Estudio reveló que la pobreza en Colombia aumenta en un 50% el riesgo de trastornos mentales

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, una investigación titulada La pobreza como determinante de la salud mental en Colombia: políticas gubernamentales y perspectivas, publicada en Revista Médica de la Universidad de La Sabana, indica que la pobreza multidimensional afecta la salud mental de los colombianos de manera directa y profunda.

Según el estudio, las personas en situación de pobreza tienen un 50% de riesgo mayor de presentar trastornos mentales en comparación con aquellas que no se encuentran en esta condición.

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El estudio define la pobreza multidimensional como un déficit en al menos dos de las cinco dimensiones consideradas esenciales para una vida digna: vivienda, servicios básicos, educación, empleo y salud. Entre los factores que agravan este riesgo se incluyen el desplazamiento interno, la pertenencia a comunidades indígenas, la violencia crónica y el impacto que dejó la pandemia por covid-19.

Cifras recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indican que para 2024, la pobreza multidimensional en Colombia afectaba al 24,4% de la población en los municipios PDET, 0,7 puntos porcentuales más que en 2023. En áreas rurales, la tasa de pobreza alcanzaba el 12,9%, lo que equivale al 23,7% de la población de estas zonas, según reporta el organismo estadístico.

“A nivel mundial, se estima que la mayoría (90%) de los 1.200 millones de adolescentes viven en países de ingresos bajos y medios, como Colombia, con un tercio de ellos siendo multidimensionalmente pobres”, señala el estudio. Este panorama pone en evidencia cómo los determinantes sociales influyen directamente en la percepción de calidad de vida y bienestar emocional.

Desafíos frente a la salud mental en Colombia

Colombia ha implementado diversas políticas públicas para promover la salud mental. La Ley 1616 de 2013 reconoció la salud mental como un derecho fundamental, mientras que la Ley 2481 de 2020 amplió la cobertura de psicoterapia ambulatoria hasta 30 sesiones por año. Más recientemente, la Ley 2460 de 2025 busca garantizar atención psicológica sin remisión médica, apertura de oportunidades laborales para psicólogos, expansión de cupos de especialización en psiquiatría y acceso a medicamentos.

A pesar de estos avances normativos, el estudio resalta que la implementación de estas aún enfrenta desafíos, principalmente por la falta de coordinación, recursos limitados y escasa participación comunitaria: “El problema no está en el agendamiento ni en la formulación, sino en la implementación. Cuando una política se lleva a un entorno real, hay resistencia, hay desconocimiento. Hoy no hay recursos económicos, entonces, para que esa política permee y haga parte de la cotidianidad de los colombianos, es un reto”, indica Erwin Hernández, PhD en Investigación Clínica y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.

Los hallazgos del estudio también muestran que la población considera que la salud mental depende de ellos mismos (57,1%), aunque esta percepción refleja la limitada cobertura y efectividad de las acciones de salud pública, especialmente en educación y prevención. Esto evidencia la necesidad de diseñar estrategias que consideren los determinantes sociales y fortalezcan los entornos protectores en las zonas más vulnerables del país.

Intervenciones psicosociales y estrategias de autorregulación

Frente a esta situación, el estudio resalta diversas intervenciones psicosociales y de autorregulación que buscan reducir el impacto de la pobreza sobre la salud mental. Estas estrategias no solo tratan síntomas, también previenen trastornos a través del fortalecimiento emocional, la reconstrucción de vínculos sociales y el aumento de la percepción de control personal.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

• Proyecto ALIVE (Improving adolescent mental health by reducing the impact of poverty): dirigido a adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, enseña herramientas de autorregulación para prevenir depresión y ansiedad.
• Programa nacional Semillas de Apego: enfocado en la primera infancia y en niños y niñas afectados por conflicto armado, desplazamiento forzado y pobreza, aplicando intervenciones en cuidadores y entornos familiares.
• Proyecto internacional CHANCES-6: estudia la relación entre apoyos monetarios y salud mental en América Latina, buscando fortalecer habilidades personales y reducir la incidencia de trastornos mentales.
• Sistema general de pensiones en Colombia: proporciona estabilidad económica mínima a adultos mayores, abordando factores financieros que afectan la salud mental.

“Lo importante es que la intervención esté dirigida a tratar de encontrar cuáles son los factores positivos o protectores que pueda tener una población en particular y la posibilidad de redireccionar, de pensar de manera diferente las adversidades que se puedan presentar a raíz de un solo determinante que puede ser la pobreza, como lo son las relaciones interpersonales, la violencia, si hay desplazamientos, etc. Entonces en ese caso la intervención tendría que hacerse con diagnóstico inicial de lo que está pasando en esa población en particular y luego la intervención para poder ver los resultados”, señala Yahira Guzmán, psiquiatra y directora de profesores e investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.

El estudio enfatiza que estas intervenciones incluyen componentes educativos, económicos y afectivos, y buscan empoderar a la población vulnerable para afrontar adversidades sin que la pobreza determine completamente su salud mental.