Congreso guarda un minuto de silencio por el año del fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado

El pedido fue hecho por la legisladora Isabel Cortez, quien indicó que el homenaje era también para quienes resultaron heridos durante las marchas del 14 noviembre del año pasado.

Fotografía de archivo de una joven (d) mientras lleva un cartel con los dibujos de los rostros de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos en las movilizaciones de protesta ante la crisis política del año pasado en Perú, durante una movilización de organizaciones sociales y familiares que reclaman justicia en el caso en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Fotografía de archivo de una joven (d) mientras lleva un cartel con los dibujos de los rostros de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos en las movilizaciones de protesta ante la crisis política del año pasado en Perú, durante una movilización de organizaciones sociales y familiares que reclaman justicia en el caso en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Este viernes, el Congreso de la República guardo un minuto de silencio por el primer año del fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes perdieron la vida en las protestas ciudadanas de noviembre del año pasado contra el gobierno de Manuel Merino.

Isabel Cortez, legisladora de Juntos por el Perú indicó que este minuto de silencio era en memoria de los mencionados jóvenes y de quienes resultaron heridos en la manifestación.

“El día de hoy quiero pedir un minuto de silencio por el primero año del fallecimiento de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado que fueron muertos cerca de este Congreso, y eso por eso pido un minuto de silencio. Este 14 de noviembre se cumple un año sin obtener justicia, al igual que los que fueron heridos en esa fecha”, refirió.

Las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado sucedieron durante la noche del 14 de noviembre del 2020, en el marco de las protestas realizadas por la población como reacción a la vacancia del presidente Martín Vizcarra y la investidura de Manuel Merino como presidente.

La marcha fue convocada para el 14 de noviembre del 2020. La congregación se realizó nuevamente en la Plaza San Martín. La marcha también se desarrolló en diversas regiones del país. A partir de las 19:00 horas, la Policía Nacional del Perú intentó dispersar a los manifestantes que buscaban llegar al Congreso de la República.

Por este caso, el 15 de noviembre del 2020, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en contra de los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado y quienes hubieran resultado afectados, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos, el caso está a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos.

FISCALÍA DENUNCIA PENALMENTE A LOS RESPONSABLES

La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de Derechos Humanos, a cargo de la fiscal Jhousy Aburto Garavito, ha formalizado hoy, miércoles 6 de octubre, una denuncia penal contra 11 altos oficiales de la Policía Nacional (PNP) por los presuntos delitos de homicidio agravado y otros, en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Se recuerda que Sotelo y Pintado fueron los jóvenes que fallecieron durante las protestas de noviembre de 2020, en el centro de Lima.

MENCIONADOS EN LA DENUNCIA

Los comprendidos en la investigación son el teniente general Jorge Lam Almonte, el general Jorge Cayas Medina, los coroneles Percy Tenorio Gamonal y Carlos Vicente Villafuerte, los comandantes Charles Apaza Pilares, Giulianno Arguedas Pérez y Víctor Oliva Angulo; además de los mayores José Solari Chillcce y Juan Chenet del Pozo, y el capitán Mario García Chávez.

Todos serán investigados por los presuntos delitos contra la vida el cuerpo y la salud (en la modalidad de asesinato con alevosía), lesiones graves y leves, y contra la administración pública (en la modalidad de abuso de autoridad).

Por otro lado, al teniente general Jorge Lam Almonte, en su calidad de comandante general y sub comandante general de la PNP, se le imputa ser el autor mediato, en dominio de organización. Así, se le asocia la presunta comisión de los delitos de asesinato con alevosía en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado; lesiones graves y leves contra de 80 manifestantes, y contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad. Todo esto porque habría sido quien emitió y ordenó las operaciones policiales en las protestas de noviembre.

Al general Jorge Luis Cayas Medina, en su rol de jefe de la Región Policial Lima, y otros oficiales, se les sindica como coautores de los mismos delitos. Esto porque serían quienes ejecutaron la represión policial y distribuyeron los roles específicos con sus subordinados.

“Estamos ante un patrón de comportamiento que obedeció a una orden emanada de la alta superioridad policial, que involucraría directamente a los altos mandos de la Policía Nacional (…) La información recabada da cuenta de que las máximas autoridades del gobierno de turno no solo habrían tenido conocimiento de los hechos, sino que, además, habrían tenido reuniones con los altos mandos de la policía”, se lee en la denuncia.

DENUNCIA CONTRA MERINO, ÁNTERO FLORES-ARÁOZ Y GASTÓN RODRÍGUES

El pasado 4 de octubre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Manuel Merino, presidente por cinco días; el extitular del gabinete ministerial, Ántero Flores-Aráoz, y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones de noviembre del año pasado que obligó a la renuncia de Merino.

El despacho de la fiscal Zoraida Ávalos imputa a Merino y sus exministros, la presunta comisión, en la modalidad de omisión impropia, de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual.

En la denuncia presentada ante el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación señala que Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez incumplieron con su deber constitucional de proteger la vida y la integridad física de los participantes en las movilizaciones mencionadas.

Asimismo, se considera que no adoptaron medidas para controlar el uso de la fuerza policial, que terminó siendo desproporcionada. Dicha omisión se dio, según la Fiscalía, pese a contarse con información oficial referida a la intensificación de esas acciones.

En ese sentido, se indica que los denunciados habrían actuado con dolo eventual, pues desde que asumieron sus cargos conocían las manifestaciones sociales, ya que estas eran reportadas por los medios de comunicación.

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