ha sido transparente, autónoma y sustentada en el trabajo”, sostuvo en su mensaje.

El proceso judicial que involucra a Centros Poblados se remonta a 2021, cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) adjudicó un contrato a la Unión Temporal para llevar internet a zonas rurales del país. Una parte significativa del anticipo, por $70.000 millones, fue desviada a través de maniobras fraudulentas atribuidas a Tapia. La Fiscalía investiga si los bienes adquiridos por Robayo guardan relación con estos hechos.

En su pronunciamiento en X, la representante insistió en que los cuestionamientos buscan desviar el debate público hacia aspectos personales, restando atención a temas de interés nacional. “No permitiré que narrativas de odio desvíen la atención de lo verdaderamente importante”, expresó.

Además, reafirmó su compromiso legislativo: “Hoy, como siempre, mi prioridad es clara: Hambre Cero, justicia social y resultados para las regiones. El país necesita soluciones, no señalamientos”.

El proceso de extinción de dominio sobre las propiedades de Robayo se encuentra en curso y las autoridades judiciales avanzan en la verificación del origen de los recursos empleados en la adquisición de esos bienes.

Por su parte, la congresista reiteró su postura sobre la autonomía y transparencia de su gestión. “Mi compromiso sigue firme con quienes confiaron en mí y con mi labor en la Cámara de Representantes”, afirmó.

En diciembre, Robayo anunció que no participará en las elecciones legislativas de 2026 y que retiró su aspiración al Senado, decisión que comunicó previamente al Partido de la U. La representante sostuvo que continuará enfocada en su trabajo parlamentario durante el tiempo restante de su gestión.