Ministra de Transporte advirtió sobre intentos de Emilio Tapia para acceder a contratos estatales pese a estar condenado por corrupción

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas advirtió que Emilio Tapia, que cumple condena por corrupción, estaría intentando participar en al menos cuatro procesos de contratación estatal a través de consorcios y estructuras empresariales intermediarias, aprovechando vacíos en la normativa vigente que le permiten eludir restricciones legales para empresas sancionadas.

Según lo informado por la jefe de la cartera de Transporte a Caracol Radio, la alerta surgió en el desarrollo de la licitación para el proyecto vial La Llanada–Sotomayor, en la que el director del Instituto Nacional de Vías (Invías) y su equipo jurídico identificaron la presencia indirecta de una empresa vinculada a Tapia que, pese a estar inhabilitada y en liquidación judicial, acreditaba la experiencia necesaria para avanzar en el concurso.

La funcionaria precisó que la revisión técnica y jurídica activada en el proceso de La Llanada–Sotomayor permitió detectar el uso de un consorcio denominado Caminos Estratégicos, integrado por una empresa sancionada previamente por el caso Centros Poblados, cuyo contrato estatal había sido declarado en caducidad y que enfrenta inhabilidades legales.

“Se están presentando a cuatro licitaciones, pero en otras entidades del Estado se pueden estar presentando a otras”, dijo la ministra al medio citado.

La propia funcionaria explicó que esta modalidad para eludir restricciones se sustenta en que la regulación actual sí permite la participación de firmas sancionadas dentro de consorcios, aunque dichas empresas no puedan competir de manera individual.

“Si fuera la que directamente se presentara, la ley no lo dejaría, pero como no es directamente, sino consorciada, la ley lo deja”, detalló Rojas.

Esta brecha normativa, según Rojas, se agrava porque la empresa involucrada en la licitación está además en liquidación judicial, circunstancia por la que necesita autorización expresa del liquidador para cualquier proceso contractual.

Al detectar que la documentación presentada carecía de ese aval, la audiencia de adjudicación fue suspendida y se confirmó la irregularidad. En palabras de la ministra: “El liquidador dice: Esta empresa no puede participar en nada si no tiene autorización (…) y a mí no me habían contado, o sea, estaba presentando unos documentos contrarios a la ley y sin la autorización de quien hoy tiene esa representación”.

La ministra Rojas subrayó que las estrategias detectadas en el caso Tapia podrían repetirse en otras entidades públicas, por lo que se emitió una alerta formal a toda la administración estatal para que inspeccione sus procesos licitatorios y evite la reaparición de estructuras con antecedentes de corrupción en las contrataciones públicas.

Adicionalmente, advirtió sobre el uso frecuente de prácticas similares en las que empresas ganan licitaciones para luego ceder o vender los contratos en vez de ejecutarlos, fenómeno que facilita la circulación de compañías sancionadas dentro de la obra pública nacional.

Limitaciones de la legislación y llamado a reforzar la vigilancia

La ministra María Fernanda Rojas señaló que la ley colombiana carece de herramientas automáticas para bloquear la participación, incluso en consorcios, de empresas con histórico de sanciones y liquidación judicial: “La ley hoy no tiene herramientas para que una empresa con este récord automáticamente (…) no pueda ni siquiera consorciarse”.

Por ello, insistió en la urgencia de mantener y reforzar los controles en la contratación estatal y destacó que la vigilancia debe ser ahora “aún más alerta que hace trece años”.

Con esta alerta institucional, el ministerio busca detener la reincorporación de estructuras empresariales presuntamente vinculadas a involucrados en graves hechos de corrupción, como fue el caso de Centros Poblados.

Los recientes hallazgos en procesos viales prueban la existencia de vacíos normativos que favorecen la persistencia de agentes sancionados en la contratación pública colombiana, según concluyeron las declaraciones dadas por la ministra María Fernanda Rojas.