Gobernador de Antioquia respondió a las amenazas de Gustavo Petro de destituir a alcaldes si continúan los bloqueos: “Bravucón”

Desde que el presidente Gustavo Petro advirtió a los alcaldes del país, en especial a los de los municipios que actualmente mantienen un paro indefinido por los altos avalúos catastrales, sobre la posibilidad de destitución si no controlan los bloqueos, se multiplicaron las críticas.

De hecho, en la mañana del martes 14 de abril, uno de los primeros en hablar del tema fue el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que a través de su cuenta de X, le envió un duro mensaje al jefe de Estado.

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En su pronunciamiento, el mandatario departamental sacó a relucir la presunta incongruencia en las decisiones del presidente, especialmente, después de los recientes hechos que han generado crítica al Gobierno nacional, como el caso de la polémica parranda vallenata contratada por líderes de bandas criminales en la cárcel de Itagüí.

Según Rendón, mientras el jefe de Estado amenaza a los alcaldes de los municipios afectados por bloqueos, ha mantenido una postura de inacción frente a los hechos de violencia generados por grupos armados, además de los beneficios otorgados a los líderes de bandas criminales a los que les otorgó el título de negociadores.

“Todo bravucón esconde una cobardía que lo define. Tan bravito amenazando a los Alcaldes, pero tan blandengue que es con los bandidos”, señaló el gobernador de Antioquia en su cuenta de X.

La respuesta de Rendón se da después de que el presidente Petro respondiera a la Federación Nacional de Departamentos (FND) tras mostrar su apoyo a los alcaldes ante posibles destituciones a mandatarios locales que no intervengan frente a los bloqueos derivados del paro por avalúos catastrales.

La FND, que representa a los 32 departamentos del país, destacó en un comunicado la importancia de proteger la autonomía territorial. De acuerdo con su declaración, los alcaldes son elegidos por voto popular, por lo que no existe subordinación directa frente al Ejecutivo nacional.

Esta posición fue acompañada de un llamado a que cualquier coordinación con el Gobierno central se realice en el marco de la legalidad y sin afectar la legitimidad democrática de las autoridades locales.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X, defendiendo que la Constitución Política de 1991 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos permiten la destitución de alcaldes siempre que se cumplan los procedimientos legales y se invoque el estado de conmoción interior. Petro precisó que, bajo estas condiciones, el presidente tiene la facultad de ordenar la remoción, especialmente si existen delitos relacionados con el orden público.

El mandatario señaló que el orden público es una causa constitucional para la destitución de autoridades locales. Añadió que la Convención Americana sobre Derechos Humanos también permite esta medida cuando se trata de garantizar derechos civiles y políticos, aunque insistió en que todo debe realizarse conforme a la ley y los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Con relación al paro por avalúos catastrales y el aumento del impuesto predial, Gustavo Petro responsabilizó a los alcaldes y concejos municipales. Sostuvo que la solución para evitar incrementos desproporcionados en los tributos recae en las autoridades locales, quienes pueden modificar la tasa a través de acuerdos municipales.

“Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora; no se necesita más y se hace en 15 días”, afirmó el presidente.

La controversia se originó por el manejo de los avalúos catastrales y el impacto en el impuesto predial, que ha generado protestas en distintas regiones del país. Según Petro, la responsabilidad de ajustar la tasa recae exclusivamente en los municipios, y no en el Gobierno nacional. “Cada vez que le dicen a un campesino que debe ser el gobierno nacional, es el alcalde y el concejo el que baja la tasa; dejen de engañarse”, puntualizó en X.

La FND, por su parte, reiteró la importancia de mantener canales de diálogo con el Gobierno central, pero sin que ello implique la pérdida de autonomía o la intervención directa en la gestión de los recursos locales. El organismo insistió en que los gravámenes relacionados con los avalúos catastrales deben destinarse a servicios esenciales como agua potable, educación y vías rurales.