Gobierno presenta el proyecto de ley que busca sancionar la filtración de información fiscal

La iniciativa busca penalizar entre dos a cuatro años a los fiscales o jueces que brinden información a periodistas en un contexto en el que aparecen declaraciones de colaboradores eficaces contra el presidente Pedro Castillo.

Tras varias semanas, el Gobierno presentó hoy ante el Congreso de la República la propuesta de ley que busca sancionar la filtración de información fiscal reservada sobre investigaciones o procesos a terceros. La iniciativa, que ingresó a la mesa de partes del Parlamento a las 9:25 de la mañana, lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y del primer ministro Aníbal Torres.

En el documento se indica que se busca modificar el artículo 409 del Código Penal indicando que “el agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal, que proporcione o difunda información de carácter reservada (...) a personas no legitimadas (...) poniendo en riesgo los fines de la investigación, será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de uno, ni mayor de dos años”.

En el caso de un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo o miembro de la Policía, la pena será de 2 a tres años. Sin embargo, aquí viene lo más peligroso para el ejercicio de los periodistas porque si, directa o indirectamente, difunden información a través de los “medios de comunicación social u otros de difusión masiva, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de dos, ni mayor de cuatro años”.

Proyecto del Gobierno que sanciona la filtración de información.
Proyecto del Gobierno que sanciona la filtración de información.

Como se recuerda, la propuesta fue lanzada el 13 de junio pasado por el ministro de Justicia, Félix Chero, en una entrevista en Canal N. En esa oportunidad, el integrante del Ejecutivo explicó que estas filtraciones afectan el debido proceso, pero descartó que la propuesta vaya a afectar la libertad de expresión. Esto porque los periodistas seguirán teniendo el derecho a no revelar sus fuentes, asociado tanto a un derecho ético como a un derecho fundamental asociado al secreto profesional de la profesión.

Sin embargo, coincidentemente, la preocupación del Gobierno llegaba cuando se divulgara en medios de prensa las declaraciones de colaboradores eficaces como la lobista Karelim López. Lo último que se supo fue la transcripción de un audio entre Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien fue uno de los colaboradores más cercanos del presidente Castillo. Este audio ya haría estado en posesión del Ministerio Público.

Se recoge en la conversación que Villaverde le asegura haber entregado un soborno de S/100,000 a Silva, de parte de la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una de las que, en consorcio, ganó la licitación del puente Tarata por S/232 millones. La autenticidad del audio fue confirmada por el Ministerio Público.

Desde entonces, otros ministros se sumaron a respaldar la idea. “Este proyecto de ley no incluye a los medios de comunicación. Que un medio de comunicación obtenga una información y la pueda difundir porque considera que es parte del interés público, es talento y es trabajo del periodista, el periodista no tiene acá nada que ver. La libertad de expresión se va a respetar siempre en este Gobierno”, dijo Alejandro Salas, ministro de Cultura.

RECHAZO

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, mostró su rechazo al intento de criminalización que se impulsa a partir del proyecto presentado por Aníbal Torres. Barrios señaló que ya existe una norma que sanciona al fiscal o juez que revele esta clase de información reservada.

“La postura nuestra es que consideramos que, en primer lugar, es inadecuado, porque ya hay una sanción. Y lo segundo es que consideramos que tras este proyecto hay un propósito subalterno, porque hay que reconocer el trabajo importante que históricamente ha realizado la prensa para develar serios actos de corrupción”, señaló.

Lo cierto es que gremios de prensa como el Instituto de Prensa y Sociedad, el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas del Perú y la Federación Nacional de Periodistas han rechazado esta propuesta del Gobierno que atenta contra la libertad de información. De igual manera, la Defensoría del Pueblo se ha unido a la protesta.

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