Paro nacional, protestas y crisis política: el caótico inicio del 2023 en el Perú

El 2022 fue un año que cerró con un estallido social en Perú. Miles de peruanos se habían apoderado de las calles, carreteras, y propiedades privadas y públicas con el fin de que la presidenta Dina Boluarte renuncie a su cargo y se cierre el actual Congreso de la República.

Pero toda esta afrenta social no se fue con ese año, sino que continuó en el 2023. Si bien, durante los primeros días de enero no hubo ninguna protesta; el 4 de enero empezó todo: el gobierno se encontraría de nuevo frente al clamor popular de un sector de la población.

A las consignas del pedido de la renuncia de la mandataria y el cierre del Legislativo, se demandaba la justicia por las 28 personas fallecidas en las manifestaciones de diciembre. Y le siguen de forma reducida la solicitud de una Asamblea Constituyente y la liberación de expresidente e investigado, Pedro Castillo.

Durante los primeros días del nuevo año 2023, la Policía Nacional del Perú (PNP) sorprendió con un llamado público a través de sus redes sociales para realizar la autodenominada “Marcha de la paz”.

Esto como respuesta a las protestas con las que había cerrado el 2022. Pero el 2 de enero decidieron retroceder y eliminar todo rastro de la convocatoria, publicando un comunicado en el que indicaban que la PNP se abstenía de promover la participación activa y organizada de dicha manifestación.

Diversas instituciones públicas y personajes políticos y de derecho constitucional coincidieron en que la propuesta pública por parte de la policía infringía con los estatutos de la Constitución Política del Perú al utilizar una institución pública para promover manifestaciones con tinte político. El ministro del Interior, Víctor Rojas, tuvo que hacer oficial el deslinde de la PNP.

Para el martes 3 de enero, no quedaba rastro de la convocatoria en ninguna de las redes sociales de la policía; sin embargo, un grupo de exoficiales y civiles se hicieron presentes en las calles de Cercado de Lima.

La mañana del miércoles 4 de enero, la mayoría de peruanos, sobre todo en el sur, iniciaron con el “Gran Paro Nacional”, que también denominaron como la “marcha de los Cuatro Suyos”. La tregua con el Ejecutivo por el año nuevo había llegado a su fin.

Andahuaylas (Apurímac), Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua y Puno fueron las ciudades que impulsaron este reinicio de la huelga, mientras se fortalecía el descontento con la ciudad de Lima desde donde diversos grupos de la población los señalaban como terroristas. El planteamiento de separar a la zona macro sur de lo que resta del Perú ya era mencionado por representantes de la huelga.

“Este será un paro indefinido y de no ser atendidos o de no recibir una respuesta del nivel central, empezaremos a trabajar la parte legal para separar a la macro sur del Perú”, dijo Felix Suasaca, presidente del Frente de Defensa Unificado Contra la Contaminación de la Cuenca Coata y el Lago Titicaca.

A Lima, ciento de manifestantes habían llegado de diversas zonas del país, y se congregaron en los alrededores de la plaza San Martín, debido a que la PNP en un inicio evitó el acceso a dicho lugar.

Por la tarde, comenzaron los enfrentamientos en el cruce de la avenida Abancay y Nicolás de Piérola. Bombas lacrimógenas, proyectiles, piedras y palos eran lanzados por ambos bandos. Para las 19:30 horas existía una ligera calma en la zona y el tránsito se iba restableciendo. No obstante, la manifestación continuó, aunque ya era controlada por la PNP. Un periodista de Panamericana que cubría el hecho fue sacado del lugar en medio de pifias.

El norte del país, también se hacía presente con Chiclayo: más de 300 personas iniciaron la marcha desde el parque Obrero. Las banderas en color negro y blanco estaban presentes como señal de duelo.

El bloqueo de carreteras también empezó en este día. Madre de Dios, Junín, Apurímac, Arequipa, Puno y Tacna tenían más de una vía bloqueada.

Para dar una mayor facilidad a la población la Sutrán compartió con la población un mapa interactivo para ver qué vías se encontraban bloqueadas.

Pero esto era solo el inicio de la convocatoria. Al día siguiente, las manifestaciones aumentarían.

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A diferencia del día anterior, el jueves 5 de enero, las protestas iniciaron en varias regiones del Perú desde horas de la madrugada.

El bloqueo de más carreteras estratégicas se hizo presente en Puno, además de la quema del peaje de Ilave en la vía de Puno – Desaguadero. En Arequipa, donde también había bloqueo de carreteras, los militares salieron a las calles. La crisis social y política se intensificaba.

Cusco también acataba la protesta, aunque esta se daba sobre todo en los alrededores de la ciudad (Urubamba, Canchis, Calca, La Convención), al igual que los bloqueos.

Diversos especialistas hicieron hincapié en las pérdidas económicas. En el caso de Puno, hasta el 5 de enero, estas ascendían a S/450 millones por día, según la Cámara de Comercio de Puno.

En Arequipa, estas eran de S/5 millones por día, según el expresidente de la Asociación de Viajes y Turismo de Arequipa, Jorge Valderrama.

Durante este día los gremios agrarios de Ica reportaron que eran amenazados por algunos protestantes, a quienes se les impedía asistir a su lugar de trabajo.

