MTC señaló que no cubrirá los gastos de defensa legal solicitados por el prófugo Juan Silva

El extitular de Transportes y Comunicaciones solicitó S/ 350,000 para afrontar las investigaciones en su contra.

Juan Silva solicitó que el MTC cubra los gastos de 36 meses de asesoría legal.
Juan Silva solicitó que el MTC cubra los gastos de 36 meses de asesoría legal.

Luego de que las declaraciones de Karelim López involucraran al exministro Juan Silva en una organización criminal que operaba desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tuvo que enfrentar una investigación a cargo del Ministerio Público. A fin de cubrir los gastos de su defensa legal, este solicitó S/ 350,000 a la institución que alguna vez lideró, pero esta le ha negado el pedido.

El abogado de Juan Silva, Alfredo Yalán, señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones negó el pedido “por formalidades” y señaló que presentará un nuevo recurso a fin de conseguir el dinero que cubrirían 36 meses de asesoramiento legal. El pedido fue motivado por la existencia del artículo 35 de la ley 30057, conocida como Ley de Servicio Civil.

La norma señala que todo funcionario y exfuncionario del Estado tiene derecho a “contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín con cargo a los recursos de la entidad para su defensa” en procesos por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el ministro del Interior, Juan Silva está siendo buscado en 124 países. Foto: Andina
De acuerdo con el ministro del Interior, Juan Silva está siendo buscado en 124 países. Foto: Andina

Lo que se ha detectado es que no se ha indicado ordenadamente los procesos en giro. Eso hay que ordenarlos adecuadamente y volverlo (la solicitud) a ingresar”, dijo Yalán al diario La República. Sin embargo, señaló que no ha tenido comunicación con su cliente desde ha una semana cuando se dio a conocer que el Juzgado de Investigación Preparatoria dictó una orden de detención preliminar contra su cliente.

EXMINISTRO PRÓFUGO

La Policía Nacional del Perú informó que el exministro Juan Silva no ha podido ser ubicado desde el 27 de mayo, fecha en que el Ministerio Público solicitó que se videovigilancia a quien fuera hombre cercano del presidente Pedro Castillo. Desde entonces, la Superintendencia de Migraciones ha venido informando sobre la situación migratoria del exministro.

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que hasta las 11:00 a.m. del martes 20 de junio el exministro de Transportes, Juan Silva Villegas no tiene registro de salida del país. A través de su cuenta de Twitter, precisó que el investigado por los delitos contra la administración pública, en la modalidad de colusión y organización criminal no ha salido del territorio peruano por ninguno de los puestos de control migratorio o fronterizo a su cargo.

El exministro Juan Silva se encuentra prófugo de la justicia. Foto: Andina
El exministro Juan Silva se encuentra prófugo de la justicia. Foto: Andina

Como se recuerda, el pasado 4 de junio, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar, ubicación y captura de Juan Silva Villegas. El exministro de Transportes es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en 194 países, según anunció el ministro del Interior, Dimitri Senmache el pasado 12 de junio.

Senmache también señaló que la imposibilidad de ubicar a Silva se debió a una “desconfianza” entre el Ministerio Público y su sector al momento de compartir la información. El ministro consideró que la relación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional puede mejorar y calificó como un “error” la fuga de Juan Silva.

Siento algunas veces que estos errores que hay es por una desconfianza de las instituciones, de quien tiene la información y cómo la comparte. Desde acá me permito pedirle al fiscal de la Nación una reunión para ver cómo podemos mejorar esa relación”, dijo.

Se recuerda que Silva está siendo actualmente investigado por la Fiscalía de la Nación y se le han atribuido los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, en agravio del Estado.

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