Denuncias de Angie Rodríguez motivaron una solicitud de recusación contra Petro y aplicación de sanciones: “Se compromete la objetividad”

En medio de las denuncias realizadas por la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, la Fundación Dilo Colombia presentó un derecho de petición en el que solicita la intervención inmediata de distintas entidades del Estado, así como la recusación del presidente de la República, Gustavo Petro, para garantizar la imparcialidad en los procedimientos que puedan derivarse de los hechos expuestos.

La actual directora del Fondo de Adaptación denunció públicamente a varios funcionarios del Gobierno por presuntos actos de corrupción y abuso de poder. Según su testimonio, algunos servidores públicos habrían utilizado sus cargos para obtener beneficios personales y favorecer intereses particulares.

Por lo anterior, la fundación Dilo Colombia envió la petición a la Comisión Nacional de Moralización y a entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, plantea que las declaraciones públicas de la funcionaria configuran un escenario que, según la organización, requiere una respuesta institucional articulada.

“Lo que está en juego no es un escándalo aislado, sino la moralidad administrativa”, señala la solicitud radicada, en la que también afirma que las denuncias de Rodríguez, relacionadas además con presuntas extorsiones, presiones indebidas e irregularidades dentro del Estado, constituyen un elemento suficiente para activar mecanismos de control y vigilancia.

Solicitud de intervención institucional

De acuerdo con el texto, la Fundación Dilo Colombia considera que las afirmaciones realizadas por la directora del Fondo Adaptación comprometen directamente la moralidad administrativa y la transparencia en la función pública. En ese sentido, advierte que estas circunstancias generan un “deber reforzado de reacción institucional”.

El documento cita precedentes de la Corte Constitucional, como la Sentencia C-181 de 2002, en la que se establece que la moralidad administrativa es un principio exigible cuya vulneración afecta la legitimidad del Estado. A partir de este criterio, la fundación sostiene que la existencia de denuncias con un “mínimo de verosimilitud” obliga a las autoridades competentes a iniciar actuaciones investigativas.

Asimismo, solicita la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Moralización, con el fin de evaluar los hechos denunciados y adoptar decisiones concretas. La petición incluye la necesidad de dejar constancia expresa de las deliberaciones y de las medidas adoptadas, como parte de un proceso de seguimiento institucional.

Recusación y garantías de imparcialidad

Uno de los puntos centrales del documento es la solicitud de recusación del presidente Gustavo Petro y de otros funcionarios del Ejecutivo que, según la fundación, podrían ver comprometida su objetividad frente a los hechos denunciados.

La organización argumenta que, debido a que los señalamientos involucran el entorno del poder ejecutivo, se configura una circunstancia que puede incidir en la independencia de las decisiones. En este contexto, cita la Sentencia C-1076 de 2002 de la Corte Constitucional, que define la imparcialidad como un elemento esencial del debido proceso.

“Resulta jurídicamente procedente solicitar la recusación del Presidente de la República, Gustavo Petro, así como de los funcionarios del ejecutivo que, por su eventual relación con los hechos denunciados, puedan ver comprometida su objetividad”, indica el documento. La fundación plantea que esta medida debe entenderse como un mecanismo preventivo orientado a asegurar la legitimidad, independencia y transparencia de las actuaciones que se adelanten en torno a las denuncias.

El derecho de petición también solicita la activación de un mecanismo de coordinación interinstitucional entre los órganos de control y las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar investigaciones independientes, técnicas y eficaces.

Entre las medidas propuestas se encuentra la elaboración de un plan de acción con cronograma definido para el seguimiento de los hechos denunciados, así como la adopción de medidas preventivas que eviten la reiteración de conductas contrarias a la moralidad administrativa.

Además, la Fundación Dilo Colombia pide que se emita una declaración institucional que informe a la ciudadanía sobre las actuaciones adelantadas y que reafirme el compromiso del Estado con la transparencia y la rendición de cuentas. “La gravedad de los hechos exige una respuesta institucional oportuna, articulada y coherente con los mandatos constitucionales”, señala el documento, que también advierte que la falta de actuación podría afectar la eficacia de los mecanismos de control.