Esposa de José Domingo Pérez trabaja como asesora de JP en el Congreso y percibe S/ 14.700 mensuales

La abogada Vanessa Medina Muñoz, esposa del exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, trabaja como asesora de la bancada de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados, donde percibe una remuneración mensual de S/ 14.700, según registros del portal de Transparencia.

De acuerdo con la información publicada este lunes por el diario Perú21, Medina Muñoz mantiene un vínculo laboral con el grupo parlamentario desde agosto de este año, cuando recibió S/ 9.310 por sus servicios. Actualmente, el monto consignado asciende a S/ 14.700 mensuales.

Consultado por el periódico sobre esta contratación y la posibilidad de que hubiera intercedido para conseguirle el puesto, Pérez, quien ejerce la defensa legal del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), negó haber realizado alguna gestión.

“No. Tiene un currículum muy brillante mi esposa, con varios años en la administración pública (...) Mi esposa no está vinculada a ninguna entidad para poder cumplir la función que cumple ahora”, señaló.

“Primero tiene usted que averiguarse bien sobre la trayectoria profesional de mi esposa. Y, como usted comprenderá, está sobrecalificada para un puesto en el Estado”, añadió.

La declaración jurada de intereses de Medina Muñoz, citada por el diario, consigna que prestó servicios profesionales para otras tres entidades públicas antes de incorporarse a la bancada de Juntos por el Perú, agrupación que llevó como candidato presidencial a Roberto Sánchez.

Uno de sus primeros vínculos fue con el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), donde se desempeñó como consultora entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026.

Ese mismo día comenzó a trabajar en la Unidad Ejecutora N.° 11 del Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde brindó un servicio legal especializado en contrataciones públicas hasta el 9 de marzo.

Cuatro días después, se incorporó a la empresa estatal Activos Mineros S.A.C. para realizar un servicio especializado de verificación y cumplimiento de la aplicación de la Ley General de Contrataciones Públicas, un contrato que se prolongó hasta julio de 2026.

El caso se ha hecho público en medio de la controversia que salpica a la bancada por la contratación de personas vinculadas a establecimiento penitenciario donde Castillo cumple condena por su fallido autogolpe.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que la hija del director de Barbadillo y el hijo de un agente asignado a la custodia del exmandatario trabajan para Juntos por el Perú en el Parlamento, con remuneraciones de S/ 8.300 y S/ 8.000, respectivamente.

A estos casos se suma el de Héctor Sandoval, exdirector de Barbadillo, quien desde octubre se desempeña como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Baja, grupo parlamentario que tiene a su cargo la evaluación de un proyecto de amnistía para el exmandatario.

Las contrataciones también han generado cuestionamientos por los vínculos familiares y laborales de los trabajadores con funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) responsables de la reclusión y seguridad del exjefe de Estado. No obstante, los involucrados han negado que sus familiares hayan intervenido para facilitar su incorporación a la bancada o al Parlamento.

En el caso de Julissa Lucero, hija del director de Barbadillo, la diputada Azucena Isla aseguró que desconocía al funcionario penitenciario y rechazó que Castillo le hubiera proporcionado el nombre de la trabajadora.

Por su parte, Alejandro Hurtado, hijo de un agente asignado a la custodia del exmandatario, confirmó que su padre trabaja en el penal, pero descartó que hubiera actuado como intermediario para conseguirle el puesto.

Ante la revelación, el INPE anunció que removerá al personal implicado y adoptará acciones administrativas y legales.