
El salario mínimo de 2026 en Colombia permanecerá sin cambios luego de la decisión del Consejo de Estado, que confirmó la suspensión provisional del decreto original que estableció el aumento. El alto tribunal ordenó al Gobierno de Gustavo Petro expedir un decreto transitorio que mantiene las cifras vigentes, mientras continúa el proceso judicial que determinará la legalidad definitiva de la medida.
En este momento, el salario mínimo fijado para 2026 en Colombia es de $2.000.000 (con auxilio de transporte), luego del aumento del 23,7% que hizo el Gobierno bajo el concepto de “salario vital”. Estos valores, establecidos en el decreto transitorio, deben aplicarse en todos los contratos laborales mientras la justicia define si serán modificados o ratificados.
Qué impide la determinación del Consejo de Estado
La determinación del órgano consultivo, inicialmente adoptada el 12 de febrero, impide que el decreto original produzca efectos mientras se revisa si el Gobierno justificó de manera adecuada el incremento en los términos de la ley. El tribunal remarcó que no impone una cifra ni sustituye la función del Ejecutivo, sino que exige que cualquier aumento cuente con aval técnico y respete los lineamientos legales.
Asimismo, el Consejo de Estado analizó recursos que alegaron extralimitación y falta de coherencia, pero resolvió que la suspensión provisional procede, ya que no anticipa una decisión final ni implica prejuzgamiento. La medida tiene carácter temporal, para asegurar transparencia y cumplimiento de los requisitos legales antes de validar el acto administrativo en forma definitiva.
De igual forma, la solicitud de aclaración fue rechazada, al considerar que las instrucciones ya eran explícitas y no generaban ambigüedad. De este modo, el proceso judicial permanece abierto, las cifras no variaron, y el caso sigue bajo análisis mientras se valoran todos los recursos legales interpuestos.
Cifras vigentes del salario mínimo en Colombia para 2026
Como se recordará, el Gobierno expidió un decreto transitorio en cumplimiento de la orden del Consejo de Estado, en el que aseguró que el salario mínimo para 2026 conserve las cifras inicialmente anunciadas. El decreto estipula un salario básico de $1.750.905 y un auxilio de transporte de $249.095, para un total mensual de $2.000.000 por trabajador.

Dichas cantidades son de aplicación obligatoria en los contratos laborales ordinarios y sirven de referencia para calcular prestaciones, cotizaciones y demás elementos derivados del empleo formal en Colombia. Mientras se mantenga la suspensión del acto administrativo original, estas cifras seguirán vigentes y no podrán modificarse.
Las cifras fijadas en el decreto transitorio constituyen lineamientos claros para empleadores y trabajadores hasta que el tribunal adopte una decisión definitiva, ya sea para modificarlas o ratificarlas. El salario mínimo actual es el único reconocido por la normativa, aunque su justificación y respaldo legal sigan bajo revisión.
Próximos pasos en el proceso judicial y su impacto
Hay que tener en cuenta ahora que, por ley, el trámite judicial acerca del salario mínimo incluye varias etapas pendientes y no tiene una fecha determinada para su conclusión. Primero, el caso pasará a un nuevo magistrado que analizará un recurso presentado por el Gobierno contra la suspensión inicial.
La valoración que haga el magistrado será determinante, ya que puede confirmar o ajustar la medida adoptada por el Consejo de Estado. Después, la Sección Segunda del alto tribunal retomará el expediente para definir si el decreto transitorio cumple con los criterios técnicos y legales exigidos.

Después, en una siguiente fase, se estudiará de fondo la validez del Decreto 1469 de 2025. Allí se revisarán todas las demandas y argumentos expuestos, así como el soporte técnico presentado por las partes, lo que podría prolongar el caso hasta obtener una sentencia definitiva.
Mientras tanto, el salario mínimo y sus valores asociados estarán sujetos a la medida temporal, bajo supervisión de los jueces y hasta que se resuelvan los recursos en curso. La secuencia busca que cualquier cambio posterior esté fundamentado en parámetros legales y de transparencia institucional.
Implicaciones para trabajadores y empleadores
El avance del proceso judicial implica que, por ahora, trabajadores y empleadores deben atenerse a las cifras fijadas por el decreto transitorio sin hacer ajustes adicionales en nóminas, cálculos de prestaciones u otros pagos. El entorno legal otorga certeza en los valores vigentes, previniendo disputas o interpretaciones erróneas que puedan afectar la estabilidad laboral.
La validez jurídica completa del salario mínimo depende todavía del fallo final del Consejo de Estado. Es posible que, si el tribunal determina que el proceso original no cumplió con todos los requisitos legales, haya que efectuar un nuevo ajuste en el futuro.
Así, tanto el salario básico como el auxilio de transporte fijados por el decreto seguirán siendo exigibles para empleadores y garantizarán el pago adecuado a los trabajadores, al menos mientras subsista la revisión judicial.
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