Puno acuerda reiniciar huelga el 4 de enero de 2023: dirigentes alistan cierre total de vías y marcha hacia Lima

El Comité Colegiado de Organizaciones Sociales y Populares de Puno, al que están adscritas trece provincias de esta región, acordó retomar la huelga indefinida contra la administración de Dina Boluarte este 4 de enero de 2023.

Según un acuerdo tomado este martes en una asamblea a la que asistieron dirigentes provinciales, la medida implica cierre total de las carreteras y movilizaciones. Asimismo, preparan una marcha hacia Lima para pedir la renuncia de la presidenta.

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Ucayali, Arequipa, Moquegua, Tacna y Cusco, que también integran el corredor minero, secundan esta estrategia y coinciden en llegar a la capital. El lunes, los pueblos aymaras de Ilave, Juli, Pomata, Zepita, Yunguyo, ubicados al sur de Puno, reiniciaron su huelga indefinida, reportó La República.

Las manifestaciones han dejado 27 fallecidos, al menos cinco menores de edad, por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Las más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se cerraron otros cuatro aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Cuzco y Ayacucho).

Ante este panorama, Boluarte declaró un Estado de Emergencia por 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.

Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman “terroristas”.

Boluarte ya adelantó que se mantendrá “firme” en el cargo y exigió al Congreso que acelere la aprobación de un adelanto de las elecciones generales, una demanda que respaldan el 83% de los ciudadanos que podría atenuar la crisis.

Las manifestaciones estallaron luego de que Castillo, un maestro rural de izquierda y de origen humilde, fuera destituido por el parlamento.

El 7 de diciembre, antes de ser sometido a un nuevo juicio político y destituido, intentó cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. El exmandatario justificó su decisión en una obstrucción desde el Congreso para gobernar, además de ser tratado con racismo.

No consiguió respaldo institucional y fue detenido cuando intentaba llegar a la embajada de México para asilarse. La justicia decidió colocarlo en prisión preventiva hasta junio de 2024, para ser investigado por rebelión.

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