Congresistas presentan quinto proyecto de ley a favor de universidades no licenciadas

En cuatro meses de gestión desde que asumió la nueva legislatura, parlamentarios de Perú Libre, Renovación Popular y Acción Popular ya han presentado cinco proyectos de ley para darle una segunda oportunidad a las 48 universidades privadas no licenciadas. El martes último se propuso el más reciente. Si bien ya hay antecedentes de legisladores opositores a la reforma universitaria, existen varias coincidencias entre algunas bancadas al momento de elaborar estas iniciativas.

De la lista de proyectos presentados, cuatro buscan darle un “auxilio temporal” o un “plazo de emergencia” a nueve universidades sin fines de lucro (asociativas) denegadas; mientras que una quinta -del presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina- pretende incluir a 39 instituciones con fines de lucro, como Telesup y Alas Peruanas.

Óscar Zea legislador de Perú Libre, presentó una iniciativa, quien fija como plazo el 31 de diciembre del 2021 para que las universidades asociativas puedan acceder al salvataje, siempre y cuando tengan su plan de cese de actividades aprobado por la Sunedu.

Zea también plantea que el Ministerio de Educación (Minedu) conforme una comisión técnica que cumpla funciones de seguimiento, supervisión y emisión de propuestas para lograr, esta vez, su licenciamiento.

El argumento de Zea es el mismo que han dado Darwin Espinoza (Acción Popular), Wilson Quispe (Perú Libre) y Edgar Tello (Perú Libre), quienes han presentado las tres iniciativas restantes. “El Minedu debe apoyar a las universidades asociativas como lo está haciendo con las universidades públicas no licenciadas, y porque hay estudiantes afectados”, coinciden.

UNIVERSIDADES ASOCIADAS

Según la Sunedu, las universidades asociativas que se verían beneficiadas son la Inca Garcilaso de la Vega; la de Chiclayo; la José Carlos Mariátegui; la San Pedro; así como la Peruana del Centro; la Privada de Trujillo; la Católica Los Ángeles de Chimbote; la Científica del Perú; y la Andina Néstor Cáceres Velásquez, en Puno.

Hace unos días, los rectores de estas casas de estudio fueron invitados al Congreso, donde cuestionaron a la Sunedu. Esta afinidad no es una coincidencia. Los autores de las iniciativas han sido alumnos de algunas de estas universidades; lo que los hace jueces y parte.

Por ejemplo, Wilson Quispe, Esdras Medina y Óscar Zea estudiaron en la Néstor Cáceres Velásquez (los dos últimos una maestría); en tanto, Edgar Tello es abogado por la Garcilaso de la Vega, la cual pasa hoy por un proceso de liquidación tras la cuestionada gestión del exrector Luis Cervantes Liñán.

¿CAOS?

El jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, consideró que estos proyectos de ley buscan generar desorden en el proceso de cierre que deben cumplir las 48 universidades privadas y las tres públicas. “Están redundando en solicitudes. Sí pueden volver a presentarse al licenciamiento, pero antes tienen que cumplir con su cese de actividades, cuyo plazo -dicho sea de paso- hemos ampliado por tres años más”.

Zegarra lamentó la posición de algunos congresistas porque se percibe que hay intereses de por medio en sus decisiones.

DOCENTES SIN MAESTRÍA

Por otra parte, el rector mencionó que cerca del 15 % de profesores universitarios carece de maestría o doctorado, requisito fundamental para ejercer la docencia en el país.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1496, el próximo mes vence el plazo para que los docentes se adecuen a esta norma, pero consideró que esto podría convertirse en un problema tanto para la comunidad estudiantil como para las universidades, porque tendrán que prescindir de profesores principales que hoy se encuentran enseñando.

El día de ayer, el ministro de Salud, Hernando Cevallos y el ministro de Educación, Carlos Gallardo, se reunieron con los rectores de las universidades públicas y privadas a fin de crear las condiciones más favorables para que el retorno de los estudiantes a las aulas universitarias sea lo menos riesgoso posible.

INICIATIVA

Jorge Montoya, congresista del partido Renovación Popular, presentó un proyecto de ley para exigir que los miembros de la Sunedu tengan 10 años de “experiencia en cargos administrativos en universidades”, es decir, que hayan sido exrectores. Su colega Esdras Medina busca convertir a la Sunedu en una nueva ANR.

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