Sobrino de ‘Makuko Gallardo’ y exconcursante de ‘Yo soy’ cae por extorsión: exigía S/100.000 a familia en Piura

Mario Bonilla Gallardo (25), sobrino del fallecido cantante de cumbia ‘Makuko Gallardo’, fue detenido durante un operativo policial en la región norteña de Piura, señalado como presunto integrante de la banda criminal ‘Los Injertos del Norte’.

Según información policial, el también exparticipante del programa ‘Yo Soy’ habría enviado amenazas por WhatsApp a una mujer del distrito de Catacaos para exigirle S/100.000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Bonilla Gallardo, quien recientemente participó en los castings del espacio televisivo como imitador del salsero Josimar, fue intervenido en el distrito de Veintiséis de Octubre junto con María Olaya Saavedra (35), otra de las presuntas integrantes de la organización criminal.

Ambos estarían vinculados con los mensajes extorsivos enviados entre el 18 de octubre y el 2 de noviembre. Durante el operativo, los agentes de la Policía Nacional (PNP) incautaron teléfonos celulares, chips telefónicos y tarjetas bancarias, elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar si guardan relación con las actividades ilícitas investigadas.

Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

Recientemente, el Decreto Legislativo 1744, publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, modificó el Código Penal y otras normas para endurecer las sanciones contra la extorsión y los delitos informáticos.

Entre sus principales disposiciones, establece que prestar o ceder una cuenta bancaria, billetera digital o medio de dinero electrónico para recibir pagos extorsivos puede castigarse con la misma pena que corresponde al extorsionador, siempre que se demuestre que la persona conocía esa finalidad o debía presumirla.

La norma también fija penas de entre tres y seis años de prisión para quienes accedan a sistemas mediante contraseñas o códigos de verificación ajenos; agrava hasta en un tercio las sanciones por delitos informáticos cuando se utiliza inteligencia artificial o una persona jurídica, y amplía las facultades policiales para geolocalizar celulares en investigaciones por estos ilícitos.

Además, permite extender hasta 15 días la detención en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro y establece penas de entre 10 y 15 años para los abogados defensores que ingresen o permitan el ingreso de celulares a establecimientos penitenciarios.

Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público registraba 13.892 denuncias por extorsión entre enero y julio, con Lima y Trujillo entre las ciudades con mayor incidencia.

Según el Observatorio de Criminalidad, Lima acumuló 5.635 denuncias durante ese período, mientras que Trujillo, capital de La Libertad, reportó 1.625 casos. En la capital, las denuncias presentadas principalmente por transportistas y comerciantes se distribuyeron entre Lima Este, con 1.806; Lima Sur, con 1.346; Lima Norte, con 1.305; y Lima Centro, con 1.178.