
El Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) anunciaron la reanudación de sus diálogos de paz, tras una pausa motivada por recientes ataques armados y disputas sobre la erradicación de cultivos de coca.
La mesa reinicia con nuevos compromisos orientados al respeto pleno del Derecho Internacional Humanitario, así como a la reparación temprana de las víctimas en las zonas más afectadas por el conflicto, según informaron las delegaciones mediante un comunicado conjunto firmado el 26 de abril de 2026 en Puerto Asís (Putumayo, sur de Colombia).
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En el cierre del séptimo ciclo de negociaciones, el grupo guerrillero, liderado por José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, reconoció la autoría de los hechos violentos ocurridos el 19 de abril en Ipiales, Nariño, donde tres soldados del Ejército murieron en un ataque con drones, y confirmó su responsabilidad en el uso de minas antipersonal que dejaron heridos a tres niños.

En respuesta, la facción que se desintegro de la Segunda Marquetalia reiteró de forma pública su compromiso de “no planear ni ejecutar acciones ofensivas contra la fuerza pública, incluido el uso de drones”, además de acatar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, compromiso consignado también en el pronunciamiento oficial de la mesa.
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“La CNEB ratifica su compromiso de no planear ni conducir acciones ofensivas en contra de la fuerza pública incluido el uso de los drones, así como su compromiso con la aplicación de Derecho Internacional Humanitario y de respeto a los derechos humanos”, se lee en el documento.
La suspensión de las conversaciones en semanas anteriores había sido provocada por la propuesta del Ejecutivo de que la disidencia aportara recursos para la erradicación de cultivos de coca.

No obstante, el comunicado reciente no esclarece de qué modo fue superada esta tensión, ni detalla si la organización asumirá algún tipo de financiamiento directo en los procesos de sustitución o erradicación de cultivos ilícitos.
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Durante la reunión previa, celebrada el 12 de abril en Nariño, representantes de comunidades y autoridades locales manifestaron su preocupación por la financiación de dichos proyectos.
Acuerdos para la reanudación
La mesa de negociación acordó como prioridad inmediata “acelerar medidas de reparación temprana” para las víctimas del conflicto.
Entre estas acciones sobresale la implementación de la georreferenciación de zonas con artefactos explosivos para facilitar el desminado humanitario, medida que responde a la afectación directa de la población civil, especialmente en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde la reciente escalada de violencia incluyó ataques contra menores de edad y habitantes no combatientes.
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“Las delegaciones acelerarán la implementación de los compromisos adquiridos, contribuyendo con acciones tempranas como la georreferenciación de zonas con sospecha de presencia de artefactos explosivos y con potencialidad para el desminado humanitario”, precisaron.
Del mismo modo, ambas delegaciones condenaron la escalada de violencia contra la población civil, en particular en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, e hicieron un llamado expreso a todos los actores armados para excluir a la población civil del conflicto.
“Hacemos un llamado a los responsables de estos hechos, independiente de donde provengan a acatar el DIH y a dejar por fuera de cualquier confrontación armada a la población civil”, manifestaron.
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El proceso de paz avanza con un calendario ya definido. El octavo ciclo de diálogos ha sido programado para la primera semana de junio de 2026, manteniendo abierta la posibilidad de nuevos acuerdos en torno a aspectos aún pendientes como la financiación de la erradicación de coca y el cumplimiento efectivo de las normas humanitarias por parte de las estructuras armadas bajo mando de Mendoza.
“Se definieron acciones concretas acerca de avances de las zonas de ubicación temporal y capacitación integral, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la subcomisión jurídica y las transformaciones territoriales (...) la Mesa de Diálogos de Paz realizará el ciclo No 8 la primera semana de junio del presente año”, concluyeron.
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Pese a los avances técnicos y al compromiso reiterado por el respeto al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, persisten líneas críticas de negociación cuya resolución será objeto del próximo encuentro de alto nivel.
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