Por su lado, el presidente del Congreso, José Williams instaba a “deponer cualquier medida de violencia en las protestas […] y a apostar por el camino del diálogo”.

El sector agrario y de turismo comenzaban a sentir con mayor fuerza el impacto de las protestas. El pedido por la salida de Dina Boluarte y el Congreso de la República se seguía fortaleciendo.

El parlamentario Jorge Montoya de la bancada de Renovación Popular anunció que había denunciado penalmente al expresidente de Bolivia, Evo Morales, al exgobernador de Junín y al gobernador de Puno por los delitos de Atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria.

El día culminaba con un reporte hecho por el ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien afirmaba que las manifestaciones de este año no tuvieron la intensidad de las de diciembre del 2022 y que la mayor incidencia se dio en Cusco y Puno. Dina Boluarte seguía haciendo sus llamados a la calma y la paz social.

Preocupación en medio del caos. Una vez más, los protagonistas de las protestas era la región del sur. Puno iniciaba el día con la “gran movilización de los aymaras” en el puente internacional.

Esto se daba desde la frontera de Puno con Bolivia, reforzando la hipótesis de que Evo Morales estaba azuzando a la población peruana. Este planteamiento fue hecho por varios congresistas, entre ellos, Tania Ramírez (Fuerza Popular), Jorge Montoya y José Cueto (ambos de Renovación Popular).

En Ica, la situación se ponía cada vez peor. Varios pasajeros afirmaban que se encontraban varados desde el último miércoles en el kilómetro 290. Horas más tarde no tuvieron más opción que realizar caminatas para llegar a su destino. En Tacna, los comerciantes cerraron sus puestos y se unieron a la protesta.

Las empresas de transporte suspendieron la venta de pasajes terrestres hacia Arequipa, Ica, Cusco, Puno y Puerto Maldonado.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunciaba que el abastecimiento del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) había caído en un 19.2% en comparación al último mes. La papa, el tubérculo con mayor presencia y consumo en el país también formaba parte del desabastecimiento de alimentos.

Por su parte, Dina Boluarte anunció un adelanto de fecha para la sesión del Acuerdo Nacional, la cual se dará este lunes 9 de enero donde estarían presentes por primera vez integrantes del Consejo de Estado y los gobernadores regionales con el fin de abordar “temas urgentes para la paz social”.

El mapa de bloqueo de carreteras se actualizaba con frecuencia, pues mientras que algunas vías eran liberadas, otras se iban bloqueando.

Las protestas suscitadas en Puno dejaron varios heridos. Según la Defensoría del Pueblo, la cifra sería de 16 afectados entre ellos 12 civiles y 4 policías. El aeropuerto de Juliaca tuvo que cerrar sus instalaciones debido a la falta de seguridad y a la intención de toma por parte de los manifestantes. A esto se sumó la quema de una tanqueta policial en la ciudad de Juliaca.

En Lima, una vez más, en la esquina del parque Universitario, la protesta llevó al enfrentamiento de los policías y los huelguistas que denunciaron que la PNP había acorralado a las mujeres.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTPE) informó que se reiniciaban los trabajos para las actividades en el aeropuerto de Puno. Para este día, se tenía un reporte más claro de lo acontecido el día anterior. Un total de 22 agentes de la PNP habían resultado heridos en Juliaca, luego de ser atacados con armas artesanales.

La crisis del gobierno de Boluarte se acrecentaba. El Gobierno regional de Puno se sumó públicamente al pedido de adelanto de elecciones para el 2023. Dicha región sumaba su cuarto día de paralización.

Los periodistas no fueron ajenos a los estragos de las protestas. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) hizo una denuncia pública debido a que tres periodistas fueron atacados por la policía con el fin de impedir la cobertura de las protestas.

Uno de ellos, el peruano Aldair Mejía, recibió el impacto de un proyectil en la pierna mientras fotografiaba un enfrentamiento en Juliaca. Recibió amenazas e insultos por capturar los momentos más álgidos de la protesta y le intentaron quitar la credencial de periodista. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) se sumó a la denuncia.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) indicaba, mediante sus redes sociales, la destrucción del interior de una sede ubicada en la Plaza de Armas de Juliaca.

En Cajamarca, los ronderos cerraron las compuertas de la bocatoma chotana, desviando el recurso hídrico al río Marañón, lo cual tendría un impacto en el consumo poblacional, industrial y el agro de la zona que abastece Tinajones (Lambayeque).

Los manifestantes siguen firmes en su solicitud para la salida del cargo de Dina Boluarte y de los congresistas, además de la convocatoria de elecciones para este 2023.

Las diligencias para aclarar las muertes que dejaron las protestas durante el gobierno de la presidenta ya comenzaron por parte del Ministerio Público. El exministro del Interior, César Cervantes, y el actual ministro de Defensa, Alberto Otárola, también forman parte de la denuncia hecha por varios parlamentarios y civiles.

Asimismo, en varios videos muestran cómo algunos efectivos toman acciones distintas a las señaladas públicamente por los ministros, y también se observa el accionar vandálico de algunos protestantes.

Dina Boluarte, quien es la primera presidenta de la historia del Perú, inició el 2023 con una crisis política y social que no parece tener fin, y con manifestantes que piden respuestas inmediatas.

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